El abogado y constitucionalista Marcelo Duarte mencionó que el exministro de Justicia Édgar Olmedo y el actual titular de la institución, Daniel Benítez, deben ser procesados por ocultar información respecto al supuesto paradero del exvicepresidente de la República Óscar Denis, secuestrado hace dos años por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
“Esto parece surrealista, es inevitable accionar desde el punto de vista del proceso penal. Deben ser procesados, cuál es el tipo penal y la gravedad de su participación deberá determinar el fiscal, pero el ocultamiento de esa información en el ámbito de un secuestro y probable asesinato es gravísimo. ¿Por qué uno guardaría información de esta naturaleza cuando acá lo lógico es que la información debe ser verificada?”, sostuvo.
Las declaraciones de Duarte surgen tras la denuncia realizada por la excoordinadora penitenciaria Ana Dina Coronel, quien argumentó que ambas autoridades del Poder Ejecutivo manejaban hace meses la información sobre el posible lugar donde fueron sepultados los restos del político liberal, el cual sería una comunidad indígena ubicada en el departamento de Amambay.
“Esta gente está vinculada directamente con la responsabilidad de la custodia de la seguridad de las personas dentro del Estado paraguayo. Ellos tuvieron que ir a ver, no porque sea un exvicepresidente, hubiese sido lo mismo si fuese un ciudadano común y corriente que merece el trato de ser recuperado sus restos, velados y enterrado por su familia”, dijo en una entrevista con el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.
Modus operandi
El abogado no descartó que existan más autoridades del Ejecutivo implicadas en el ocultamiento de datos sobre el paradero de Denis, teniendo en cuenta que la negligencia fue finalmente expuesta por una exfuncionaria penitenciara tras varios meses de haber accedido a la información proporcionada por una reclusa.
“Van saltando otras noticias que alarman, parece ser que este no es un hecho aislado, sino que tiene conexión con un modus operandi, por eso es que se puede prolongar tanto tiempo sin que existan consecuencias visibles y eso requiere una red que haga posible este episodio lamentable, porque si fuesen solo dos personas nada más se hubiese descubierto tiempo atrás”, expresó.
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“Se apartaron de todas las reglas escritas y no escritas”
Por otra parte, Duarte se refirió al privilegio que concedió el gobierno del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, al EPP en ceder a la solicitud realizada por una de las principales cabecillas del grupo criminal, Carmen Villalba, que consistió en despedir en su lugar de reclusión en la penitenciaría de Buen Pastor a su hermano Osvaldo Villalba, abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) durante un enfrentamiento en la zona Cerro Guazú, departamento de Amambay.
“El Gobierno se apartó de todas las reglas escritas y no escritas que rigen en el derecho, se pasaron por alto la Constitución, los códigos que rigen la materia, el penal, el procesal penal, toda la legislación del sistema penitenciario. Es absolutamente inadmisible la actuación del Gobierno”, manifestó.
Finalmente, el abogado mencionó que el Gobierno otorgó a Osvaldo Villalba el trato brindado a una autoridad y dignatario al trasladar sus restos a una institución pública. Agregó que la situación terminó también por evidenciar el poder que ejerce Carmen Villalba sobre las autoridades.
“Esta persona de haber estado viva, hubiese estado presa. Lo que se hizo fue técnicamente un acto de gran connotación política negativa, porque es un terrorista. Se le dio un tratamiento de autoridad y dignatario, pero a estos se le traslada a los lugares insignia de la patria como el Panteón de los Héroes o una plaza pública donde se le hace un acto de homenaje, pero a este criminal abatido en un acto de combate se lo llevó por exigencia de su hermana y cómplice en el penal de mujeres donde esta mujer tiene una influencia más grande que la propia directora del penal”, dijo.