El analista de seguridad Jorge Rolón Luna mencionó que el gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al intentar apagar el incendio dentro del sistema de Justicia avasalló la posición de garante que tiene el Estado hacia las personas privadas de libertad, consistentes en garantizar su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral.
Al respecto, el abogado se refirió a la maniobra mediática del Poder Ejecutivo en exponer a Zunilda Jara Larrea, exintegrante de la organización criminal Agrupación Campesina Armada (ACA), para desmentir la denuncia realizada días atrás por la excoordinadora penitenciaria Ana Dina Coronel, específicamente contra el exministro de Justicia, Édgar Olmedo y el actual Daniel Benítez.
Coronel argumentó que las autoridades manejaban hace meses la información respecto a un posible paradero del dirigente liberal y exvicepresidente de la República, Óscar Denis, quien estaría sepultado en una comunidad indígena de Amambay, tras ser secuestrado hace dos años por el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
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“No es recomendable exponerlos, hay una responsabilidad del Estado de cuidar estos aspectos de una manera muy especial”, mencionó mediante una entrevista con el noticiero “Info+” emitido por el canal GEN/Nación Media, tras haber sido sindicada Jara Larrea como la informante de Coronel.
Rolón Luna también cuestionó la facilidad en que los medios de comunicación accedieron a entrevistar a Jara Larrea, lo que llama la atención, manifestó. “Esto es como vamos a apagar el incendio, acá sucedieron cosas que se pueden señalar, pusieron en riesgo la integridad física de una persona y terminaron por pasar en alto la posición de garante que tiene el Estado con las personas privadas de libertad”, indicó.