La abogada María Alejandra Peralta, exviceministra de Política Criminal y experta en derechos humanos, cuestionó al sistema de justicia del gobierno tras la denuncia por ocultamiento de información sobre el paradero del exvicepresidente de la República Óscar Denis, secuestrado hace dos años por la banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Se menospreció una información que puede ser importante en el proceso de investigación que llevan adelante los familiares de las víctimas para encontrar a sus seres queridos. No es un juego de niños, acá está en juego la vida de las personas, la búsqueda de tres compatriotas secuestrados y tampoco se puede exponer a terceras personas”, indicó mediante una entrevista con la radio 650 AM.

Las declaraciones de Peralta surgieron tras una entrevista periodística realizada el jueves último a la exintegrante de la organización criminal Agrupación Campesina Armada (ACA) Zunilda Jara Larrea, la cual consistió en una maniobra mediática realizada por el propio gobierno de Mario Abdo Benítez para desviar la atención de la ciudadanía sobre los fuertes escándalos que salpican al Ministerio de Justicia.

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“Las personas recluidas son responsabilidad exclusiva del Estado, que es el garante de velar por su integridad física, por su vida. Al tomar conocimiento las autoridades penitenciarias sobre el hecho (supuesto paradero de Denis), tenían la obligación de entregar la información al Ministerio Público, que es la institución que determinará si los datos eran útiles o no”, cuestionó.

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El Gobierno pretendió colocar en dudas la información que fue proporcionada por la excoordinadora penitenciaria Ana Dina Coronel, quien afirmó que hace meses las autoridades de Justicia manejaban la información sobre el supuesto lugar de entierro de Denis.

“La decisión debe ser tomada por la máxima autoridad”

Por otra parte, criticó la tibieza en la gestión del recientemente designado ministro de Justicia, Daniel Benítez, al permitir la realización de una entrevista televisiva a Jara Larrea, recluida en la Penitenciaría Regional de Concepción.

“Sí existe en el Ministerio de Justicia un protocolo a seguir para las entrevistas a las personas privadas de libertad, estas decisiones deben ser tomadas por la máxima autoridad, es decir, el ministro. Por lo menos en mi época era así, para no exponer a las personas”, puntualizó.

Benítez había argumentado este jueves que no recibió información por parte de las autoridades de la penitenciaría respecto a la autorización para la entrevista periodística a Jara Larrea, responsabilizando a la propia reclusa de acceder a la entrevista.

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