El proyecto de ley para reducir la carga horaria en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales, ya fue presentado por el senador José Oviedo ante la Cámara de Senadores. Existen varias posturas dispares al respecto, unas en contra y otras a favor, como la senadora Esperanza Martínez.

La legisladora sostuvo que ya es el momento de analizar la situación del sistema de trabajo en el país, y adelantó que conversará con su colega, el senador Oviedo para plantear incluir algunos puntos.

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“Hay que reconocer que esta es una tendencia en todas partes, hay varias experiencias que se están haciendo, y como idea comparto con el senador Oviedo, es más, yo quería conversar con él porque hay algunos temas, con otras leyes que tienen que ser tenidas en cuenta para la aplicación posterior”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.

Agregó que se debe implementar una mesa de trabajo para el debate de esta propuesta en el que estén involucrados todos los sectores, desde los empleadores hasta los sectores de trabajadores, para establecer acuerdos previos al tratamiento de la propuesta en el Senado.

“Creo que hay que hacer una mesa de trabajo, tanto con el sector empleador como con los trabajadores y ver las modalidades de aplicación y la factibilidad de aplicación, pero de que estas medidas son efectivas en todas partes del mundo y más todavía en este momento en que la calidad de trabajo en Paraguay es mala y necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores”, apuntó.

Agregó que es necesaria la revisión del sistema de trabajo, teniendo en cuenta que actualmente existe dificultades en el pago del salario mínimo, la seguridad social, la informalidad, y principalmente en la distancia entre el empleo y la residencia de los trabajadores.

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La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).

Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.

La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.

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Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.

El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.

A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.

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El pasado 11 de noviem­bre fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratu­lada: “Rafael Augusto Filiz­zola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”.

El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millo­nes de guaraníes cuando se desempeñaba como minis­tro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.

Tras la lectura del oficio por parte del presidente del Senado, Basilio Núñez, el senador Filizzola pidió a sus colegas a constituirse en Comisión y dictaminar a favor del pedido judicial. Y adelantó que solicitará la extinción de la causa.”Este es un caso que se refiere a mi administración al frente del Ministerio del Interior. Lo que solicito es que los cole­gas permitan que el pleito se convierta en Comisión para poder dar las explicaciones correspondientes”, indicó Filizzola.

El legislador sostiene que el “caso helicópteros” nació como un ataque político de los colorados para manchar su entonces candidatura a la Vicepresidencia de la Repú­blica. Afirmó que la Fiscalía lo acusó con una mentira y cometió numerosas irregu­laridades.

Filizzola agregó que ya se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad sobre el caso. “Yo había planteado una acción de inconstitucionalidad, se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad contra las actuacio­nes en este proceso y la Corte resolvió en forma unánime declarar inconstitucionales y nulas todas las acciones, incluyendo la acusación”, manifestó Filizzola.

De acuerdo a las investigacio­nes, también se habría produ­cido un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.

El exministro del Interior había aprobado la licita­ción para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.

El parlamentario es recordado principalmente por las cau­sas penales que boicoteó durante años mediante chicanas por casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjui­cio de G. 51.200 millones al Estado.

En la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional a precios “de oro”, su defensa querelló a los testigos de la Fiscalía por supuestamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales que lle­varon adelante las investigaciones.

Según el Ministerio Público, la empresa Proibérica fue adjudicada para proveer al ministerio, en noviembre de 2010, 4 helicópteros a pesar de no reunir los requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación.

Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó ayer miér­coles tres pedidos de préstamos internacionales, con un monto total de 410 millones de dólares, para la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande).

El primer pedido solicitado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas consiste en la apro­bación de un proyecto de ley “Que aprueba los contratos de préstamos suscritos en fecha 26 de enero de 2023 entre la Ande con el Banco Interame­ricano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 260 millones de dólares, y el Fondo de Desa­rrollo y Cooperación Interna­cional ( Taiwán ICDF) por un monto de hasta 30 millones de dólares”. Según el objetivo, sería para el financiamiento del pro­yecto “Expansión del sistema de tratamiento en alta ten­sión-Fase II, a cargo de la Ande, ampliando su presupuesto del ejercicio 2024″.

El otro pedido del Poder Eje­cutivo aprobado por los sena­dores es el proyecto de ley “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la Ande con el Banco de Desa­rrollo de América Latina y el Caribe por un monto de 120 millones de dólares”.

El recurso sería para el financia­miento del programa de apoyo al desarrollo del sector eléctrico del Paraguay, a cargo de la Ande y que amplía su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

Previo a su tratamiento en el pleno de la Cámara Alta, el pre­sidente de la Ande, Félix Sosa, defendió ante la Comisión de Hacienda sobre la necesidad de estos recursos. Indicó que ser­virá para el desarrollo del sector energético del país.