“No se puede mejorar el servicio si uno no tiene recursos”, sostuvo el presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, Augusto Salas, tras la decisión de los diputados de aceptar el rechazo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al requerimiento de ampliación presupuestaria solicitada por el Ministerio Público.
“En realidad el más vulnerable es quien sufre esta situación porque el que tiene capacidad económica contratará a abogados, técnicos o peritos, pero existe un porcentaje elevado de personas vulnerables que serán los afectados y no los funcionarios del ministerio, mucho menos los políticos”, mencionó en comunicación con la radio 1020 AM.
El representante del gremio agregó que con el tratamiento del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023, la situación será similar.
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“Esto es un perjuicio tremendo para la Fiscalía, teníamos la esperanza de que los parlamentarios se reafirmaran a favor de la ley de ampliación presupuestaria, la situación de la institución es muy grave, estamos con muchas dificultades estructurales, ya que necesitamos de más funcionarios. Esta situación vamos a cargarla probablemente también en el próximo año. Ellos terminaron por perjudicar a todo un sistema y a la ciudadanía”, lamentó.
Lo que establecía el proyecto
De haberse dado la ampliación de 64.707 millones de guaraníes, los recursos iban a ser utilizados para la creación de 49 nuevas unidades fiscales para el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos económicos, delitos contra la corrupción, contra el narcotráfico, de lucha contra el abuso sexual en niños y niñas.
Además, proyectaba la habilitación de unidades penales en ciudades como Mayor Otaño, Encarnación, San Pedro del Ycuamandyyú, San Lorenzo, Capiatá, Luque, entre otras. Los recursos también iban a ser destinados en gastos de funcionamiento, contratación de médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, peritos y choferes.
El documento también establecía la adquisición de detectores de metales, escáneres, equipos de laboratorio para ADN, microscopio comparador, discos duros para pericia forense, unidades móviles con su respectivo combustible, pago de servicio de energía eléctrica y pago de alquileres en ciudades de todo el país.