• Guayaquil, Ecuador. AFP.

Disputas a muerte y frágiles alianzas. Una explosión de bandas de curiosos nombres componen el nuevo mapa del crimen en Ecuador, un país acorralado por las mafias y ante el desafío de elegir a un presidente capaz de doblegarlas. Los Freddy Krueger provocan pesadillas en las calles, los sofisticados Peaky Blinders se disputan el dominio del golfo de Guayaquil y El Cuartel de la Feas controla las prisiones. Estos se suman a los ya famosos Choneros, Lobos y Tiguerones.

La misma violencia cambia de nombre cada tanto debido a una atomización de los grupos armados y a un cóctel perfecto que allanó el terreno de la guerra: puertos estratégicos para la salida de droga, vecindad con Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína-, una economía dolarizada y entidades corruptas.

Y en el medio, la gente. Una comerciante extorsionada recuerda el día en que explotó una bomba en su restaurante en Guayaquil, capital económica y del crimen del país. “Decían que eran de la mafia, pedían 15.000 dólares para no matarnos”, cuenta a la AFP la mujer que mantiene su identidad bajo reserva.

Los tentáculos de las organizaciones no conocen fronteras. Se engendran en la costa del Pacífico con apoyo de carteles de México y Colombia, así como de la mafia albanesa. Luego cruzan la cordillera andina hasta ciudades como Quito, Ambato o la minera Ponce Enríquez (sur ecuatoriano), según expertos. La seguridad está en el centro de las campañas presidenciales de cara al balotaje del domingo que enfrenta al mandatario Daniel Noboa y la candidata izquierdista Luisa González.

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En enero y febrero Ecuador registró un muerto cada hora, según cifras del ministerio del Interior. Es el inicio de año más sangriento desde que se tiene registros. “La guerra es por territorio. Ya no hay cabezas conocidas como antes, cada quien quiere su independencia”, señala bajo reserva el cabecilla de una agrupación.

Esta fragmentación dificulta el control de las bandas por parte de las autoridades. “Vemos una asociación de pequeños grupos y menos rígidos. Esto ya pasó en la Colombia de los 1990 tras la muerte de Pablo Escobar”, sostiene la experta en seguridad Carla Álvarez.

Las jerarquías empezaron a romperse en 2018, cuando se dividió una de las mayores organizaciones. La muerte en 2020 del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ahondó las pugnas. En Quito, Marianela recibe amenazas e intentos de extorsión por WhatsApp. “Los bloqueo”, dice bajo reserva esta empleada de un restaurante.

La angustia se instaló en el convulso barrio Martha Bucaram de la capital, donde policías y militares suelen realizar operativos en busca de armas y droga. “Acá a la vuelta hubo como dos muertos” durante una balacera, recuerda. Apenas suenan los disparos, los negocios cierran.

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De los 1.300 barrios de Quito, unos 100 son considerados conflictivos. Para las mafias, la ciudad es “un mercado de consumo de drogas, como sucede en diferentes capitales latinoamericanas”, explica Carolina Andrade, secretaria de Seguridad municipal. Quito, enclavada en los Andes, también se percibe “como un espacio seguro para venir a esconderse”, pues no tiene el mismo control policial o militar de la costa.

Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que los grupos tienen ciertas especialidades. El Cuartel de las Feas, por ejemplo, opera en las prisiones con extorsiones y microtráfico. Esta banda desató enfrentamientos entre los reos por la alimentación. El preso que no pagaba la “vacuna” (extorsión), no comía, comenta. Y en el puerto de Guayaquil, los Peaky Blinders, Choneros y Tiguerones chocan por las rutas de la droga, a veces camuflada en contenedores de banano o camarón.

En Quito pequeñas pandillas buscan entrar a “organizaciones más grandes para tener mayor presencia, mayor legitimidad y mayor control” territorial, señala Andrade. En la cima de la pirámide criminal de la capital están los Lobos y Latin Kings. Las mafias “han ido ganando espacio, es complejo combatirlas”, admite el comandante policial de Guayaquil, Pablo Dávila.

“Los ruidos de las balas no nos dejan dormir”, dice una líder de un empobrecido barrio guayaquileño, donde solo en una tarde mataron a 22 personas. El presidente Daniel Noboa aplicó una política de mano dura contra las bandas que logró bajar el índice de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.

Pese a la caída, el centro de estudios Insight Crime sostiene que esta última tasa es la más alta de América Latina y “enmascaró” un año de violencia persistente. “La intervención militar obligó a los grupos criminales a transformarse en lugar de desaparecer”, señaló.

Un documento filtrado, enviado por el exembajador de EE. UU. en Paraguay Marc Ostfield al Departamento de Estado, revela la férrea alianza del diplomático con Mario Abdo Benítez, con el fin de perseguir al expresidente.

Una filtración de un documento enviado por el exembaja­dor de Estados Unidos en Paraguay Marc Ostfield al Departamento de Estado da cuenta de que el diplo­mático tenía una férrea alianza con el presidente Mario Abdo Benítez (2018- 2023). Esta sociedad con­firma la estrecha cerca­nía y colaboración con el gobierno anterior para des­atar una perversa persecu­ción al expresidente Hora­cio Cartes.

A través de los programas “Así son las cosas” y “Arriba hoy”, emitidos por el canal GEN y Universo 970 AM/ Nación Media, se descri­bió el documento que fue filtrado por la organiza­ción Distributed Denial of Secrets, que es una espe­cie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de dis­tintos medios de prensa como Diario de las Améri­cas o el periódico Clarín de la Argentina.

En el citado documento, Ostfield hacía una encen­dida defensa de la cabeza del gobierno anterior, a quien consideraba un “aliado” de la Embajada y del gobierno de Estados Unidos de enton­ces. Tal fue la defensa que el diplomático obvió referirse a las exponenciales ganan­cias de las empresas de Abdo Benítez y las trató como una persecución de parte de los medios vinculados al car­tismo.

En el relatorio filtrado, Ost­field hace referencia al des­prendimiento de las accio­nes de Cartes en Tabacalera del Este (Tabesa) así como la solicitud de esta empresa para operar en el sistema financiero estadounidense.

Ostfield, que abandonó el país luego de ser echado por la administración de Donald Trump, que asumió el 20 de enero, hace alusión a los medios que responden al expresidente Cartes. “Es dueño de canales de televi­sión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al Gobierno de USA y a este embajador. En estos medios hace unas semanas empe­zaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al Gobierno”, señala el informe.

Ostfield elude referirse a que esta información fue divulgada por la Contra­loría General de la Repú­blica, que detalla cómo las empresas del expresidente experimentaron su mayor prosperidad en plena cri­sis sanitaria. Datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) revelan que Aldia SA, una de las empresas de Abdo, pasó de decla­rar utilidades por G. 1.492 millones en 2014 a regis­trar ingresos brutos de G. 408.082 millones y utilida­des de G. 92.647 millones en 2021. De esta denuncia se hicieron eco medios no afines al cartismo.

El parlamentario resaltó que estas filtraciones de documentos enviados por Ostfield solamente reafirman la posición que siempre mantuvo el comando de Honor Colorado y, a la vez, van saltando pruebas de que todo fue una politización y manipulación del exembajador nor­teamericano.

“Repudiamos su accionar y valoramos el cambio de rumbo con su salida. Con esperanza, aguardamos que se haga justicia. Para­guay es libre y se respeta”, remarcó.

Asimismo, Maidana remarcó que esta filtración de documentos del exembajador debería propiciar una investigación a fondo y acelerar todos los procesos investigativos que se están dando al respecto.

“La soberanía no se negocia y la traición tiene consecuencias”. El diputado Gama­rra sostuvo que esto confirma la perse­cución política que por años viene reali­zando al movimiento Honor Colorado.

“Existió una alianza perversa entre el embajador y el expresidente Mario Abdo Benítez para ope­rar políticamente en nuestro país, desatando una persecución abierta contra el expresidente Horacio Cartes. Este informe, publicado por organizaciones como Distributed Denial of Secrets y replicado por medios internacionales, deja al descubierto una injerencia diplomática sin precedentes”, afirmó el legislador. “Esto no es diplomacia, es intervención, es conspiración y es delito. El artículo 143 de nuestra Constitución Nacional prohíbe todo acto o tratado que viole nuestra soberanía”, precisó.

“Este era un embajador que estaba haciendo las cosas por fuera de un marco de restricciones por parte de su propio gobierno”, señaló el periodista Daniel Castropé.

El periodista del Diario Las Américas (Miami), Daniel Castropé, opinó sobre las acciones del exembajador de los Estados Unidos en Para­guay Marc Ostfield, afir­mando que incurrió en una clara injerencia en cuestiones internas, saliendo del marco diplomático al que se debe limitar cumplir.

“Lo que observamos es la clá­sica injerencia de un embaja­dor en los asuntos internos de un país, hablar de corrupción, hablar de falta de transparen­cia, mencionar a una famosa tabacalera, en toda la ges­tión que estaba realizando ese embajador es una acción que se sale de su marco de tra­bajo, de su marco diplomá­tico”, sostuvo en entrevista a la 650 AM.

Las acciones del exembaja­dor de Estados Unidos Marc Ostfield podrían generar la apertura de una investigación por parte de la Oficina Fede­ral de Investigación (FBI) y otras agencias, debido a que es necesario aclarar cuáles fueron las motivaciones del diplomático para realizar una injerencia interna en los asuntos de Paraguay.

“Las autoridades de Esta­dos Unidos, las del FBI, hay otras también que investi­gan este tipo de comporta­mientos, deben intervenir en este caso”, aseveró el perio­dista de “Diario Las Améri­cas” de Miami, quien añadió lo siguiente: “Se debe llegar hasta las últimas para acla­rar qué es lo que ha sucedido, por qué actuó de esa manera buscando ese rol protagónico, a quién quería impresionar, a quién quería ayudar”.

En el mensaje filtrado del exembajador de EE. UU. en Paraguay, Marc Ostfield, se destaca el trato de gran “aliado” que tenía Mario Abdo Benítez y denunciaba cómo el expresidente paraguayo era objeto de una “persecución mediática” por la venta de asfalto. El diplomático pasó por alto las ganancias exponenciales de Marito, además del “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc.

En el mensaje que filtraron varios medios de prensa como Clarín, a través del Distributed Denial of Secrets, Ostfield denunciaba ante el Departamento de Estado a Horacio Cartes y defendía a enérgicamente a Abdo Benítez, de quien señalaban que era una suerte de “perseguido”.

“Es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a este embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.

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Lo que el diplomático obvió en su férrea defensa a “su aliado” es que la denuncia provino de organismos estatales (como la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios). Varios medios en nuestro país se hicieron eco de la misma, pero vale refrescar la memoria a algunos incautos.

La Nación publicaba en septiembre del 2023, en base a documentos del Ministerio de Economía y Finanzas que la distribuidora de asfalto en la que el expresidente tiene el 87,50 % de las acciones registraba exorbitantes ganancias anuales en los tiempos que este ejercía el cargo, comparadas a las utilidades consignadas en las actas de asamblea de los años que se iniciaba como legislador.

Según los documentos, de una utilidad neta de la firma Aldia S.A. que rondaba los G. 1.800 millones al año, que incluso se redujo a G. 1.492 millones en el 2014, se llegó a disparar a G. 92.647 millones en el 2021. Si hacemos la diferencia entre las ganancias netas que obtuvo la empresa del expresidente durante su gobierno y su periodo de senador, hay un incremento de 800 % ya que las utilidades netas del 2013 al 2017 sumaban G. 19.480 millones, mientras que las del 2018 al 2021 ascienden a G. 175.268 millones.

Lo que Ostfield no señala en su encendida defensa del anterior gobernante era por qué estas cifras millonarias no aparecían en su declaración jurada de bienes al dejar la silla presidencial, sino el cobro mensual de dividendos sin especificar y cabe recordar que, ante incompatibilidades constitucionales con la función, el exmandatario puso a su hijo mayor Mario Abdo Díaz Benza como representante legal en la empresa.

Pero el expresidente tiene además otra empresa que se dedica al mismo rubro de la lucrativa venta de asfalto. Las actas de asamblea de la empresa Createc SA, en la que Abdo Benítez tiene el 47,50 % de las acciones, también tuvieron importantes incrementos de ganancias netas anuales, que se dispararon hasta 750 % durante su mandato.

Las millonarias utilidades netas tampoco figuran en su declaración jurada al darse de baja del cargo. Actas evidencian que se aseguraron contratos con grandes constructoras viales y un sugestivo acaparamiento, ya que “se obtuvo un aumento muy significativo en la cartera de clientes”, que en 2019 se incrementaba en un 237 %, mientras su gobierno se jactaba de kilómetros de pavimentos construidos.

De G. 2.377 millones de lucro neto en 2016 fue aumentando exponencialmente hasta marcar diferencias que lle­gan a un aumento ganancial de hasta 750 % en el periodo de pandemia 2021, que fue dorado para su compañía con el monto de G. 22.546 millones. Mientras tanto, la población en general sufría las carencias en salud y la economía afrontaba una fuerte crisis ocasionando la suspensión de actividades de varias empresas y el desem­pleo en general.

En Createc, Abdo Benítez registra el 47,50 % de las acciones y durante los años de su presidencia, específica­mente entre 2018 y 2021, esta empresa registró ganancias netas anuales que suman G. 52.908 millones equivalen­tes a un incremento de 602 % en relación con el lucro acumulado cuando se ini­ciaba en cargos electivos, y que entre 2015 y 2017 llegó a G. 7.529 millones.

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Las empresas Aldia S.A. y Createc están en la mira de Contraloría, de Ingresos Tributarios y de la Fiscalía, por las serias irregularidades detectadas. Se habla de unos USD 44 millones entre el 2018 y el 2023 destinados a reservas operativas. Un informe remitido por la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) a la Fiscalía advierte sobre irregularidades detectadas en un análisis a las empresas Aldia SA y Createc y habla de la necesidad de un control que involucre a Seprelad y al Ministerio Público.

La Contraloría General de la República sostiene que se analizaron las declaraciones juradas de Abdo Benítez al asumir y al salir de la función pública. A partir de ahí, se solicitaron informes a diferentes instituciones y se hicieron las verificaciones.

Lo que llamó la atención fue que las utilidades generadas en el 2018 al 2023, por las empresas donde el expresidente es accionista mayoritario, llevó prácticamente el 90 % de las utilidades a reservas operativas. El 90 % del dinero se destinó a reservas de utilidades. Entre el 2018 y el 2023 suman 44 millones de dólares (329.000 millones de guaraníes).

El senador colorado Derlis Maidana se pronunció a través de sus redes sociales respecto al caso de filtración del documento confidencial enviado por el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, al Departamento de Estado de los EE. UU. En ese documento se confirma cómo el exembajador atropelló la soberanía de la República del Paraguay, aplicando sanciones injustas a los adversarios del gobierno de Mario Abdo.

El parlamentario compartió en sus redes sociales las publicaciones de La Nación/Nación Media que se hizo eco del documento que fue filtrado por la organización Distributed Denial of Secrets, una especie de Wikileaks, y que fue divulgado por distintos medios como Diario de las Américas y el periódico Clarín, de Argentina.

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En comunicación con La Nación, el parlamentario resaltó que estas filtraciones de documentos enviados por Ostfield solamente reafirman la posición que siempre mantuvo el comando de Honor Colorado y a la vez, van saltando pruebas de que todo fue una politización y manipulación del exembajador norteamericano.

“Repudiamos su accionar y valoramos el cambio de rumbo con su salida. Con esperanza, aguardamos que se haga justicia. Paraguay es libre y se respeta” remarcó.

Asimismo, Maidana remarcó que esta filtración de documentos del exembajador debería propiciar una investigación a fondo y acelerar todos los procesos investigativos que se están dando al respecto. “No es bueno el precedente de que un embajador venga a sentar postura y tome bandos políticos y persiga a paraguayos, eso es un terrible atentado a la soberanía nacional, al Estado de Derecho”, remarcó.

Agregó que, desde la Cancillería Nacional, así como se hizo en el caso de las acciones de espionaje que llevó a cabo el gobierno de Brasil durante el mandato de Jair Bolsonaro y en otros casos, también en el caso del exembajador Marc Ostfield, deberá tomar las medidas necesarias para defender la soberanía del Paraguay.

“Valoro mucho la seriedad con que tomó el tema nuestra cancillería y el Gobierno de EE. UU. No es un dato menor la contundencia con la que el presidente Santiago Peña actuó con el exembajador Ostfield y la respuesta positiva y de apoyo que recibió del gobierno de EE. UU. con el cambio y la designación de un nuevo encargado de negocios”, remarcó.

Finalmente, resaltó que todos los paraguayos fueron testigos de la forma “circense” que tomó el exembajador para dar sus anuncios y tomar posturas en cuestiones políticas internas del Paraguay.

“Fuimos testigos todos los paraguayos de la manera inexplicable y circense de cómo el exembajador tomaba como arma política sus atribuciones como representante diplomático y ahora están saltando pruebas de eso. Porque los documentos en que se basó para sancionar a nuestros compatriotas son absolutamente inconsistentes, según lo que se ha visto en esta filtración”, concluyó.

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