La Cámara de Diputados decidió aceptar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto que pretendía ampliar el presupuesto 2022 para el Ministerio Público. Esta propuesta solicitaba un aumento de G. 64.707 millones para la creación de 577 cargos en la Fiscalía General del Estado.
El Senado había sancionado el mencionado proyecto de ley. Al respecto, la senadora Hermelinda Alvarenga explicó la importancia y los alcances de la sancionada propuesta legislativa, afirmando que se debe a la precariedad con la cual trabajan habitualmente los funcionarios de la Fiscalía.
De haberse dado la ampliación, los recursos iban a ser utilizados para la creación de 49 nuevas unidades fiscales para el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos económicos, delitos contra la corrupción, contra el narcotráfico, de lucha contra el abuso sexual en niños y niñas, etc.
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Además, se preveía la habilitación de unidades penales en ciudades como Mayor Otaño, Encarnación, San Pedro del Ycuamandyyú, San Lorenzo, Capiatá, Luque, entre otras.
Los recursos también iban a ser destinados en gastos de funcionamiento y capital, contratación de médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, peritos, choferes, aparte de la adquisición de detectores de metales, escáneres, equipos de laboratorio para ADN, microscopio comparador, discos duros para pericia forense, unidades móviles con su respectivo combustible, pago de servicio de energía eléctrica y pago de alquileres en ciudades de todo el país.
Argumento del Ejecutivo
El pasado 12 de octubre, mediante el Decreto N° 7994, el Poder Ejecutivo realizó un veto total a la intención del aumento presupuestario en el Ministerio Público. Entre los argumentos de Mario Abdo figuraba que “el Ejecutivo tiene que velar sobre todo por el interés general de la población, siendo eso un compromiso que supone resguardar el correcto manejo de los recursos públicos”, entre otras cosas.