La Cámara de Senadores aprobó el pedido de informe a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) referente a los detalles del negociado que se pretende llevar adelante, que consiste en arrendar por US$ 10 millones el espectro de Vox por un plazo de 20 años a una empresa de EEUU. Este hecho fue destapado a través de una publicación de La Nación/Nación Media, que generó reacciones por parte de expertos que apuntaban que este contrato sería perjudicial para el Estado paraguayo, dado que el valor de todo lo que se arrendaría tiene un precio estimado de US$ 400 millones.
Este hecho se convirtió en una irregularidad más registrada bajo la administración de Sante Vallese, presidente de Copaco, quien ya había sido cuestionado por otorgar un contrato millonario, también a través de Vox, al concuñado del presidente de la República, Mario Abdo.
Además, este negociado también es considerado un acto entreguista más de este gobierno, que solo un par de meses atrás fue duramente criticado por haber cedido ante los intereses de Brasil en el último acuerdo de Itaipú en cuanto a la tarifa energética.
El pedido de informe fue presentado por legisladores del Frente Guasu, quienes en el proyecto de solicitud cuestionan que este negocio se haya querido llevar adelante sin una licitación previa y otorgando directamente a la empresa norteamericana Rivada Networks Inc.
“El pedido de informe se realiza para tener información oficial sobre las denuncias recibidas en nuestra bancada de la posible cesión por debajo del precio de mercado y sin licitación del espectro electromagnético de la telefonía Vox a una empresa privada”, expresa el documento.
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En el mismo documento se detallan un total 12 cuestionamientos que deben ser aclarados por Vallese, quien tendrá un plazo de 15 días para responder el pedido de informe. En el primer punto, se solicita que presente un estudio de mercado que indique el valor real del espectro de Hola Paraguay (Vox) en relación con los que manejan otras empresas de telecomunicaciones y además solicitan que adjunte el mencionado análisis.
También solicitan que se aclare si este arrendamiento ya está en curso y por qué se optó por esta medida y no explotar el espectro. Además, piden que se aclare cuál fue el proceso para llegar hasta el oferente y cuáles serían los beneficios que recibirían tanto Copaco como los usuarios de la compañía.
“¿Los valores del eventual arrendamiento, subarrendamiento, alquiler o cesión de uso se condicen con los precios que han tenido las últimas adquisiciones de espectro electromagnético?”, cuestionan en el pedido de informe.
Ante la posibilidad de que detrás de este contrato estén involucrados funcionarios estatales, se solicitan datos sobre la empresa norteamericana. Esto incluye identificar a accionistas, directivos y asociados. En otro punto, se requiere que se especifiquen los plazos de ejecución de contratos y que se aclare si el proceso de arrendamiento también incluye a los recursos humanos de la compañía telefónica.
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