Mediante un comunicado, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) sumó su postura de repudio al hecho ocurrido en el Buen Pastor donde la condenada Carmen Villalba amenazó a las autoridades y logró que el féretro de su hermano, Osvaldo Villalba, líder del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ingrese al reclusorio de mujeres para una despedida.

Por medio de la presidenta de la ADEC, Gloria Ayala Person, se hizo pública la postura de la organización. “Un féretro no ingresa a un penal por error o descuido, ha sido una muestra más de la debilidad institucional que desnuda, por un lado, el poder del crimen organizado y retrata crudamente el motivo de desconfianza de las entidades del Estado”, remarca parte del comunicado.

El documento también destaca que un sistema carcelario dominado por la mafia solo es posible porque la misma es funcional a los poderes fácticos que rigen en el país, además de repudiar la cantidad de destituciones que son utilizadas como elementos distractores. “Guárdense el espectáculo de destituciones. Hemos sido mudos testigos de un poder que estuvo sobre las instituciones y la autoridad establecida legalmente en la República”.

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“Órdenes de líderes del crimen organizado que, a pesar de estar privados de libertad, son obedecidas para burla de la sociedad decente por quienes han sido designados como autoridades que deshacen protocolos de seguridad para displicentemente acatar mandatos recibidos usando a la prensa para burlarse públicamente de aquellos que deberían proteger. Qué admiración o respeto podríamos tener a las autoridades que se convierten en bufones de turno ante el crimen organizado”, dicta otra parte de la postura.

Desde la ADEC también manifestaron la preocupación que existe por la fragilidad institucional del Estado, ya que nuevamente se demostró la improvisación con la cual se maneja el sistema penitenciario en el país. “La preocupación está en quienes obedecen, quienes permiten que estas cosas ocurran y permiten que criminales se conviertan en grupos de presión con influencia creciente”, menciona.

“Ha quedado comprobado que en Paraguay no somos iguales frente a la ley y para las instituciones que debieran protegernos; acaso el Gobierno precisa este grosero coqueteo con el crimen organizado para mantenerse en el poder, quien ordena es claro, la preocupación está en quienes obedecen”, cuestiona el documento.

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