La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Senadores dictaminó a favor de la aprobación del pedido de informe a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco), respecto al intento de arrendamiento del espectro de Vox a la empresa norteamericana Rivada Networks Inc por la suma de US$ 10 millones por un plazo de 20 años.
Tras el destape de esta información, surgieron múltiples cuestionamientos al presidente de empresa estatal, Sante Vallese, y expertos afirmaron que si esto se lleva adelante, constituiría una pérdida para el Estado.
El proyecto de pedido de informe fue presentado por legisladores del Frente Guasu. El senador Hugo Richer indicó al momento de la presentación que aguardan que esta solicitud sea incluida en la sesión ordinaria del próximo jueves 27 de octubre. La negociación que quería llevar adelante Copaco, y que pretendía mantenerse oculta, se dio a conocer mediante publicaciones de La Nación/Nación Media.
“Hay versiones de que es una cesión por debajo de los precios del mercado, que hay amigos, que hay tráfico de influencias”, había expresado el senador Richer en conversación con la 650 AM, agregando que la posible participación de hijos de funcionarios del Estado en las negociaciones no solo representaba un problema ético, sino también implicaría la toma de otras medidas. “Por eso presentamos ese pedido de informe y estaremos pendientes a la respuesta”, dijo.
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Sobre este nuevo intento de contrato entreguista, se pronunciaron expertos y afirmaron que el monto de US$ 10 millones, por el cual se pretendía firmar el acuerdo, era una suma ínfima, teniendo en cuenta todo lo que se estipulaba arrendar. “Todos los activos sumados, que se van a arrendar, suman más de US$ 400 millones y no hay ningún proyecto que se pueda analizar para poder cuantificar los beneficios que tendría para Vox y Copaco”, alertó días atrás el ingeniero Mario Esquivel.
Desde el sindicato de trabajadores de Copaco manifestaron estar en contra de la concesión del espectro y afirmaron que prácticamente este contrato era una venta de la frecuencia. “Para nosotros es una venta porque se habla de un plazo de 20 años”, habían expresado.
En cuanto al titular de la estatal, Sante Vallese, solo tras las publicaciones periodísticas brindó declaraciones y quiso minimizar este hecho alegando que era apenas un borrador y que se realizarían modificaciones en dicho acuerdo.
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