Para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de esta semana, se incluyó en el orden del día la iniciativa que busca aumentar las exigencias para integrar el Consejo de la Magistratura. El documento ya fue aprobado por Diputa­dos y tuvo modificaciones en el Senado, por lo que se trata de la tercera vuelta en el tra­tamiento legislativo.

Se trata del proyecto de ley “que modifica y amplía los artículos 2.° y 7.° de la Ley n.° 296/94 - Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (de los requisitos, de las designacio­nes y de los plazos”.

En la versión inicial, de la Cámara Baja, se modificaba solo el artículo 7 para ampliar los requisitos para la designa­ción de los representantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional ante el organismo extrapoder. Esto con el objetivo de aumentar la rigurosidad en la selección de los candidatos para los miembros del Consejo.

Ya en el tratamiento de esta iniciativa, en la Cámara de Senadores se introdujeron modificaciones en el artículo 2, en la cual se establece que para ser miembro del CM se deben reunir los requisitos que se exigen en el artículo 263 de la Constitución Nacional, que establece como requisitos ser de nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años; y poseer título universi­tario de abogado.

El abogado Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, invita a la relación de hechos vinculados a los procesos que lo involucran tanto a él como a su esposa María Antonella Galli. La convocatoria está prevista para las 10:00 de este lunes 7 de octubre en salón de eventos Vanité, ubicado en Paseo Carmelitas sobre la calle Teniente Héctor Vera en Asunción.

“Estoy bajo un tipo de amedrentamiento mediático por así decirlo y una acusación totalmente infundada y descabellada, por lo que voy a demostrar con documentos, primero que no correspondía la acusación y segundo voy a anunciar la posible acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el fiscal Alcides Corvalán”, expresó el abogado Sasiain.

En conversación con La Nación/Nación Media el profesional del derecho indicó que también evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público por persecución de inocentes. Sasiain aseguró que la denuncia en su contra carece de fundamentos y que este hecho ya data desde hace más de dos años y persiste hasta la fecha.

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El suplente del CM había obtenido el sobreseimiento provisional y el Ministerio Público había establecido la realización de 15 a 18 puntos para la realización de las diligencias respectivas. “Cuando no hay mérito para acusar, pero nuestro sistema es tan perverso que no basta con ser inocente sino tenés que demostrar que sos súper inocente”, relató.

De acuerdo a lo expuesto por el abogado a La Nación, desde el inicio de la causa solicitó que se notifique a las personas que tenían los cheques con su nombre, de modo que quede constancia de que se había devuelto el dinero que se había sustraído supuestamente. “Pude realizar una diligencia en la cual vino un señor que dijo ‘el cheque que tengo yo me lo entregó María Eugenia Acosta’ con esa única diligencia tuvo que haberse extinguido la causa porque se demuestra la devolución del dinero”, indicó.

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Para el abogado, este hecho fue suficiente para demostrar que la denuncia en su contra fue “falsa y temeraria”, sin embargo, de todas formas se procedió a la imputación en su contra. “Este fiscal Alcides Corvalán acusa de algo totalmente descabellado y digno de nuestro sistema judicial de apriete”, refirió.

Este hecho se trata de la denuncia realizada en marzo del 2021 por María Eugenia Acosta Vallejos, gerente general de la firma Bioténica S.R.L. contra Sasiain y su esposa María Antonella Galli, quien se desempañaba como gerente financiera y administrativa de la mencionada empresa. Galli es acusada, entre otras cosas, de haber desviado fondos provenientes de 11 cheques a una cuenta bancaria que pertenecía a su marido.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se reunió con el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y abordaron sobre la posibilidad de que ambas instituciones puedan cooperar en casos que se vea afectado el patrimonio del Estado. El procurador resaltó la apertura del fiscal general para trabajar en conjunto.

“Mantuvimos una reunión con el fiscal general y le hemos solicitado una cooperación sobre la cuestión también al Poder Judicial para que la Procuraduría General de la República sea comunicada cuando exista una sanción por un hecho punible en el que se vea perjudicado el patrimonio del Estado”, expresó.

A esto añadió, “de la misma manera, que sea informada cuando exista una salida alternativa al proceso, de modo que el Estado pueda hacer prevalecer, cuidar y exigir el respeto al patrimonio estatal”. González indicó que están confiados en que se pueda llevar adelante un trabajo en conjunto tanto con la Fiscalía General del Estado como con el Poder Judicial.

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El objetivo de esta cooperación es “institucionalizar” estos procesos donde el patrimonio del Estado se puede ver afectado. Por su parte, el fiscal general del Estado mostró apertura a la petición y manifestó que hará lo necesario para ejecutar dicha solicitud.

“El doctor Emiliano Rolón es un docente, jurista, entiende y conoce las reglas y nos comentó que él va a hablarlo al interior de la Fiscalía General del Estado para que pueda hacerse realidad y podamos trabajar en conjunto todas las instituciones”, culminó diciendo González en diálogo con varios medios de prensa.

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El diputado opositor Rubén Rubin indicó que quedó conforme con las explicaciones que brindaron el fiscal general del Estado Emiliano Rolón; el ministro del Interior Enrique Riera y el comandante de la Policía Carlos Benítez, durante la reunión reservada realizada hoy miércoles en la Cámara de Senadores. A la salida, afirmó que ya en el plenario manifestó a las autoridades su total respaldo.

En conversación con varios medios de prensa, el parlamentario manifestó que la Policía debe cumplir el mandato de la Fiscalía una vez que el juez libre la orden de allanamiento, ya que es una institución no deliberante.

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“Personalmente, sí estoy conforme, y miren que yo fui uno de los que bastante criticaron en estos días, porque me parecía una vergüenza que el ministro y el comandante digan no sé; que el fiscal general salga a decir que esto puede pasar. Porque esto no puede pasar y más aún no grabar el procedimiento. Yo le pregunté si nos estaban ocultando algo o no. Finalmente, nos demostraron pruebas contundentes, que imagino que harán públicas en cualquier momento, y les trasmití en el pleno mi total respaldo”, expresó.

El diputado Rubin agregó además que caiga quien caiga, no importa que sea diputado, senador, ministro o el propio presidente de la República; si alguno de ellos forma parte del crimen organizado tiene que caer. Respecto al procedimiento que se llevó adelante en la casa del diputado Eulalio Gomes, dijo que al igual que muchos coincide en que no fue el adecuado.

“Desde el vamos no tiene sentido que no se haya grabado el procedimiento, siendo un procedimiento tan delicado. Creo que hubiera sido el mayor resguardo para todas las partes, es por eso que ahora hay tantas suposiciones, porque cometieron el error de no grabar el procedimiento, cosa que dijeron que no se volverá a repetir”, indicó.

El parlamentario aclaró que él no firmó el pedido de renuncia del ministro y el comandante, porque la propuesta del tercer espacio en la Cámara Baja era solicitar a las autoridades que den la cara y brinden las explicaciones correspondientes.

“Personalmente puedo decir que estoy conforme, vamos a ver qué piensa el resto de la bancada. Además ratifico mi total respaldo al fiscal general, al ministro y al comandante, porque se viene una presión muy fuerte y necesitan el respaldo de la ciudadanía y la clase política. Porque insisto en esto, no creo que sea el último caso que involucre a un legislador”, enfatizó.

Mencionó que durante la reunión mostraron una reconstrucción de los hechos, con evidencias, que muestran claramente cómo sucedieron los hechos. Indicó que con las evidencias, sin detallar cuáles, se señalan claramente el actuar de cada uno de los involucrados.

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