Mediante un trabajo de investigación publicado por La Nación y elaborado por los periodistas Jorge Torres Romero y Cinthia Mora se supo que una empresa estadounidense desea hacerse con el espectro de Vox-Copaco por valor de US$ 10 millones. Al respecto, la vicepresidenta del Senado, Hermelinda Alvarenga, dijo que el Congreso tendría que estudiar esta intención del Gobierno de alquilar el espectro de Vox a esta firma norteamericana, teniendo en cuenta que sigue siendo un bien público y de los paraguayos.

Se trata de Rivada Networks Inc., la cual está interesada en la transferencia de espectro y colaboración comercial con Vox. Este espectro es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil, por lo que es el bien más preciado de la empresa local. La ley de telecomunicaciones vigente no prevé el arrendamiento del espectro a terceros.

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No existirían garantías legales de que las condiciones propuestas sean las adecuadas para precautelar los intereses de Vox-Copaco. El monto de US$ 10 millones que se propone resulta ínfimo, ya que no compensa siquiera las deudas que la empresa estatal posee solamente con sus proveedores y que ascienden a US$ 15 millones.

De concretarse el plan, Rivada utilizará la infraestructura de Vox para vender señal a otras operadoras y empresa pública se verá en la necesidad de tener que pagar para utilizar las mejoras introducidas a su red, mientras que recibirá alguna compensación si logra alcanzar anualmente los mínimos de suscriptores y pagos fraccionados.

Ni bien tomó estado público, el acuerdo fue objeto de varios cuestionamientos, siendo uno de ellos el modelo de negocio propuesto, que consiste en el de operador virtual, conocido como “ran sharing” (compartición de infraestructura), el cual no está legislado ni reglamentado en el país.

Tampoco la frecuencia que da en concesión el Estado paraguayo puede ser arrendada porque la ley no lo permite. A todo esto se suma que las licencias de Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones (Copaco) tienen costos muy elevados y que desde el 2019 viene fraccionando el pago a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Un dato no menor es que la empresa intermediaria entre Vox y Rivada es Go Paraguay, presidido por Maximiliano Morel Gadea, quien es el hijo de Carlos Morel, miembro titular del Consejo de la Conatel, ente que debe prestar su autorización para la realización del negocio. A raíz de esta grave irregularidad, el diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez presentará el miércoles un pedido de interpelación al titular de Copaco, Sante Vallese.

Este aparente negociado se suma a otros acuerdos sumamente cuestionados como el acta secreta de Itaipú, el caso de Petropar con la empresa argentina Texos Oil, la entrega de la fábrica de municiones de la Dimabel a una firma brasileña y el acuerdo de Vox-Copaco con el músico Flavio “Kike” Santander, concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, para la prestación del servicio de contact center.

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