La suspensión del proyecto metrobús, una de las grandes obras promovidas durante el gobierno de Horacio Cartes que iba a beneficiar a miles de usuarios del transporte público, terminó generando graves consecuencias para el Estado paraguayo. La suspensión, decidida de manera insólita por la administración de Mario Abdo Benítez, no solo tuvo un perjuicio serio para el transporte urbano del área metropolitana de Asunción, sino que terminó exponiendo al país a una demanda multimillonaria. Los artífices de este enorme daño fueron Mario Abdo Benítez y su ministro de Obras Arnoldo Wiens, quienes en lugar de gestionar y optimizar el proyecto, de llevarlo adelante –dada la importancia del servicio– optaron por una cancelación abrupta, motivados por un revanchismo político inaudito.

La consecuencia inmediata fue una demanda de la constructora portuguesa Mota Engil, encargada del proyecto, que reclamó –como era lógico– ante tribunales internacionales una compensación millonaria por la suspensión. La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares, considerando los intereses. Esto es una carga financiera significativa para el país, derivada de una gestión cuestionable de los fondos y proyectos de infraestructura.

La intervención de la Procuraduría General de la República del Gobierno actual, encabezada por Marco Aurelio González, ha sido crucial para frenar esta enorme sangría de fondos. Gracias a su recurso, un tribunal de cuentas revirtió el fallo inicial, reduciendo restrictivamente la condena y permitiendo al Estado paraguayo ahorrar unos 16 millones de dólares. Este logro representa un importante respiro para el país y refleja el esfuerzo por proteger los recursos públicos.

La decisión de suspender el metrobús y no explorar opciones viables para continuar con el proyecto mostró una evidente falta de visión y de que la motivación se basaba en el revanchismo y en discontinuar políticas y programas que habían comenzado en el mandato anterior. La urgencia de dar soluciones para ofrecer un transporte para Asunción y área metropolitana fue reemplazada por la maliciosa decisión de cancelar la obra, en un proceso que hoy a todas luces fue una irresponsabilidad.

La Procuraduría General no solo salvaguardó el interés económico del país, sino que expuso las consecuencias de decisiones mal fundamentadas en proyectos de alto impacto. Este caso ilustra cómo la gestión de Abdo no solo privó a la ciudadanía de un sistema de transporte digno, sino que también puso en riesgo los fondos públicos, que finalmente serían dirigidos al pago de la sanción impuesta por el laudo arbitral. Pago que, afortunadamente y por acción de la actual administración de gobierno se evitará una grave sangría.

La derivación del caso metrobús refuerza la necesidad de que los proyectos de infraestructura no se vean como puntos de fricción política, sino como verdaderos compromisos con el desarrollo, donde la necesidad de satisfacer las grandes demandas ciudadanas, sean satisfechas y no relegadas por el simple hecho de haber sido propuestos por un gobierno contrario.

El resultado dado por la Justicia, que consideró que el laudo arbitral ni siquiera consideró las leyes paraguayas, también pone en evidencia la importancia de valorar en su real dimensión y el impacto que pueden tener la decisión de cancelar o suspender obras, sobre todo cuando estas involucran a empresas internacionales y comprometen el patrimonio del país.

Con la procuraduría alcanzado un logro de carácter histórica, y evitar que el Paraguay pague más de 16 millones de dólares, queda claro que es posible resguardar los intereses nacionales, aunque se trate de corregir errores de gobiernos anteriores que pusieron en riesgo estos mismos intereses por represalias políticas.

Sana recomendación le hizo el presidente Santiago Peña a su antecesor que ha dejado un país en ruinas, con las arcas vacías y con instituciones saqueadas económicamente y moralmente. “Creo que debería tener un poco más de amor propio y quedarse callado luego de haber sido el gobierno más corrupto de la historia del Paraguay”.

Peña tiene razón. En un país donde la justicia funcione, Abdo debería estar en la cárcel por corrupción. El expresidente no solamente se enriqueció ilícitamente chantajeando a las empresas constructoras para que sigan ganando licitaciones del MOPC a cambio de que compren asfalto de sus empresas importadoras, sino que testimonios de funcionarios vinculados a diferentes instituciones públicas detallan cómo circulaban los “maletines para la corona”.

Abdo hoy disfruta lo que ha saqueado al Estado paraguayo, sin ningún remordimiento de conciencia y con absoluta impunidad. Blindado por los principales grupos de medios (Grupo Vierci y Zuccolillo), que fueron cómplices de sus fechorías a cambio de negocios con el Estado, desde pautajes hasta impresiones de libros, transmisiones oficiales, depósitos de dinero público en sus bancos, además de coincidir en “liquidar” al adversario político y empresarial que tienen en común: Horacio Cartes. A este equipo de cómplices de Abdo se suman los referentes de la oposición que tuvieron el apoyo económico del gobierno anterior para las elecciones y no pudieron vencer a Peña.

Este mismo grupo hoy está operativo con el único propósito de destruir al oficialismo. Metidos en las campañas sucias para oponerse a todas las iniciativas gubernamentales beneficiosas para el país. Son los mismos boicoteadores, los mismos que han frenado las reformas que se están emprendiendo y los mismos que frenaron proyectos de infraestructuras vitales para la gente y que ojalá hoy avancen.

Acorralado por las evidencias de los negocios turbios mínimamente descubiertos por la Contraloría, sobre el análisis de las declaraciones juradas de Abdo, aparece el expresidente en la arena política en busca del blindaje y a utilizar la vieja confiable de los sospechados por corrupción: “persecución política”.

El gobierno de Peña debe seguir con su hoja de ruta, en beneficio de todos los paraguayos, a pesar de este equipo de carroñeros liderados por Abdo, que solo han generado robos y miserias para el Paraguay. Peña no debe distraerse con esta gente, incluyendo las campañas de la prensa amiga de Abdo. En un año se dieron logros significativos en varios frentes (económicos, seguridad y social). Un ápice de desvío nos costará muy caro, podrían volver los mismos de siempre. Mientras tanto, es oportuna la recomendación de Peña al líder de los destructores del Paraguay: “Cállese”. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

De que la administración de Mario Abdo Benítez fue una de las más corruptas de la transición democrática no cabe duda alguna. Es nuestra prédica desde hace tiempo. Y tal afirmación no es arbitraria ni supone posicionamientos políticos, sino que se sustenta en documentaciones con caracteres de irrefutables que corroboran los grandes hechos de latrocinios durante el ejercicio 2018-2023, periodo en que estuvo al frente del Poder Ejecutivo el hijo del exsecretario privado de una de las dictaduras más atroces que tuvimos a lo largo de nuestro itinerario político, la del general Alfredo Stroessner.

Días atrás el presidente de la República, Santiago Peña, declaró en ese mismo sentido, aunque él fue un poco más lejos y lo definió –con el condicionamiento de “probable”– como “el más corrupto en la historia del Paraguay”. De nuestra parte, la razón de ubicarlo –siempre dentro de la clasificación de rapacidad y saqueo– en la época posterior a la caída del déspota es porque en el pasado hubo presidentes de la República que ejercieron el poder de manera caótica y abusiva, sin posibilidad alguna de que se pudieran poner en práctica los controles estipulados por la ley. Y en ese cuadro se mezclaron protagonistas de diferentes partidos políticos.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, la reacción del jefe de Estado tiene que ver con los últimos discursos de Abdo Benítez, cuestionando la identificación ideológica de Peña con el partido al cual está afiliado, la Asociación Nacional Republicana. Durante la ceremonia de inauguración de viviendas sociales en la ciudad de Benjamín Aceval, el presidente respondió: “Debería tener un poco más de amor propio (refiriéndose al exmandatario) y, por lo menos, quedarse callado antes de hablar luego de haber sido, probablemente, el gobierno más corrupto en la historia del Paraguay”. Por una situación similar ya había pasado el entonces candidato a la presidencia de la República, Horacio Cartes.

Y, precisamente, en un documento publicado en junio de 2011 advertía que “militancia no es sinónimo de antigüedad. Uno puede conseguir antigüedad sentándose en su casa, mirando pasar los años, sin pulsar el sentimiento de los correligionarios y correligionarias ni conocer sus necesidades y deseos más fervientes. La militancia, en cambio, es servicio activo, igual que el coloradismo mismo”. En ese mismo tenor asumió su defensa Peña: “El coloradismo no se mide por la antigüedad, sino por la conducta”. Esta aseveración debería ampliarse a la política misma, pues muchos, durante años, se sirvieron del Estado, sin haber aportado absolutamente nada para la dignificación de nuestro pueblo ni el bienestar de los sectores más humildes de la sociedad paraguaya.

Esta discusión sobre quién es más o menos colorado cae dentro del ámbito personal y partidario. Lo que a nosotros nos interesa es lo atingente a la corrupción. Santiago Peña acaba de meter el dedo en esa herida que desde hace meses venimos haciendo supurar. Y lo hacemos con la responsabilidad de quienes, primero, verifican la información y, luego, actúan con la certeza de que las investigaciones se compadecen de los hechos cuestionados. Las desprolijidades administrativas, o sea, en términos sencillos, el descarado robo a las arcas del Estado, son tan evidentes que no existe resquicio por el cual Mario Abdo Benítez y varios de sus hombres más influyentes puedan escabullirse.

A un año y semanas de haber asumido el cargo, el actual presidente de la República ha sido muy cauto sobre este asunto. Sin embargo, ahora tiró sobre el tapete lo que la sociedad entera ha estado esperando con notable expectativa: que no queden impunes los crímenes del reciente pasado. Ni del presente, si los hubiere. Queda, pues, en el campo del mandatario apurar a sus ministros, a los directores de entes y a la propia Auditoría General del Poder Ejecutivo para que vayan cerrando el círculo de las investigaciones y que las pruebas pertinentes sean elevadas a consideración de la Fiscalía General del Estado, pero con estándares solventes de irrebatibilidad jurídica, fundados en la absoluta certeza probatoria y sin margen de duda razonable, para que la Justicia pueda actuar con todo el peso de la ley.

Este anuncio, repetimos, que toda la ciudadanía estaba aguardando para recuperar la confianza en sus autoridades y para que las autoridades proyecten credibilidad a la ciudadanía, tiene que tener necesariamente su continuidad práctica con la denuncia correspondiente ante las instancias jurisdiccionales, para enviar un mensaje claro y firme a toda la sociedad de que no habrá contemplaciones con la corrupción ni con su brazo multiplicador de delitos: la impunidad. Estamos convencidos de que Santiago Peña habrá de actuar en consecuencia, honrando su compromiso con la gente, el país y la historia.

El diputado por Central Rodrigo Gamarra cuestionó los dichos del expresidente Mario Abdo, quien en un discurso político menospreció el coloradismo del actual mandatario Santiago Peña. Para el legislador, las acciones del jefe de Estado reflejan la visión partidaria, mientras que el anterior gobierno acumula hechos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

“Un cuarto de colorado es aquel que desde el poder le robó a su gente con contratos amañados en plena pandemia, comprando agua tónica en vez de medicamentos, dejando a su pueblo indefenso. Un cuarto de colorado es el que permitió que la corrupción floreciera en cada rincón del Estado, un símbolo de la burla a la ciudadanía”, aseveró el diputado Gamarra.

En contacto con La Nación/Nación Media, el parlamentario indicó que si hay que poner una vara para medir el nivel de coloradismo de sus afiliados, un elemento importante es comparar las acciones y no limitarse a los discursos o “etiquetas vacías”.

“El Gobierno más corrupto de la historia del Paraguay que desayunaba, almorzaba y cenaba con Desirée (Masi) y los enemigos del partido, con ministros narcotraficantes y cómplices de bandas delictivas en instituciones que debían combatirlas. Todo eso encabezado por Mario Abdo Benítez, quien es el que encarna lo que significa ser menos de medio colorado”, sostuvo.

En contrapartida, destacó que en apenas un año de gestión, el gobierno de Santiago Peña logró hitos históricos que no fueron alcanzados por la administración de Abdo, la cual califica como “corrupta y nefasta”.