El afán entreguista del gobierno de Mario Abdo Benítez no tiene límites. Tras el acta secreta de Itaipú, el acuerdo Texos Oil, la entrega de Dimabel, ahora sigilosamente va tras Vox-Copaco. Una empresa estadounidense desea hacerse con el espectro de Vox por US$ 10 millones. La ley de telecomunicaciones vigente no prevé el arrendamiento del espectro a terceros. Se trata de Rivada Networks Inc. No existirían garantías legales de que las condiciones propuestas sean las adecuadas para precautelar los intereses de Vox-Copaco. El monto de US$ 10 millones que se propone resulta hasta ínfimo, ya que no compensa siquiera las deudas que Copaco posee solamente con sus proveedores y que ascienden a G. 108.590.592.808, que al cambio totalizan US$ 15 millones.

Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora

Como es costumbre, el gobierno de Mario Abdo Benítez se encuentra negociando sigilosamente para asestar un golpe a los intereses nacionales al despojar de su espectro a la empresa Hola Paraguay (Vox) para cederlo a la empresa norteamericana Rivada Networks. A todas luces, el acuerdo es entreguista pese a que lo quieran “maquillar”.

La empresa Vox, de Copaco, se encuentra analizando la posibilidad de otorgar en “arrendamiento” las operaciones de sus negocios de banda ancha inalámbrica a una empresa norteamericana que se dedica a la infraestructura de red de acceso abierto al por mayor.

Se trata de Rivada Networks Inc., la cual está interesada en la transferencia de espectro y colaboración comercial con Vox. Este espectro es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil, por lo que es el bien más preciado de la empresa local.

Para hacerse de este espectro, la firma interesada propuso buscar el financiamiento para invertir US$ 300.000.000 para actualizar, ampliar y encargarse de la red inalámbrica de Vox, introduciendo la tecnología 5G y ampliando la cobertura y capacidad.

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Buscando avanzar en esta concesión, en julio del 2021 Hola Paraguay SA (Vox) y Rivada Networks Inc. firmaron el primer memorándum de entendimiento sujeto a confidencialidad con el fin de elaborar una propuesta de negocios con inversión en telecomunicaciones de la firma extranjera para mejorar los servicios de la empresa local.

En tanto que en noviembre del año pasado, las partes elaboraron un esquema de acuerdo de arrendamiento de los activos de la red inalámbrica de Vox. Este acuerdo establecía que la empresa paraguaya recibiría US$ 10.000.000 de forma fraccionada en concepto de arrendamiento por 20 años con posibilidad de prórroga, una posible participación en los ingresos anuales cuando alcance ciertos umbrales de ingresos, además de precios preferenciales de capacidad para dar servicios y expandir su negocio inalámbrico.

Mientras que la firma norteamericana tendría la obligación de obtener el financiamiento para el proyecto y el derecho a vender capacidad al por mayor en la red, como así también un compromiso mínimo de compra de capacidad por parte de Vox, el arrendamiento y subarrendamiento de los activos de Vox, incluyendo la licencia de espectro y recursos humanos.

En su octava cláusula, se estableció que Vox no precisaba la aprobación o la autorización de alguna autoridad administrativa o judicial, evitando de esta manera un proceso y control más estricto.

De concretarse el plan, Rivada utilizará la infraestructura de Vox-Copaco para vender señal a otras operadoras y Vox se verá en la necesidad de tener que pagar para utilizar las mejoras introducidas a su red, mientras que recibirá alguna compensación si logra alcanzar anualmente los mínimos de suscriptores y pagos fraccionados.

En un dictamen realizado por el abogado Juan Carlos Mendonça, quien había sido contratado por Vox como asesor externo, se introdujeron modificaciones al esquema del acuerdo como, por ejemplo, que las partes iban a seguir negociando en un plazo máximo de 180 días, que Vox no iba a tener riesgos compartidos con la empresa Rivada, que Copaco no iba a tener ninguna obligación en este acuerdo y que los términos comerciales iban a estar sujetos a las renovaciones de la Conatel cada 5 años.

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A finales de enero pasado, el entonces procurador Juan Rafael Caballero González solicitó a Sante Vallese, en su calidad de presidente de Copaco y Vox, que remita documentación sobre el borrador de acuerdo con la empresa Rivada para su análisis correspondiente.

Entre los datos requeridos figuró el acta del directorio de Vox sobre este acuerdo, el acta del directorio de Copaco, la confirmación de la cantidad de clientes de Vox, los alcances legales de las obligaciones de esta empresa y los mecanismos para poner fin al acuerdo de no alcanzarse los objetivos propuestos, entre otros.

En tanto que en abril de este año, la empresa Rivada remitió una nota a Vallese para solicitar la renovación del memorándum de entendimiento, al haber transcurrido más de 90 días de ese acuerdo inicial, para ir avanzando en las negociaciones.

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Ni bien tomó estado público, el acuerdo fue objeto de varios cuestionamientos, siendo uno de ellos el modelo de negocio propuesto, que consiste en el de operador virtual, conocido como “ran sharing” (compartición de infraestructura), el cual no está legislado ni reglamentado en nuestro país.

Tampoco la frecuencia que da en concesión el Estado paraguayo puede ser arrendada porque la ley no lo permite. Por esta situación no existirían garantías legales de que las condiciones propuestas sean las adecuadas para precautelar los intereses de Vox-Copaco.

Además, el monto de US$ 10.000.000 que se propone resulta hasta ínfimo, ya que no compensa siquiera las deudas que Copaco posee solamente con sus proveedores y que ascienden a G. 108.590.592.808, que al cambio totalizaron US$ 15.082.027.

A todo esto se suma que las licencias de Copaco tienen costos muy elevados y que desde el 2019 viene fraccionando el pago a la Conatel.

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Un dato no menor es que la empresa intermediaria entre Vox y Rivada es Go Paraguay, presidido por Maximiliano Morel Gadea, quien es el hijo de Carlos Morel, miembro titular del Consejo de la Conatel, ente que debe prestar su autorización para la realización del negocio.

A raíz de esta grave irregularidad, el diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez presentará el miércoles un pedido de interpelación al titular de Copaco, Sante Vallese. Ya a inicios del mes, el legislador planteó su intención de convocar a Vallese, teniendo como motivo la falta de pago a empleados de la institución y la aparente administración de manera irregular de los fondos. También el congresista viene solicitando informes a esta compañía, pero sin recibir respuesta alguna.

Este aparente negociado se suma a otros acuerdos sumamente cuestionados como el acta secreta de Itaipú, el caso de Petropar con la empresa argentina Texos Oil, la entrega de la fábrica de municiones de la Dimabel a una empresa brasileña y el acuerdo de Vox-Copaco con el músico Flavio “Kike” Santander, concuñado del presidente Mario Abdo, para la prestación del servicio de contact center.