El combate al flagelo de la inseguridad figura como tema a ser priorizado en la agenda de Santiago Peña, quien aspira a ser el sucesor de Mario Abdo Benítez en la Presidencia de la República. El joven político colorado prometió jerarquizar a los cuadros policiales y que el Grupo Lince -creado durante el mandato de Horacio Cartes- será fortalecido y tendrá mayor presencia en las calles para contener el auge de la delincuencia.
“Nosotros tenemos que primero jerarquizar el rol de la Policía Nacional. Creo que la desmoralización hacia las fuerzas del Grupo Lince fue una estrategia de este gobierno, de alguna manera para aplacar el éxito que había representado el Grupo Lince como una política de seguridad ciudadana en el gobierno pasado”, expresó Santi en un video socializado en Twitter. Prometió devolver el protagonismo a este grupo especializado de la Policía Nacional.
Dijo que no se puede pretender que los funcionarios públicos de todos los niveles en general, pero en el ámbito de la seguridad en particular, “ellos puedan salir a enfrentar el crimen” cuando ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas para realizar el trabajo.
Por ello, Peña adelantó que de llegar a ser presidente dotará de mejores condiciones salariales, equipamientos y todo lo necesario para la movilidad de los encargados de resguardar la seguridad interna del país. “Por qué el Grupo Lince fue tan efectivo, porque tenía las herramientas, tenía el equipamiento para una respuesta rápida. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que plantear en lo que es la Policía Nacional a nivel general”, enfatizó.
Para el presidenciable del movimiento Honor Colorado también es preocupante la facilidad con que los delincuentes vuelven a abandonar las cárceles, donde lejos de ser educados para la reinserción social, salen perfeccionados para seguir delinquiendo. En este punto responsabilizó de la inacción al Poder Judicial, por lo que consideró necesario impulsar medidas conjuntas con este poder del Estado.
Peña afirmó que la reincidencia en delitos también “es una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo”, que tiene la administración de las penitenciarías. “Entonces, entra un joven por haber robado un celular y sale de la cárcel como un delincuente profesional. Ahí, lo que tenemos que trabajar con el Poder Judicial para acelerar los procesos y quienes son culpables que terminen los procesos. Pero también pasa porque las penitenciarías sean centros de corrección”, puntualizó.
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