La Contraloría General de la República (CGR), presidida por Camilo Benítez, presentó al Poder Ejecutivo una propuesta que apunta a cambiar su proceso de fiscalización mediante un control preventivo con la aplicación de un software de inteligencia artificial con el objetivo principal de promover el uso eficiente de los recursos, la transparencia y la prevención de la corrupción en las instituciones estatales.
“Meses atrás, junto con todos los contralores de los países sudamericanos visitamos la Presidencia para poder intercambiar ideas y experiencias de cómo mejorar el gasto público y como consecuencia de eso Paraguay suscribió un convenio con la Contraloría de la República de Colombia y tiene como fin la creación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción inmediata, la cual es implementada por todos los países de la región”, comentó Benítez.
Agregó que con la instalación de la dirección el planteamiento es migrar de un cambio posterior a uno preventivo, ya que la tecnología facilitará el cruzamiento de informaciones patrimoniales que obran en el Estado paraguayo y detectar alarmas que puedan “corregir anomalías” antes de que se realicen las ejecuciones presupuestarias.
Reducir el índice de corrupción y mejorar el gasto público
Benítez indicó que la implementación del software no requerirá de la emisión de ninguna norma, ya que el planteamiento se encuentra regido dentro del marco de la competencia constitucional de la Contraloría debido a que la institución tiene la competencia de vigilancia.
“Vamos a reducir los índices de corrupción, mejorar el gasto público, no llegaremos más tarde, sino a través del uso de las herramientas tecnológicas llegaremos a tiempo real. No requiere la emisión de una ley, pero sí requiere la cooperación del Gobierno para que pueda proveer información, especialmente del Ministerio de Hacienda y parcialmente de Tributación para que esas informaciones puedan migrar a dichas plataformas digitales para hacer el trabajo”, detalló.
Reducir plazos
El contralor expresó también que desconoce cuánto se requerirá económicamente para implementar el sistema, pero que de acuerdo a la experiencia internacional no se necesitará de una gran inversión. “Un examen de correspondencia por ejemplo sobre el enriquecimiento patrimonial de un funcionario público en vez de que tarde de 6 meses a un año, podría tardar 2 días o una semana, entonces en vez de hacer solo 150 exámenes al año podríamos hacer 5.000 al año”, puntualizó.
Te puede interesar: “Están utilizando como PC el ministerio”, denuncia médico