La Cámara de Senadores socializó este viernes el proyecto de ley que modifica y amplía la Ley 3728/09 “que establece el derecho a la pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de pobreza”. Básicamente se plantea transferir al Ministerio de Desarrollo Social la administración de los fondos que actualmente está a cargo del Ministerio de Hacienda y además que la pensión sea automática para todos los abuelos de 80 años.
De la reunión telemática participaron representantes de los ministerios afectados: Desarrollo Social y Hacienda y expertos de varias comisiones asesoras del Senado. Al concluir el debate, ofició de vocero el director de la Comisión de Derechos Humanos, Víctor Benítez, quien habló de las implicancias del citado proyecto de ley que tendrá sanción ficta el 20 de octubre, por lo que requiere ser analizado en plenaria antes de esa fecha.
“Hubo un debate importante con estas instituciones y los equipos técnicos, también con las comisiones de la Cámara de Senadores, a fin de acercar las propuestas de aprobación, rechazo o modificación de este proyecto de ley que va a ser debatido en las respectivas comisiones la semana que viene, teniendo en cuenta que el jueves 20 de octubre tiene sanción ficta”, refirió Benítez.
Aclaró que el punto central del planteamiento que ya tiene media sanción de Diputados es que el programa de pensión alimentaria de adultos mayores administrado actualmente por el Ministerio de Hacienda pase a depender del Ministerio de Desarrollo Social. En este punto se evaluó lo que implicará en materia presupuestaria, además de la capacidad técnica que tengan las instituciones.
A modo de justificar la necesidad de pasar a manos de Desarrollo Social el programa, se menciona la necesidad de ampliar el enfoque hacia la promoción social. La ley también prevé que todas las personas que tengan 80 años automáticamente entren a cobrar la pensión de adultos mayores.
Por ello, el equipo técnico de estudio plantea que sea bien analizado el proyecto de ley para evitar que tras su promulgación sea atacada de inconstitucional. Actualmente más de 266.000 personas acceden al citado beneficio estatal cuya mensualidad orilla los G. 550.000 y que es efectivizada por los beneficiarios a través de una tarjeta en los cajeros de la red bancaria nacional.
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