El Sindicato de Trabajadores en Moto y Afines (Sinactram) y el Hospital de Trauma impulsan un proyecto de ley que busca otorgar la potestad a los agentes de la Policía Nacional para que puedan bajar de sus biciclos a quienes transiten sin casco protector. Así también, se pretende que el Estado absorba solo 30% de los costos asociados a los accidentes en moto y que el 70% sea cubierto por quien incurrió en la imprudencia que propició el percance en el tránsito.
Federico Ferreira, del Sinactram, explicó el alcance de la propuesta que en breve será entregada al Congreso Nacional. “Este es un proyecto que desde el sindicato estuvimos diagramando con el equipo jurídico y ya tenemos la base. Lo que queremos hacer con el doctor Agustín Saldívar es diagramar y sacar las estadísticas para elaborar el anteproyecto y uno de los primeros pasos que tenemos es darle poder a la Policía Nacional para que baje al motociclista sin casco”, señaló a la 680 AM.
Afirmó que con esta intervención de las fuerzas públicas se obtendrá un “resultado altamente positivo” en el combate al flagelo de la imprudencia. “Acá nadie controla nada, ni PMT ni Caminera, el sistema actual no funciona”, se quejó.
Explicó que también se busca crear un marco jurídico en cuanto a la responsabilidad civil y penal de los accidentados y exonerar al Estado de cubrir la totalidad del gasto que implica un accidente en moto. “El pueblo está pagando a ese accidentado imprudente, al que se fue alcoholizado a provocar un accidente, se accidentó él y accidentó a otro. Y nosotros estamos cubriendo todo ese gasto de la imprudencia. Por ello, queremos que solamente el 30% le cubra el Estado y el 70% se hace cargo el conductor alcoholizado”, puntualizó.
Lamentó que nunca se haya podido impulsar desde el Parlamento una iniciativa similar y abogó que el proyecto sea sancionado apenas sea presentado. “Nosotros vemos lo que pasa con los compañeros y queremos cambiar esto. Y lo mejor que podemos hacer es trabajar interinstitucionalmente y en este caso con el Hospital de Trauma hacer esto y podemos buscar un intento de cambio”, indicó.
Negocio de municipios
Por otro lado, Ferreira cuestionó que se haya convertido en un comercio para los municipios la expedición de registros y habilitación para los motociclistas. Exceptuó a la Municipalidad de Asunción, donde dijo que sí se realizan controles antes de otorgar dichos documentos. Por ello, también se incorporará este punto en el proyecto de ley, conforme expresó.
“Acá el problema es de fondo y forma. Acá las municipalidades son las primeras responsables en habilitarle a un conductor de motocicleta sin ninguna preparación. Acá uno no hace cursos, sino compra su registro y habilitación”, denunció.
Igualmente, cuestionó la facilidad con que las empresas venden las motocicletas, que inclusive son ofertadas con una cuota mínima y sin ningún tipo de exigencia. “Acá desde el vamos está mal. O sea todas las municipalidades, excepto Asunción, todo es compraventa de habilitación y registro. Y nosotros estamos convencidos que ahí comienza el problema”, finalizó.
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