El doctor Aníbal de los Ríos presentó su renuncia ante el Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) y en su reemplazo fue designado Gustavo Alberto González en representación del Ministerio de Salud Pública. El cambio fue realizado vía decreto número 2832 de la Presidencia de la República, con fecha de 5 de noviembre del 2024.

El cambio del ahora exconsejero se habría dado por recomendación del presidente de la previsional, Jorge Brítez, al presidente de la República, Santiago Peña, que finalmente vía decreto realizó los cambios en el Consejo del IPS.

Leé también: Harris versus Trump: “Es una puja histórica en cuanto a lo empatada que está”, dice Castaing

El exconsejero fue cuestionado por varios sectores políticos y sociales tras sus polémicas declaraciones en una de las sesiones del Consejo Administrativo de la previsional, mencionando que se debe dejar de inver­tir en hospitales del interior, ya que esto “no ayuda a la imagen” del IPS.

Tras estas expresiones fueron varias las reacciones, entre ellas el Consejo de Gobernadores que solicitó incluso la salida del mismo del Consejo Administrativo. Las reacciones también se dieron en la Cámara de Diputados, donde incluso se habló de una interpelación al ahora exfuncionario previsional.

De los Ríos se excusó en varias ocasiones, señalando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Sigo con mis mismas convicciones sobre lo que dije en la sesión del Consejo, era una simple comparación entre dos centros, uno de la capital y otro del interior del país y en ningún momento tuvo un tinte discriminativo hacia las instituciones del interior del país”, había mencionado en un programa del canal GEN/Nación Media.

Te puede interesar: Urgen a Fleitas accionar contra la convención liberal para no ser un presidente “pusilánime”

El director jurídico de la Contraloría Gene­ral de la República, Darío Ortega, manifestó ayer que la Fiscalia obvió varias irregularidades regis­tradas en el Instituto de Pre­visión Social (IPS) durante la gestión de Vicente Bata­glia. Indicó que la desesti­mación de la denuncia es algo preocupante.

“Nos causó mucha preocu­pación este caso en particu­lar, por las aristas que tiene, tomaron hechos que no for­maban parte del informe para llegar a concluir en una desestimación”, señaló Ortega.

Luego agregó que “la Fisca­lía solamente pudo verificar pago por 350 mil millones de guaraníes. Sin embargo, la deuda del IPS a proveedores era de 1 billón de dólares que hablando en dólares sería de 130 millones de dólares, o sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”.

Las preocupaciones del director jurídico de la Con­traloría fueron vertidas en el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN TV y Uni­verso 970 AM.

El equipo del Ministerio Público conformado por Néstor Coronel, Luis Piñá­nez y Jorge Luis Arce pidió días atrás al juez penal de Garantías la desestimación de la denuncia contra Vicente Bataglia y los exconsejeros del IPS, Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Lucía Claudina Ailvera, Miguel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo.

Los citados funcionarios del ente fueron denuncia­dos a través de una audito­ría que realizó la Contralo­ría General de la República y que detectó un supuesto desfalco de 1 billón de gua­raníes, durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatri­mestre de 2023.

En la denuncia se detalló que se identificó que 9.353 bie­nes de la previsional, como equipos de salud, laboratorio e informática, están catalo­gados como faltantes y tota­lizan la suma de 42.915 millo­nes, entre otras presuntas irregularidades.

Desde la Contraloría y la Dirección Jurídica del IPS aguardan que el juez penal de Garantías rechace el pedido de desestimación fiscal y cas­tigue a los responsables de las graves irregularidades admi­nistrativas que se realizaron en el ente y que perjudica a los asegurados.

Tras la probable desestimación por parte del Ministerio Público a la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente del Ins­tituto de Previsión Social (IPS), desde la propia previsional manifestaron que sorprendió la decisión de la Fiscalía General del Estado; no obstante, anun­ciaron que buscarán la forma de reabrir la causa, puesto que esto genera un mal precedente en la administración pública.

“La desestimación no implica que no se pueda reabrir la causa el día de mañana cuando existan hechos nuevos, como podría ser el caso de la audito­ría interna dependiendo de los hallazgos que se encuentren, pero sí nos sorprendió, ya que denunció el IPS, también la Contraloría, además de algunos parlamentarios”, expuso José González, ase­sor jurídico del instituto.

Como consecuencia de la denuncia de los legisladores, el Consejo de Administración del IPS había resuelto realizar una auditoría externa donde se encontraron hechos relevantes, recordó el ase­sor ante la 650 AM e indicó que llama la atención que el Ministe­rio Público no haya recurrido a su laboratorio forense para rea­lizar pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.

La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.

“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.

En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.

Lea también: Exportación energética: “El discurso de la integración energética se está materializando”

“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.

“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.

Le puede interesar: “La desestimación no implica que no se pueda reabrir la causa”, dice IPS sobre Bataglia

Tras la desestimación por parte del Ministerio Público a la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), desde la propia previsional manifestaron que sorprendió la decisión de la Fiscalía General del Estado, no obstante, anunciaron que buscarán la forma de reabrir la causa, puesto que esto genera un mal precedente en la administración pública.

“La desestimación no implica que no se pueda reabrir la causa el día de mañana cuando existan hechos nuevos, como podría ser el caso de la auditoría interna dependiendo de los hallazgos que se encuentren, pero sí nos sorprendió, ya que denunció el IPS, también la Contraloría además de algunos parlamentarios”, expuso José González, asesor jurídico del instituto.

Como consecuencia de la denuncia de los legisladores, el Consejo de Administración del IPS, había resuelto realizar una auditoría externa donde se encontraron hechos relevantes, recordó el asesor ante la 650 AM e indicó que llama la atención que el Ministerio Público no haya recurrido a su laboratorio forense para realizar pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.

Lea también: Juan Carlos Baruja anunció desarrollo de Che Róga Porã 2.0

“Yo creo que con ese elemento debería contar la Fiscalía para eventualmente confirmar su desestimación o presentar la imputación que corresponda. Tiene que haber sanciones, sino no hay nadie que asuma ninguna responsabilidad y se deja un mal precedente para la administración pública”, aseveró.

Igualmente, manifestó que están confiados en que el juez que dará trámite a la desestimación, se opondrá a la misma y esperan que en caso de que ocurra eso, el Ministerio Público rectifique su dictamen. González advirtió que, caso contrario, impugnarán lo que resuelva el juzgado, pero mientras tanto, queda aguardar la decisión del Poder Judicial

Le puede interesar: Persiste en el Senado tendencia para el rechazo de la pensión para personas con discapacidad