En el mes de octubre del 2021, el Paraguay lloraba a sus 16.233 fallecidos a causa de la pandemia por el COVID-19 de acuerdo a un informe emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A un año de la peor etapa de la pandemia, la cifra totaliza de 19.595, según el informe sobre el avance del letal virus en el país, presentado el pasado este mes por autoridades sanitarias.

La administración del jefe de Estado y aspirante a la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Mario Abdo Benítez, es catalogada como un gobierno criminal marcado por diversos hechos de corrupción e inoperancia en el marco de una catástrofe global sanitaria que continúa generando dolor en varias familias que siguen llorando a sus ausentes.

En solo 2 años de la gestión de Abdo Benítez, el país perdió un 3,5% de su población. Comparativamente, equivale a la mitad de los 30.000 paraguayos fallecidos durante la Guerra del Chaco, que abarcó 3 años de contienda con Bolivia, hace 90 años. De acuerdo a las estadísticas oficiales, en 32 meses de pandemia por COVID, la negligencia del gobierno supuso que las cifras se disparen para un total de 460.815 casos confirmados, 47.658 hospitalizados, de los cuales 7.299 personas ingresaron a la unidad de terapia intensiva (UTI), mientras que otros 40.359 pacientes se ubicaron en sala comunes.

La cartera sanitaria había reportado también un total de 2.154 casos positivos en embarazadas, de las cuales se registraron 87 muertes; 595 indígenas contagiados, de los cuales 77 fallecieron. Mientras que en el personal de salud se reportó 17.728 infectados y un total de 140 casos de contagios en personas con el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (SIMP), donde se reportaron 9 niños fallecidos.

El conflicto sanitario que motivo al Poder Ejecutivo a decretar una cuarenta estricta, prohibiendo a la gente salir a las calles, terminó por revelar la corruptela instalada en el gobierno ante un mandatario complaciente, carente de liderazgo para destituir a sus colaboradores que buscaron sacar tajadas de los 1.600 millones de dólares que fueron concebidos por el Congreso Nacional.

En varios de los casos, el modus operandi consistía en establecer una serie de irregularidades como, por ejemplo, pliegos direccionados, falta de invitación a firmas interesadas en participar de las licitaciones, millonarios contratos con empresas amigas y las sobrefacturaciones en la adquisición de los insumos y equipos médicos.

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Entre los casos que tomaron estado público figura la fallida compra de los insumos chinos por parte de la cartera sanitaria que involucró a la firma Imedic, perteneciente a Justo Ferreira y su hija Patricia. Al respecto el proceso judicial sigue pendiente y se prevé recién la realización de un juicio oral en febrero de 2023. El clan familiar se encuentra fuertemente ligado a los hermanos parlamentarios Lilian y Arnaldo Samaniego, referentes del abdismo.

Otra causa pendiente se centra en el calificado caso conocido como “tapabocas de oro” que salpicó al extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo y otras 6 personas que fueron imputadas por lesión de confianza en pleno inicio de la pandemia.

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Melgarejo es un fiel simpatizante de Abdo Benítez. Su causa aún sigue trabada en la justicia debido a múltiples chicanas. En la nomina de las denuncias por corrupción figura también la extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio, quien llegó a ocupar el cargo en la petrolera estatal por ser fiel amiga de la primera dama Silvana López Moreira de Abdo.

La exfuncionaria de Estado se encuentra acusada también por sobrefacturaciones en el caso conocido como agua tónica, producto con un desmedido sobrecosto que totalizó la suma de G. 359.700.000, según la Fiscalía. El proceso sigue parado en la justicia debido también a las chicanas.

La inoperancia en la rápida adquisición de las vacunas contra el COVID-19 fue parte de los principales motivos de la alta cifra de fallecidos, de los cuales se estima que unos 10 mil se pudieron haber evitado si el Gobierno hubiera tomado su gestión en serio, según expresiones de referentes de Salud Pública. Paraguay logró iniciar las primeras inmunizaciones solo gracias a las donaciones internacionales, el proceso comenzó con el personal de salud y los adultos mayores de 80 años, mientras que otra parte de la población se encontraba en la angustiosa espera.

A la problemática también se sumó el arranque tardío de las campañas de vacunación. Pese a que el Ejecutivo contó con una millonaria suma para la compra no solo de las vacunas, sino también de los medicamentos y equipos para los trabajadores de blanco, la ciudadanía estuvo obligada a realizar las famosas polladas, venta de hamburguesas y rifas para solventar los costosos gastos.

La falta de los insumos sanitarios llevó a una mala atención médica que provocó el fallecimiento de varios compatriotas. Entre los fármacos más caros y que eran solicitados casi de manera diaria eran atracurio y midazolán. Según la Contraloría General de la República (CGR) faltó una planificación y gestión oportuna en la adquisición efectiva de los mismos.