El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Fernando Silva Facetti afirmó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, coloca en riesgo el funcionamiento del Paraguay al incumplir las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tras el veto total de una ampliación presupuestaria de G. 64.707.532.946 requerida por el Ministerio Público, que contó con el respaldo del Congreso Nacional.
Al respecto, el parlamentario dijo que entre las principales sugerencias realizadas por la organización intergubernamental de base regional, que agrupa a 17 países de América del Sur, de Centroamérica y América del Norte, creada para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, figuraba el fortalecimiento de la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Trabajamos tanto para que el Paraguay no esté en la lista gris de Gafilat. Son dos instituciones que deben tener una excepción a la regla, son claves para el funcionamiento del país”, dijo en entrevista con medios de prensa tras realizar una evaluación sobre el tratamiento del Presupuesto General de la Nación para el 2023.
La ampliación presupuestaria debía ser destinada a la creación de 49 unidades para el fortalecimiento de la lucha contra delitos económicos, corrupción, narcotráfico y abuso sexual en niñas y niños, entre otros. Además, serán habilitadas unidades penales en ciudades como Mayor Otaño, Encarnación, San Pedro del Ycuamandyyú, San Lorenzo, Capiatá, Luque, entre otras.
Contratación de funcionarios claves
También planteaba la remisión de recursos para gastos de funcionamiento y capital, contratación de médicos forenses, de psicólogos, trabajadores sociales, peritos, choferes, aparte de la adquisición de detectores de metales, escáneres, equipos de laboratorio para ADN, microscopio comparador, discos duros para pericia forense, unidades móviles con su respectivo combustible, pago de servicio de energía eléctrica y pago de alquileres en ciudades de todo el país.
Por su parte, el senador del Frente Guasu (FG) Carlos Filizzola, sector político cercano al oficialismo, terminó exponiendo el apriete contra la institución al argumentar que no le parece adecuado el funcionamiento de la Fiscalía bajo el mandato de Sandra Quiñónez.
El parlamentario recordó el respaldo del izquierdismo a los constantes planteamientos de juicio político contra la agente impulsados desde el movimiento Fuerza Republicana y la Concertación opositora que terminaron siendo archivados en la Cámara Baja. “Es muy cuestionable el dinero sobre la ampliación presupuestaria. Nosotros no estamos de acuerdo con su gestión”, mencionó.
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