El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) eligió a sus autoridades, en el marco de la ley 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral, en su naturaleza y en su composición. El ministro Jaime Bestard, fue designado como presidente de la máxima autoridad electoral, por resolución n.° 237/2024.

El reglamento electoral establece que el cambio de la presidencia y vicepresidencia se debe realizar de manera anual, entre sus miembros. Ahora deja la presidencia el ministro César Rossel, y quedará como miembro del Tribunal Electoral, mientras que el ministro Jorge Bogarín queda como vicepresidente, quien en este periodo se encontraba como miembro, para este periodo.

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Los ministros Jaime Bestard y Jorge Bogarín, asumirán sus respectivos cargos a partir del 1 de enero del 2025 e irá hasta el 31 de diciembre de ese año, periodo comprendido en el reglamento electoral. Ten­drán su sede en la capital de la República y ejercerán su competencia en todo el terri­torio nacional.

Bestard fue designado como ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en agosto del 2013, por la Cámara de Senadores con acuerdo del Poder Ejecutivo. Es de profesión abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1983. Ejerció la profesión desde el año 1984 hasta el año 2013, especializado en Derecho Civil, Derecho Administrativo y Derecho Electoral.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral es res­ponsable de la dirección y fiscalización del registro electoral y la administra­ción de los recursos asig­nados en el Presupuesto General de la Nación para fines electorales, conforme establece la citada ley. Son deberes y atribuciones del TSJE, cumplir y hacer cumplir la Cons­titución y las leyes; ejer­cer la superintendencia con potestad disciplinaria sobre toda la organización electoral de la República, entre otras cosas.

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Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, para informar sobre el proceso de licitación pública e internacional que prevé la adquisición de máquinas electrónicas de votación, de tal modo a que Paraguay pueda contar con sus propios equipos y ser utilizados en al menos 8 procesos electorales internos y generales.

Luego de la reunión con el jefe de Estado, los ministros César Rossel, presidente del TSJE, y sus colegas Jaime Bestard y Jorge Bogarín ofrecieron una conferencia de prensa, en la que explicaron que la intención es que la institución pueda adquirir entre 25.000 a 30.000 unidades de máquinas de votación, para lo que estiman un presupuesto de USD 100 millones.

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Informó que la conclusión del proceso de licitación pública internacional está prevista para finales de este mes, o máximo mediados de diciembre.

“La Justicia Electoral está planeando adquirir las máquinas de votación para 8 periodos electorales, y ya no alquilarlas, porque ya en procesos anteriores hemos alquilado y según los datos y por recomendación tanto económicas como tecnológicas, nos da mayor soporte a futuro adquirir las máquinas. Además a la larga, sale más barato comprar que alquilar”, explicó Rossel.

Indicó que ya se presentó un proyecto al Congreso Nacional, y en ese marco es que se acercaron al Poder Ejecutivo para pedir su apoyo al proceso que se abrirá a más tardar en diciembre próximo.

Manifestó que el objetivo de la Justicia Electoral es que las máquinas ya estén en el país un año antes de las elecciones internas para las municipales 2026, a fin de que puedan llevar el proceso de capacitación y socialización del sistema de votación electrónico con la presencia de las máquinas en lugares públicos para que la ciudadanía pueda acceder y aprender.

Agregó que el objetivo es abrir un periodo más amplio del proceso de verificación de los software de las máquinas dentro del cronograma electoral, con el objetivo de que tanto la ciudadanía como la clase política pueda tener mayor confianza en el sistema.

“Sabemos que es una responsabilidad tener nuestras propias máquinas, pero creo que en la Justicia Electoral estamos preparados y estamos tomando todas las medidas necesarias para que Paraguay pueda tener sus propias máquinas, su propio software, y podremos contar con equipos de verificación y control mucho más amplio de lo que tuvimos, así como involucrar a la prensa en el proceso de verificación de los CD” explicó.

Otro de los puntos analizados con el jefe de Estado es el debate de la reforma del Código Electoral. Al respecto, aclaró en primer lugar que el proyecto de reforma aún no se presentó en el Congreso Nacional, pero las modificaciones que están planteando son sobre cuestiones técnicas y que forman parte del plan de reformas que será presentada por la Justicia Electoral.

Insistió en que el proyecto de reformas aún no fue presentado al Congreso, y que por de pronto, luego de conversar con sus colegas del TSJE, resolvieron no presentar aún por el momento.

“En su momento ya hemos venido a pedir el apoyo al presidente de la República, con esas reformas electorales. Pero ahora, en este momento, vinimos a plantear una pausa sobre esas reformas técnicas electorales. Porque en conversación con mis colegas, tomamos la decisión de que no es el momento político para presentar, y esto vinimos a comunicar al jefe de Estado”, remarcó.

El ministro Rossel informó que el tercer punto analizado con el mandatario tiene que ver con el apoyo que se le pueda brindar a la República de Haití, que es un tema que ya se había conversado durante la visita de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Asunción meses atrás.

Informó además que este miércoles está prevista una reunión virtual con representantes de la OEA y Haití para conversar sobre la organización de las próximas elecciones que se desarrollarán en este país.

“Cualquier ayuda que se pueda dar por parte de la Justicia Electoral al proceso de una mejor y mayor democratización del proceso en Haití, estamos para colaborar”, acotó.

El ministro Rossel afirmó que en la reunión con el mandatario no se trató el tema de la reforma o enmienda constitucional.

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El presidente de la República, Santiago Peña, anunció a través de sus redes sociales la firma del decreto de la ley de pensión universal para adultos mayores. Dicha legislación fue sancionada por el Congreso el pasado agosto y a través de la misma se elimina el mecanismo del censo para el acceso a los beneficios de la pensión.

“Hoy dimos un paso más para proteger y cuidar a quienes nos han dado tanto: promulgué la ley que establece la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores, junto con beneficios de acceso e inclusión. Para mí, asegurar el bienestar de nuestras personas mayores no es solo una responsabilidad, sino un acto de gratitud hacia quienes nos precedieron y trabajaron por el Paraguay que tenemos hoy. Ellos merecen vivir con dignidad y sentir que no están solos en esta etapa de sus vidas”, expresó el mandatario.

Esta ley contempla que ingresarán a la pensión las personas a partir de los 65 años, que no sean cotizantes del seguro social, que no cobren salarios del sector público o privado, alguna jubilación o tengan registrados al menos 30 cabezas de ganado. Asimismo establece que los adultos mayores de los pueblos originarios accederán a los 55 años y los que tengan discapacidad severa a los 60 años.

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El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) será la encargada de administrar los mecanismos de articulación con otras instituciones como el Registro Civil, Identificaciones, el Instituto Nacional del Indígena (Indi), la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), las distintas cajas de jubilaciones, entre otras más, de modo a cruzar los datos e incorporar automáticamente a los beneficiados.

Esta ley también dispone la creación de un fondo universal de pensiones para los adultos mayores, a fin de incluir 30.000 nuevos beneficiarios, a partir del inicio del programa y la inclusión gradual, acorde a la disponibilidad presupuestaria, dando prioridad a aquellas personas de mayor edad que aún no son parte del programa.

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Los senadores Dionisio Amarilla de la oposición y Lilian Samaniego de Asociación Nacional Republicana (ANR), se instalaron en la ciudad de Montevideo con el objetivo de observar el desarrollo de los comicios generales del Uruguay. Para elegir al sucesor del presidente Luis Lacalle Pou, fueron habilitados un total de 2,7 millones de votantes.

También se desempeñó como observador de las elecciones el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González. Las misiones de observación tienen como finalidad intercambiar experiencias con observadores de diversos países en relación a los procesos electorales y las buenas prácticas democráticas.

En estas elecciones generales los ciudadanos uruguayos no solo eligen al presidente y vicepresidente de la República, sino también a 30 integrantes de la Cámara de Senadores y 99 representantes de la Cámara de Diputados para el periodo 2025-2030.

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Entre los 11 aspirantes al cargo de mandatario, la disputa en las urnas se centra entre Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, Álvaro Delgado, del gobernante Partido Nacional y Andrés Ojeda, del Partido Colorado. Los locales de votación estarán abiertos hasta las 19:30.

Asimismo los uruguayos deberán sentar posicionamiento sobre dos propuestas de referéndum. El primero propone bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años y prohibir los regímenes privados de pensiones y el segundo plantea permitir allanamientos nocturnos.

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