Las denuncias sobre persecuciones políticas son una constante durante el tramo de proselitismo actual. La mayoría de las denuncias proviene de funcionarios de ministerios y entidades claves como es el caso del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), donde funcionarios aseguran que son suspendidos o removidos de sus actividades por no dar el apoyo político al oficialismo solicitado por sus encargados.
La denuncia, realizada en este caso por instructores asignados a la extensión educativa ubicada en Capiatá y que por temor a represalias pidieron que sus identidades permanezcan anónimas, sostiene que las persecuciones y pedidos de apoyo se iniciaron con la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, aspirante al Congreso por el movimiento Fuerza Republicana, pero que se agudizaron cuando Verónica Ayala, una de las directoras del SNPP, se candidató para presidenta de seccional por el mismo movimiento.
Una de las denunciantes cuenta con 14 años como instructora y desde agosto no es asignada a ningún curso a pesar de contar con todos los requisitos. La misma asegura que esto se debe a que su nombre se encuentra en una lista de funcionarios que no cumplieron o se negaron a pedidos de la directora Ayala, quien les exigía llenar buses para las campañas proselitistas con familiares y estudiantes del centro de formación, y quienes no lograban hacer esto eran apartados de sus cursos.
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“Si vos no estás a favor de la candidata a diputada, que es la ministra; o no trabajás con su equipo, te hacen a un lado. En este caso, en nuestra unidad la jefa directa es Verónica Ayala. Ella hizo el llamado instructor por instructor en donde nos dijo que teníamos que llenar un bus con los alumnos, amigos y vecinos para el lanzamiento de la candidatura de la ministra”, denunció la trabajadora.
Agregó además que los pedidos se fueron intensificando y que los instructores ya no podían evitar hacer extensivo a los alumnos las invitaciones a raíz de la presión que se les ejercía. “Nos vuelve a llamar y nos dice si no estamos alineados, salimos de la institución. Teníamos que asistir sí o sí a todos los eventos políticos, pero cuando yo le invité a mis alumnos y les expliqué que había un evento político, me respondieron que ellos no venían por política, sino para capacitarse”, comentó.
Denuncian que ante la negativa, varios de los funcionarios que se encontraban asignados a dictar ciertos cursos fueron cambiados y ya no le asignaron otros espacios de enseñanzas a pesar de estar preparados. En contrapartida, la directora de la unidad empezó a contratar a sus familiares directos para activar en la entidad a pesar de no contar con los requisitos solicitados para dar clases.
Por otro lado, los instructores en la situación de cese buscaron respuestas y también se postularon para nuevos proyectos, pero no fueron elegidos ni recibieron una explicación sobre la no aprobación de sus cursos. Lamentaron en ese sentido que a raíz de eso muchos de los instructores prefirieron seguir las instrucciones antes que perder sus asignaciones.