Mientras que el Poder Ejecutivo realiza constantes pedidos de ampliación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022 para diferentes instituciones del Estado, este miércoles el presidente Mario Abdo Benítez firmó el decreto por el cual veta totalmente el proyecto de ampliación presupuestaria para el Ministerio Público. Esta institución solicitaba una ampliación de 60 millones de guaraníes para la creación de 570 cargos para la Fiscalía General del Estado.
La propuesta presupuestaria vuelve al Congreso, donde legisladores de ambas cámaras deberán ratificar su sanción o bien aceptar el veto para que finalmente pase al archivo. El Ministerio Público estaba solicitando en total la suma de G. 64.707 millones, para la creación de un total de 577 cargos.
Este proyecto de ley había sido sancionado por la Cámara de Senadores el pasado 28 de septiembre y los legisladores tomaron en consideración la importancia y los alcances de la sancionada propuesta legislativa, teniendo en cuenta la precariedad con la cual trabajan habitualmente los funcionarios de la Fiscalía.
En tanto, que el Ejecutivo hizo a un lado esas precariedades y argumenta su veto total alegando que se basa en “velar los intereses generales de la población, siendo este un compromiso que supone el resguardo del correcto manejo de los recursos y la institucionalidad construida”, expresa parte de la exposición de motivos.
Millonarios pedidos pendientes
Lo llamativo del caso es que mientras el Ejecutivo veta un pedido de ampliación presupuestaria que prendería sacar de la precarización el trabajo de los agentes fiscales, Abdo Benítez aguarda la aprobación de varios pedidos de ampliaciones presupuestarias presentadas por ministerios que dependen del Ejecutivo como el pedido del propio Ministerio de Hacienda. Este proyecto sigue en estudio en el Congreso, como también el pedido de un préstamo de unos 240 millones de dólares al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Asimismo, para el programa de Becas Carlos Antonio López (Becal) se está solicitando la aprobación de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 30 millones de dólares para el fortalecimiento de programas. Igualmente, el Ministerio de Salud aguarda la aprobación de un préstamo del BID de 45 millones de dólares para el mejoramiento de la Red de servicios de Salud en varios departamentos.
Otros pedidos de ampliaciones presupuestarias tienen que ver con un préstamo de unos 63 millones de dólares por parte de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), y otros 115 millones de dólares del BID. Así como una ampliación presupuestaria solicitada por la Industria Nacional del Cemento. En total, están en juego alrededor de 500 millones dólares que pretenden ser aprobados para diversas instituciones del Estado, todos solicitados por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda.