El domingo último se realizó el gran remate de caballos criollos de las Ganaderas Sofía y Chajha, la segunda edición en gran Asunción, que culminó de forma exitosa por la venta de todos los lotes ofertados. Este resultado positivo refleja el interés y el aumento en la incursión de la raza.

Así lo informaron desde la Ganadera, tras la jornada favorable, en la que todos los lotes con cerca de 30 animales que ya estuvieron con pujas desde la preoferta habilitada días antes. El remate se llevó a cabo en el establecimiento de Ferusa, en Limpio.

“Fue un éxito el remate, porque tuvimos venta total de los animales que entraron en puja, fueron 11 castrados, 14 yeguas y 1 padrillo reproductor, con gran interés por los animales”, expresó al diario La Nación/ Nación Media, Luana Gómez Rossatti, de la Ganadera.

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El animal mejor valuado fue el padrillo, que se vendió en G. 56.700.000, luego las yeguas con el mejor precio de G. 32.760.000 mientras que el precio menor quedó en G. 10.080.000 y un promedio de G. 22.950.000. Mientras que los castrados se valuaron en promedio en G. 12.714.000, siendo el mejor pagado por G. 20.790.000 y un precio mínimo de G. 7.560.000.

Respecto a la incursión en la raza, el encargado de equinos de las Ganaderas, Mauro Villamor, comentó que desde hace 10 a 12 años vienen trabajando con el criollo, en gran medida debido a los atributos, que básicamente se adaptan bastante a las necesidades de las condiciones de trabajo en Paraguay, en lo que respecta a las tareas de campo.

“Las principales características del criollo, que son sus bondades, son la rusticidad, la capacidad de adaptación, la recuperación, la docilidad porque es una raza que se adapta muy bien al ganado. Esto es una selección de muchos años en América, que nosotros traemos con la mejor genética desde hace más de una década”, mencionó.

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Para mostrar todos estos atributos, es que las ganaderas iniciaron con el proyecto Criollos de las Ganaderas, para desarrollar la raza en el país con la crianza de los potros o animales nuevos de 4 años, aun sin ser montados, y venderlos en igualdad de condiciones para posteriormente incursionar en las competencias.

Estas competencias son las de doma, lazo y resistencia, que se realizan en el Chaco, para demostrar que los caballos están aptos para los trabajos de campo. Posterior a la venta, es acompañado con una asistencia de las ganaderas a los criadores, respecto a cómo deben ser adiestrados los animales, por lo que los remates van de la mano con las pruebas ecuestres.

El proyecto de la “función pública y la carrera del servicio civil” fue aprobado con modificaciones por parte de la Cámara Alta y al respecto, el senador Mario Varela indicó que están conformes con el texto y dejó en claro que de aprobarse esta iniciativa, tendrá alcance para los funcionarios de los tres poderes, no únicamente en los que dependen del Poder Ejecutivo, como se dio a entender por ciertos sectores.

“Claramente dice el artículo N.° 3 que se aplicará también esta ley al Poder Legislativo y al Poder Judicial manteniendo su autonomía, lo que buscábamos con esta modificación es que la independencia de los poderes se garantice nada más, pero esta ley se va a aplicar, sin embargo, el que aplique esta ley no va a ser el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, sino va a ser el presidente del Senado, de Diputados y la Corte Suprema de Justicia con la atribución constitucional del poder administrativo que le otorga la ley”, explicó.

En contacto con La Nación/Nación Media, el parlamentario manifestó que están satisfechos con la ley aprobada puesto que es fruto de un trabajo en conjunto entre varios sectores, incluyendo a las representaciones sindicales de diferentes sectores. Varela afirmó que esta es una ley consensuada y que es fundamental para modernizar la gestión pública del Estado.

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“Es un requisito importante que tengamos una ley innovadora, transparente, que valore la meritocracia en la función pública. En esta ley, el concurso público de oposición es obligatorio, el único mecanismo de ingreso en la función pública será ahora a través de ese mecanismo. La anterior ley hablaba también de eso, pero abría la ventana con muchas excepciones por eso es que no se aplicaba casi el concurso público, ahora la obligatoriedad es una característica fundamental de esta ley”, sostuvo.

Además, en uno de sus artículos también es contundente respecto al nepotismo y en la modificación del Senado, quedó una redacción en la cual no se permitirá esta práctica y se eliminó el apartado donde se permitía la contratación de cónyuges, concubinos o parientes para casos excepcionales.

“Quiero resaltar que no se violan las garantías constitucionales de la libertad sindical, porque se habló de que esta ley la prohibía, pero eso no es posible porque la libertad sindical y de asociación es una garantía establecida en la propia Constitución, ninguna ley puede estar por encima de esa garantía constitucional, es importante aclarar eso porque mucho se rumoreó acerca de esto”, enfatizó.

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Además, esta ley contempla otros aspectos como el establecimiento de un límite para la contratación de asesores, los perfiles de los cargos en las instituciones, los mecanismo para el ascenso, entre otros aspectos que apuntan a la meritocracia en todas las instituciones del Estado, a excepción de aquellas que tienen leyes especiales como los militares, policías o docentes.

El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Natalicio Chase manifestó que existen los votos necesarios para otorgar la media sanción del proyecto de reforma del servicio civil que tiene como finalidad iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público, principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Yo estoy seguro de que existen los números para la aprobación. Hay muy poca oposición y si existen serán sobre algunos artículos particulares, pero en general casi todos los senadores estamos de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley”, manifestó en una entrevista en el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Chase defendió a la vez exceptuación del Congreso Nacional y el Poder Judicial de la iniciativa que según sus afirmaciones no introduce cambios drásticos respecto a la Ley 1626 de la Función Pública, sino que se enfoca en mejorar la organización y hacer aplicable el sistema burocrático actual.

“Al final y a cabo menos del 3 % de todo el funcionariado público es del Poder Judicial y el Poder Legislativo. El 97 % de los funcionarios son del Ejecutivo. Sería inaplicable si fuera unificado, por ejemplo si hablamos de los tiempos de trabajo del sector docente, no se le puede aplicar 8 horas de trabajo cuando tienen un sistema de trabajo menor o mayor. Son todas situaciones particulares, el Estado es más complejo que un solo tipo de funcionario”, comentó.

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Además, el congresista aclaró que instituciones con normativas propias, como el Banco Central del Paraguay (BCP), el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el sector docente, también se encuentran excluidos de la propuesta.

“El proyecto de servicio civil excluye parcialmente al Poder Judicial y al Poder Legislativo en el manejo particular de la aplicación de la ley porque el rector de la política salarial sigue siendo el Ministerio de Economía y Finanzas y con un criterio de independencia y equilibrio de los poderes es que el proyecto de ley tiene este análisis particular, dijo Chase.

Sus afirmaciones fueron respaldadas por su colega Mario Varela citando el artículo 3 de la Carta Magna que garantiza un equilibrio de poder y control recíproco. “Si existe una concentración total y absoluta de parte del Ejecutivo esto podría poner en peligro la autonomía total”, comentó.

En lo referente a las políticas salariales, refirió al programa “Arriba hoy” que el Ministerio de Economía y Finanzas continuará estableciendo los lineamientos, pero cada poder conservará la potestad de definir perfiles y tipos de asesoría en sus propios ámbitos. “Algunos reclamos son atendibles, especialmente en el tipo de cargos, que deben cumplir con requisitos de experiencia y competencias adecuadas”, refirió.

Asimismo, Varela abogó por la inmediata aprobación del proyecto sosteniendo que la actual ley es prácticamente inservible. “La ley actual 1626 es prácticamente inaplicable, tiene cientos de pedidos de inconstitucionalidad y varios de sus artículos ya no están vigentes, entonces la necesidad de la modernización de la gestión pública se impone y es una necesidad absoluta”, manifestó.

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La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) expuso ayer jueves ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) el caso que envuelve a las propiedades decomisadas de Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. La institución lamenta la falta de resolución de este caso y la falta de una investigación del juez que ordenó el remate de los bienes.

“Gracias a estas reuniones que está organizando la Comisión, aprovechamos la ocasión para poner a conocimiento de las autoridades este tipo de situaciones”, expresó Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico en contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media.

García relató que dichos inmuebles, es decir, las estancias vinculadas al entorno de Cabeza Branca, fueron incautadas por el Ministerio Público y puestas a disposición del Juzgado del Crimen Organizado y de la Senabico. Luego, se dictaron medidas cautelares sobre estas propiedades que prohibían la posibilidad de innovar, contratar o cualquier otra modificación registral.

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“En este último remate que se intentó, el juez Édgar Rivas Laguardia tenía pleno conocimiento porque la Senabico había intervenido dos años antes en ese juicio civil y el día que él dictó hacer las publicaciones del remate, él tenía a la vista el informe de condiciones de dominio de la Dirección General de los Registros Públicos en el que taxativamente hablaba que esta propiedad tenía esas medidas cautelares, ni de innovar ni de contratar”, detalló García.

El asesor indicó que a pesar de esto, de todas formas se intentó ejecutar la subasta y teniendo en cuenta todos estos hechos, la Senabico se llevó una sorpresa cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó el archivo de la investigación preliminar que iba a ser aplicado sobre el magistrado, pese a la gravedad del asunto. “Lastimosamente que una conducta así quede impune genera un poco de frustración”, manifestó.

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