A través de un comunicado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) hizo un llamado especial al Ministerio de Justicia en el cual solicitan el cese de los abusos por parte de las autoridades penitenciarias en el interior de los centros de reclusión, sobre todo cuando se registran conflictos entre la población penitenciaria.
En ese sentido, señalan que el MNP en su último trabajo de monitoreo identificó prácticas generalizadas de tortura y malos tratos, sumadas a altos niveles de conflictividad derivados del antagonismo entre grupos rivales del crimen organizado.
En dicho documento dieron a conocer que el MNP, en el marco de su misión de prevenir situaciones que podrían propiciar tortura o malos tratos contra personas privadas de su libertad bajo la custodia del Estado, ha realizado y realiza trabajos de monitoreo al interior de las instituciones penitenciarias.
En ese sentido, señalan que recibieron denuncias referidas a actos de violencia cometidos por autoridades penitenciarias durante ciertas intervenciones, que se realizaron en las cárceles de Emboscada, Misiones, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y el viernes último en Pedro Juan Caballero.
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“Hemos detectado prácticas generalizadas de tortura y malos tratos, sumadas a altos niveles de conflictividad derivados del antagonismo entre grupos rivales del crimen organizado de base carcelaria. Preocupa que a la fecha ocupe el cargo de director de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero el señor Domingo Antonio Bazán, cuya gestión al frente de distintas instituciones penitenciarias fue objetada de manera reiterada y frontal por el MNP desde hace cuando menos ocho años debido a sus comprobadas prácticas de tortura y malos tratos hacia las personas privadas de libertad a su cargo”, expresa parte del documento.
Finalmente, señala que a la luz de estas consideraciones, el MNP llamó la atención, de manera reiterada, al Ministerio de Justicia sobre el uso excesivo de la fuerza como única respuesta a la actual situación de conflictividad, la cual nunca podrá ser superada por el camino de la violencia institucional y, en consecuencia, exige a las autoridades responsables del sistema penitenciario la adopción de medidas racionales y dialogadas que permitan la recuperación, por parte del Estado, del gobierno de las cárceles.