El doctor Marcelo Duarte, abogado constitucionalista, dio su punto de vista durante una entrevista en el programa “Pase lo que pase” emitido por Universo 970am/Nación Media sobre las acusaciones que se realizaron en una conferencia por parte de los representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, la Secretaría de Corrupción, y la Aduanas, donde vincularon a la empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa) con la investigación del avión venezolano-iraní.
Duarte aclaró que si bien esta acusación fue desmentida por el abogado de la firma, Pedro Ovelar, asume que la forma en que se presentó la investigación, de manera pública y a través de estamentos que no están ciertamente calificados, le hacen presumir que no son tan firmes las pruebas obtenidas a pesar de que las mismas ya fueron puestas en manos del Ministerio Público esta mañana.
“Lamentablemente, como estamos en un periodo preelectoral y dentro de poco vamos a estar en un periodo propiamente electoral, los comentarios tienen cierto sesgo y que hasta cierto punto nomas son objetivos. Después ya hay una especie de pica entre los sectores que están en puja, entonces, mi recomendación, al menos, es tomar con pinzas lo que dice uno y lo que dice el otro”, remarcó el letrado.
Le puede interesar: Ministros electorales acompañarán elecciones de Brasil y Perú
El constitucionalista también remarcó el hecho de que este tipo de acusaciones no pueden ser tomadas a la ligera y menos en conceptos políticos, porque las mismas afectan directamente a nuestra imagen, país, y el concepto en que se encuentran nuestras instituciones y situaciones políticas.
“Hay que tener en cuenta que el mensaje llega a propios y extraños, digamos a la comunidad nacional que está trabajando día a día para llevar el pan a su casa y a nivel internacional. La imagen que damos al exterior, entonces, pónganse en el lugar de los jefes de Estado, de las autoridades de los países vecinos y otros países que pueden ser o no limítrofes” sentenció Duarte.
El abogado sostuvo que el uso de temas como la denuncia a una empresa generadora de cientos de empleos a nivel nacional para confundir a la opinión pública del verdadero e importante asunto que debe ocupar, levantando una polvareda inmensa que impide ver qué hay detrás y es una antigua práctica dentro de la política.
Dejanos tu comentario
Marzo Paraguayo, la gesta ciudadana que 26 años después repercute en la memoria histórica
- Por Juan Marcelo Pereira, juan.pereira@nacionmedia.com.
“Marzo de 1999 constituye un capítulo del pasado que, sin dudas, seguirá en nuestra memoria histórica por muchas generaciones”, manifestó el historiador José Federico Samudio Falcón, al conmemorarse en estos días los 26 años de la crisis política y social marcada por el luto y el despertar del clamor popular en defensa de la democracia paraguaya, que se conoce como el Marzo Paraguayo.
“Por vez primera ocurrieron cosas en distintos ámbitos, que no habían ocurrido hasta entonces. Fue la primera vez que un vicepresidente de la República paraguayo fue asesinado. También, la primera vez que colapsó un gobierno en democracia”, sostuvo al diario La Nación/Nación, haciendo referencia al magnicidio del último caudillo colorado, Luis María Argaña, registrado en la mañana del 23 de marzo, cuando transitaba en la entonces calle Diagonal Molas, de Asunción, en compañía de su chofer y guardia.
Su camioneta Nissan Patrol, de color rojo, que debía transportarlo desde su vivienda en el barrio de Las Carmelitas hasta la sede de la Vicepresidencia, fue acribillado a balazos y se arrojó una granada debajo, que no se detonó; su muerte fue confirmada poco después en el sanatorio Americano.
El ataque contra Argaña dio inicio al evento histórico denominado Marzo Paraguayo, en que se registró una serie de manifestaciones en las plazas y calles aledañas al Congreso Nacional para reclamar la renuncia del mandatario Raúl Cubas Grau, sindicado junto con el general retirado Lino César Oviedo de ser los responsables del magnicidio.
“Fue, además, la primera vez que el pueblo paraguayo pudo comprobar empíricamente, que la supervivencia o el fin de un gobierno podía definirse no solamente mediante golpes militares, como tantas veces ocurrió en nuestra historia, o a través de elecciones. El vigor del clamor popular en las calles, que se descubriría en esos álgidos días entre el 23 y 28 de marzo, también podía jugar un rol definitorio”, indicó Samudio Falcón a La Nación.
Lea más: Cartes recorrió zonas de Israel que fueron atacadas por el grupo terrorista Hamás
Represión y tiroteo
Los lugares en donde se desarrollaron las protestas ciudadanas pasaron a convertirse en territorio de batallas campales, que alcanzaron su máxima tensión el viernes 26 de marzo, con una intensa represión policial, y tiroteos que dejaron como saldo 8 muertos y 769 heridos entre los manifestantes.
La nomina de los fallecidos estuvo conformada por Cristóbal Espínola, Manfred Stark González, Henry Díaz Bernal, Armando Espínola, Víctor Hugo Molas, José Miguel Zarza, Tomás Rojas y Arnaldo Paredes (quien murió un año después como consecuencia de las heridas recibidas durante las manifestaciones).
Indignación colectiva
“Ese marzo con apodo, vive y vivirá en la mente de los paraguayos, como lección de que el sentir de la sociedad paraguaya debe ser tenido en cuenta. No puede ser descartado mediante meros actos de fuerza, trátese de un magnicidio o la salida de tanquetas a la vía pública. Pues, para bien o para mal, cuando la indignación colectiva se siente provocada, sin respuesta a los agravios recibidos y arrastrada a disputas por fuera de la institucionalidad, puede sorprender a propios y extraños con un rugido capaz de hacer temblar las plazas y calles, y con ellas, los cimientos del status quo”, dijo el historiador.
El conflicto cerró por la noche del 28 de marzo, con la renuncia de Cubas, quien permaneció en el poder solo 8 meses para posteriormente partir al exilio en Brasil; y el juramento del senador Luis González Macchi como jefe de Estado. Mientas que Oviedo escapó a Argentina, donde obtuvo asilo político.
Lino Oviedo
“Estos hechos dejaron bien claro que Oviedo no era tan valiente como presumía, ni tenía el gran respaldo popular del que presumía, sino sólo el de los nostálgicos de la dictadura stronista y los oportunistas de siempre. El marzo paraguayo fue una gesta patriótica de la ciudadanía, cansada de la injerencia de Lino Oviedo en las decisiones del gobierno de Cubas Grau, quien se encontraba constreñido en sus funciones por la fuerte influencia de Oviedo en el Partido Colorado y las FF.AA.”, mencionó el analista político Marcelo Duarte.
“Los gobiernos que se someten a la presión de factores externos opuestos a lo decidido democráticamente por la voluntad popular causan una reacción inversa y directamente proporcional de la ciudadanía contra quienes la provocaron y quienes ceden ante ellas de ahí que Oviedo tuvo que huir del país y refugiarse en el extranjero y el presidente Cubas Grau renunciar”.
Posteriormente, Oviedo retornó al Paraguay, y a prisión, en junio del 2004. En octubre del 2007 fue absuelto de la condena de 10 años fijada en 1997, tras un intento golpista contra el expresidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, y en el 2008 en la causa judicial conocida como la Masacre del Marzo Paraguayo. Se postuló, sin éxito, a la presidencia en el 2008 y el 2013. Falleció el 2 de febrero de 2013, en un accidente aéreo.
“El pueblo paraguayo se demora en reaccionar, pero cuando lo hace su fuerza es incontenible, esa es la lección que nos dejó el marzo paraguayo y debe servir de ejemplo a los aprendices de dictadores, sus títeres y a las nuevas generaciones de paraguayos”, sentenció Duarte.
Dejanos tu comentario
Avión iraní: jueza confirma que no se encontraron hechos ilícitos en operación comercial
La jueza penal de Garantías, Lici Sánchez, explicó los fundamentos y las pruebas presentadas para la desestimación de la denuncia del Ministerio Público sobre los integrantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur. Esta investigación había iniciado tras la denuncia de René Fernández, exministro abdista de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en contra de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) con firmas de otros países para que sea objeto de sospecha. El pedido para desestimar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce.
La jueza explicó que el Ministerio Público inició una investigación en base a la ley 4.024 y la modificatoria 6.408, que refiere a la asociación terrorista, financiamiento de terrorismo. Esta normativa hace referencia a quien creare, dirigiere, prestare apoyo para estas organizaciones terroristas. “Esa es básicamente la normativa que nos convoca”, dijo Sánchez, este lunes, en entrevista al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Leé también: Jornada de Gobierno en Caaguazú: entregan casi 500 títulos de propiedad a productores
“El Ministerio Público hace sus diligencias. Tengo desarrollado en la resolución de nueve tomos de expediente, en el cual comunica al juzgado que solicita la desestimación en razón de que la conducta observada por los mismos no es la conducta típica de estas normativas y tampoco los hechos presentados son ilícitos”, indicó. En este sentido, el juzgado realizó una búsqueda profunda de todas las documentaciones, lo que se ha plasmado en la resolución en la consideración, de suma importancia, a los efectos de dar o no viabilidad del requerimiento fiscal.
“Encontramos que esta empresa Emtrasur, que es la responsable, vamos a decir, de la aeronave en cuestión, porque aquí también hay que hacer una división entre la problemática generada con el avión y la problemática generada con la tripulación y también la problemática generada con la carga de la empresa Tabesa. Son tres ejes en la misma cuestión. Esta empresa Emtrasur vendría a ser una división logística de transporte de carga de origen venezolano y como brazo logístico de la empresa Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A.)”, explicó la jueza a Nación Media.
Subcontratación a otras empresas
Indicó que la empresa Emtrasur realiza a su vez una subcontratación de otra empresa paraguaya, con domicilio en Ciudad del Este (Alto Paraná), para que la misma realice las gestiones documentales en el aeropuerto. “Todas estas circunstancias han acontecido, creo que fue el 13 de mayo del año 2022, específicamente. Bueno, esta empresa, que sería como una operadora terrestre, nuevamente contrata a otra empresa exclusivamente para el transporte de la tripulación desde el Aeropuerto Guaraní hasta un hotel con domicilio en Ciudad del Este”, apuntó.
En esta operación de traslado de carga y tripulación intervinieron varias empresas, y estas documentaciones fueron las arrimadas por el Ministerio Público, con una secuencia de informaciones, también se han prestado varias declaraciones testimoniales de los responsables de todas las empresas involucradas, y todas han demostrado cuáles son sus responsabilidades.
Informe de la Dinac
También se cuenta con un informe remitido por la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac), por el entonces titular Félix Kanazawa, que manifiesta que la aeronave con matrícula 3531 realizó una operación en el mes de mayo del 2022 y que contaba con todas las autorizaciones ya desde mayo del mismo año. “Estaba preestablecido el itinerario que debía de traer esta aeronave que partía del aeropuerto, Maiquetía (Venezuela), esta venía directamente a esta ciudad y de Ciudad del Este nuevamente a Aruba”, mencionó la jueza.
Finalmente, indicó que la investigación giraba en torno a que independientemente de que la actividad comercial sea lícita o ilícita, si ésta iba dirigida a financiar a grupos terroristas. “Ese punto y ese extremo no fue acreditado, ni fue demostrado, ni existen documentaciones, y por sobre todas las cosas hay que tener muy presentes también los informes remitidos por entonces”, puntualizó la magistrada Lici Sánchez en comunicación con Nación Media.
Te puede interesar: Policía desplegará 12.000 agentes para garantizar seguridad en marcha campesina
Dejanos tu comentario
Piden juicio oral para cabecilla de megaestafa en venta de vehículos
La fiscala Lourdes Bobadilla presentó acusación contra Denis Steven Barbero Chávez, Carlos Alfredo Bareiro, Carlos Rubén Yrala Fernández por los delitos de estafa y asociación criminal en el caso conocido como Steven Automotores. Igualmente, fueron acusados el juez Jorge Adolfo Franco Garaleik y la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez por los hechos punibles de prevaricato.
La presentación se hizo ante la jueza penal de garantía Gladys Fariña, quien tendrá que admitir la acusación del Ministerio Público y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se pudieron recolectar varios elementos probatorios que responsabilizan del hecho punible mencionado para cada uno de los procesados. Asimismo, la Fiscalía sostiene que en el presente caso existen 255 víctimas. La causa destapó un esquema de estafa donde se tenía como cómplices a jueces y funcionarios judiciales, que hoy están acusados y con pedidos de que el caso se eleve a juicio oral y público.
Te puede interesar: Acoso sexual: sancionan con 48 horas de arresto a juez suspendido
Este caso de megaestafa trascendió en marzo de 2024, con la imputación del juez Jorge Adolfo Franco Garelik, juez de Paz de Chacoí-Nueva Asunción, y de su actuaria Gabriela Noemí Gaona Benítez, por la emisión de resoluciones como orden de secuestro violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles de Denis Steven Bareiro.
Una de las víctimas que abrió esta investigación había adquirido un vehículo en agosto de 2023, en la playa de ventas de vehículos ubicada sobre las calles Acceso Sur casi Mangoré de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de G. 1.694.000. Sin embargo, al retrasarse con la primera cuota, el 2 de octubre le secuestraron el vehículo con orden judicial, y le solicitaron la entrega de G. 17.000.000, así como la firma de un segundo contrato de compraventa, negándole la devolución del vehículo, del dinero de la primera entrega y los pagarés firmados.
Podes leer: Brasileño falleció en extrañas condiciones en Ciudad del Este
Dejanos tu comentario
Filtración de Seprelad: “No se dedican a refutar los hechos, solo a incidentar”, dice González
El secretario general de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Eduardo González, se refirió sobre la decisión de la Fiscalía de acusar y requerir juicio oral y público para los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer persecución política y terrorismo de Estado mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Acá el órgano investigador establecido por la propia Constitución Nacional hizo su trabajo. Yo veo muy bien elaborada la investigación por lo que es el resultado final de la acusación, el mismo se basa en hechos concretos, es muy interesante porque podemos ver como operaban”, expresó al programa “Cara o Cruz” emitido por Unicanal.
Tanto Abdo Benítez y sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, Mauricio Espínola, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
“Esto no puede volver a ocurrir, no podes aprovecharte del aparato estatal para atacar a tu adversario de turno. Nunca se dedicaron a refutar los hechos, solo a incidentar el proceso. Los abogados defensores se pasan chicaneando”, cuestionó González.
Lea también: PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña
La imputación surgió tras la denuncia formal por persecución política impulsada por el exjefe de Estado, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de las pasadas elecciones internas, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.
“Ellos ya saben de qué se les acusa y de qué defenderse. Tienen la oportunidad que no tuvo el expresidente Horacio Cartes, el de defenderse, de presentar un abogado, de conocer de qué se le está acusando. En este caso se puede ver un relato de hechos en la elaboración de un informe totalmente tendencioso, incluso se puede saber cuándo fueron sus reuniones, todo se encuentra corroborado como por ejemplo la remisión de informes de computadora a computadora”, indicó el también abogado al referirse sobre el informe de la Seprelad elaborado contra Cartes que habrían sido remitido a Estados Unidos, para que sea utilizado como garrote político.
Te puede interesar: Frente Guasu celebrará 15 años de fundación en medio de divisiones