La Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos del Congreso Nacional, liderada por el senador del Frente Guasu Jorge Querey, analizará la próxima semana el informe realizado por su colega Enrique Riera, del Partido Colorado, respecto al avance del crimen organizado en el gobierno del mandatario Mario Abdo Benítez, referente al comportamiento del negocio de la droga.

El pedido fue realizado por el diputado del movimiento Honor Colorado Basilio “Bachi” Núñez, quien dijo que el Paraguay va rumbo a convertirse en un “narco Estado”. “Desde el 2019, 2020 hasta la fecha prácticamente 470 toneladas de cocaína se dejaron de interceptar, eso equivale a un monto total de 25 mil millones de dólares, que es prácticamente el doble del presupuesto de la nación paraguaya”, indicó mediante una entrevista con los medios de prensa.

La administración de Abdo Benítez se jacta de realizar un fuerte combate al crimen organizado; sin embargo, los números generados por la rama más criminal de estos flagelos delictivos muestran que no existe realmente una sinceridad en la lucha con­tra el tráfico de drogas en el Paraguay.

En los últimos tres años se incautaron 47 toneladas de cocaína “paraguaya”, tanto en nuestro territorio como en puertos marítimos de Europa. Un reporte presentado por el senador Enrique Riera señala que del total de droga traficada solamente se incauta el 10%, y calcula que por Paraguay se movieron cerca de 470 toneladas del polvo blanco.

El informe fue presentado por Riera a autoridades norteamericanas durante el encuentro de la Unión de Partidos Latinoamericanos. “Las drogas son incautadas en el exterior, entonces yo creo que es una debilidad institucional que se debe tener en cuenta. Nos estamos convirtiendo ahora hasta en un país productor de droga, hasta laboratorios de cocaína fueron encontrados en el Paraguay en el marco del operativo A Ultranza”, sostuvo Núñez.

Las evidencias son claras, desde el 2020 hasta la fecha, los organismos nacionales e internacionales incauta­ron 47.538 kilos. Estas car­gas pasaron por los puertos paraguayos sin ser detec­tadas por los controles de la Administración Nacio­nal de Navegación y Puertos, de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Secreta­ría Nacional Antidrogas (Senad).

La cantidad total de “cocaína made in Paraguay” decomi­sada, que llegó a 47.538 kilos, tiene un valor de mercado de casi US$ 2.500 millones. Se estima que las incautacio­nes son 10% o menos del valor total exportado; es decir, el comercio de cocaína que pasó por Paraguay en los últimos tres años se calcula en US$ 25.000 millones, pues lo estimado de droga traficada sería 470 toneladas, según el informe.

Para referenciar el alcance del comercio ilícito, el dos­sier señala que el Presu­puesto General de Gastos de la Nación (PGN) es de US$ 13.000 millones. O sea, el crimen organizado movió cargamentos cuyos costos representan un 92% más del presupuesto público para un año, casi el doble.

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Por otra parte, el senador Querey comentó que también fueron invitados ante la instancia legislativa el embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, para abordar temas relacionados al terrorismo, lavado de dinero y narcotráfico.

Mientras que con el representante del Brasil ante el Paraguay, José Antonio Marcondes de Carvalho, se prevé debatir sobre el tráfico ilícito de cigarrillos, sus derivados y narcotráfico. “Nosotros tenemos como fecha límite la primera quincena de octubre para presentar el informe final”, detalló.

Al respecto, comentó que el informe se realizará independientemente a la no comparecencia del expresidente de la República Horacio Cartes, quien también fue convocado en varias ocasiones por la comisión en el marco de una campaña de persecución política, de acuerdo a lo denunciado por el diputado Núñez. El exjefe de Estado ya había demostrado su predisposición de comparecer por escrito.

En la lista de convocados por la Comisión Bicameral de Investigación también se encuentra la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi, quien cuestionó las actuaciones de agentes del Ministerio Público.

Por otra parte, refirió que también tienen agendada una visita al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, y a la fiscal general del Estado (FGE), Sandra Quiñónez, para solicitar el acceso al expediente relacionado al Luis Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, quien mediante un prestanombre logró realizar millonarias operaciones con el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

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