La Junta de Gobierno de la Asociación Nacio­nal Republicana (ANR), liderada por Horacio Cartes, dio curso favorable al proyecto de modificación de artículos de su Código de Ética con el fin de castigar a sus can­didatos a cargos públicos que transgredan las disposiciones establecidas en la legislación nacional referente al financia­miento político, la prevención de lavado de activos y la finan­ciación del terrorismo.

Los cambios fueron plan­teados por el Tribunal de Conducta de la agrupación tradicional ya con miras a las elecciones municipa­les previstas para el 2026 y las presidenciales en 2028. Las nuevas sanciones serán aplicadas únicamente por el citado órgano y sus resolucio­nes serán apelables ante una Convención ordinaria.

Indica que las sanciones solo serán impuestas con la observancia de las garan­tías del debido proceso. Las modificaciones se centran específicamente en el artí­culo 12 en donde se establece que el afiliado candidato en internas o en representación del partido será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del partido. El articulado señala además que la multa será calculada con base en las normas regla­mentarias emanadas del Tri­bunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Otra de las modificaciones aprobadas por los miembros de la Junta se centra en el artí­culo 13 del Código de Ética donde se sostiene que el afi­liado sancionado que reinci­diere en la transgresión pre­vista en el artículo anterior será suspendido en sus dere­chos de afiliado por un plazo de hasta 5 años, previo pro­cedimiento sumario ante el Tribunal de Conducta.

También fue modificado y aprobado el artículo 14 el cual indica que el afiliado candi­dato que reitere la conducta prevista en los artículos 12.° y 13.° de este código será pasi­ble de expulsión de los regis­tros del partido. La misma pena será impuesta al afi­liado que incumpliere la reso­lución emanada del Tribunal de Conducta, proveniente de los dos artículos citados.

El director de financiamiento político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, afirmó que la falta de registro de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dificulta la trazabilidad (origen del dinero) y el control del financiamiento político partidario.

El funcionario electoral participó en la primera reunión de la Comisión Conjunta de Investigación de Antilavado del Congreso, en la que analizaron las dificultades y desafíos para monitorear el financiamiento político desde las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales.

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Ruíz Díaz subrayó la complejidad del tema abordado debido a las múltiples etapas y ámbitos que involucra, por lo que no se descarta que esta no será la primera vez que sea citado por los legisladores para hablar sobre el tema. Indicó que los parlamentarios formularon varias consultas, las cuales respondieron de acuerdo al conocimiento que tienen y el análisis que vienen realizando a las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones políticas.

Aclaró que hasta la fecha no se ha identificado ninguna ONG que haya financiado directamente alguna campaña política o candidato en las últimas elecciones. Sin embargo, la conversación reveló que aún persisten preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que individuos asociados a las ONG puedan financiar campañas a título personal.

“Producto de las verificaciones que hemos realizado no pudimos identificar a la fecha la existencia de alguna ONG que haya aportado a alguna candidatura, porque el trabajo continúa. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber es quiénes integran las ONG, porque como organización tal vez no realicen los aportes, pero pueden realizar a través de una persona física”, remarcó.

No obstante, lamentó que no exista un registro de las personas que integran estas oenegés, ya que “no es como un partido político que cuenta con afiliados. Por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, explicó.

Mencionó el caso de la Organización Alma Cívica, vinculada a Soledad Núñez, que se había postulado como candidata a vicepresidenta en la chapa por la Alianza; además su esposo Bruno Defelippe se había presentado como candidato a senador. Esta misma organización había solicitado ser parte de las elecciones como observadores electorales nacionales, por lo que desde la Justicia Electoral al detectar esta situación decidió negarle el derecho a llevar el control electoral.

“Ahora de que se financie con el dinero de la ONG, claro que está mal y prohíbe el artículo 68. Lastimosamente, no existe un registro de quiénes son los que integran las comisiones directivas de las diferentes organizaciones sin fines de lucro; por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, acotó.

Por otra parte, indicó que no solo se debe pensar en el financiamiento político, ya que ni bien exista dinero proveniente de hechos ilícitos fácilmente podría permear en cualquier estrato social y en cualquier etapa. Y la política tal vez sea la última, ya que elecciones se tiene cada cierto tiempo. “Por ello es importante que todas las instituciones del Estado trabajen en conjunto para llevar adelante los controles”, enfatizó.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó los motivos por los cuales por ahora no habrá censo para adultos mayores para acceder a la pensión de la tercera edad otorgada por el Estado. Las nuevas incorporaciones están supeditadas a la disponibilidad presupuestaria de la institución. También señaló que con la transferencias del programa desde el Ministerio de Economía descubrieron a 500 fallecidos que seguían figurando como beneficiarios.

“Nos vimos obligados a sacar un comunicado porque nunca falta quien hace populismo con los programas sociales y especialmente el de adultos mayores. Lamentablemente en la Cámara de Diputados hubo una intervención de un parlamentario en donde hicieron declaraciones que no condicen con la realidad y tuvimos que salir a aclarar esta situación”, señaló Rojas, este viernes, al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Dijo que el programa de adultos mayores, desde que salió la ley de transferencia de los fondos desde Ministerio de Economía al Ministerio de Desarrollo Social, se ha hecho el traspaso de manera que ningún adulto mayor que cobra su pensión tenga la necesidad de acreditar nuevos documentos ni someterse a un proceso de actualización de datos.

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Sin embargo, se han detectado algunas anomalías como el cobro indebido de la pensión perteneciente a beneficiarios ya fallecidos. “Estamos trabajando igualmente en la base de datos haciendo cruzamientos de manera que podamos detectar fallecidos que siguen cobrando. Hemos ya excluido, el mes anterior, a más de 500 que estaban cobrando aún que eran fallecidos”, reveló.

Actualmente se paga a entre 111 a 113 mil adultos mayores por mes, informó el ministro. “También recibimos un grupo de 1.200 de gente que estaba en lista de espera hace dos años, inclusive, y por algún motivo no se les comunicó a esta gente de que debían presentar la actualización de documentos para que puedan ser incorporados. Pero hoy más de 500 ya han sido incluidos”, manifestó.

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Rojas aclaró que el Presupuesto General de Gastos de la Nación asignó a dicho programa hasta G. 310.000 millones por año, pero generalmente se obliga 2.000 millones más. “Lo que dije es que no es que no se va a hacer más censos, antes se hacían los censos a mansalva sin cuidar la disponibilidad financiera del programa”, refirió.

El censo no garantiza una inclusión inmediata sino depende de la disponibilidad presupuestaria, aclaró el ministro Rojas. “Voy a hacer censo cuando tenga la disponibilidad financiera porque si hoy hago yo, en 10 o 15 días debo incluirle ya a esa persona que fue censada si cumple los requisitos. Y no voy a hacer censo para levantar una falsa expectativa en la gente”, remarcó.

El economista jefe del Banco Central del Paraguay (BCP), Miguel Mora, manifestó que actualmente la prioridad de la banca es centrarse en man­tener una inflación baja, en línea con el objetivo estable­cido para el cierre de año, en torno a 4 %. Mientras tanto, respetarán las tendencias del precio del dólar en el mercado sin realizar intervenciones, según declaró Mora.

“Nuestro objetivo princi­pal hoy es la inflación que está en 3,5 %. Sobre el precio del dólar, nosotros respeta­mos las tendencias del mer­cado”, señaló Mora a la 1000 AM. También mencionó que existe un aumento del tipo de cambio en las monedas de Uruguay, Perú, México, Bra­sil, Chile y Colombia, aparte de la depreciación que sufre Argentina, pero ya desde hace años.

Si la tendencia de suba de la divisa nortea­mericana sigue, uno de los afectados será el sector de importadores en el país. Al respecto, la Asociación de Importadores del Paraguay (Asimcopar) ya se pronun­ció y pidió al BCP conte­ner la suba. Sin embargo, la banca ha sido clara sobre el pedido. El dólar bajó en la jornada de ayer 10 puntos, ubicándose así en G. 7.410 a la venta minorista, 20 pun­tos por debajo del pico de G. 7.430, registrado el pasado 17 de octubre, de acuerdo con el histórico de las pizarras del mercado cambiario.

El economista jefe del BCP habló además sobre la macro­economía de Argentina, que en días más tendrá eleccio­nes generales presidenciales, un hecho que determinará la política económica y mone­taria del país para los próxi­mos años, atendiendo la cri­sis que viven desde hace dos décadas por la depreciación del peso.

“Tienen que ordenar la macroeconomía, no hay con­fianza en el peso. La inflación está por 140 %. Vemos que es un camino para restablecer eso, pero lo que previamente se necesita es eliminar el financiamiento moneta­rio del déficit que tienen. Hoy gastan más de lo que ingresa”, opinó Mora sobre la economía del vecino país.