El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se reunió con el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y abordaron sobre la posibilidad de que ambas instituciones puedan cooperar en casos que se vea afectado el patrimonio del Estado. El procurador resaltó la apertura del fiscal general para trabajar en conjunto.

“Mantuvimos una reunión con el fiscal general y le hemos solicitado una cooperación sobre la cuestión también al Poder Judicial para que la Procuraduría General de la República sea comunicada cuando exista una sanción por un hecho punible en el que se vea perjudicado el patrimonio del Estado”, expresó.

A esto añadió, “de la misma manera, que sea informada cuando exista una salida alternativa al proceso, de modo que el Estado pueda hacer prevalecer, cuidar y exigir el respeto al patrimonio estatal”. González indicó que están confiados en que se pueda llevar adelante un trabajo en conjunto tanto con la Fiscalía General del Estado como con el Poder Judicial.

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El objetivo de esta cooperación es “institucionalizar” estos procesos donde el patrimonio del Estado se puede ver afectado. Por su parte, el fiscal general del Estado mostró apertura a la petición y manifestó que hará lo necesario para ejecutar dicha solicitud.

“El doctor Emiliano Rolón es un docente, jurista, entiende y conoce las reglas y nos comentó que él va a hablarlo al interior de la Fiscalía General del Estado para que pueda hacerse realidad y podamos trabajar en conjunto todas las instituciones”, culminó diciendo González en diálogo con varios medios de prensa.

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El diputado opositor Rubén Rubin indicó que quedó conforme con las explicaciones que brindaron el fiscal general del Estado Emiliano Rolón; el ministro del Interior Enrique Riera y el comandante de la Policía Carlos Benítez, durante la reunión reservada realizada hoy miércoles en la Cámara de Senadores. A la salida, afirmó que ya en el plenario manifestó a las autoridades su total respaldo.

En conversación con varios medios de prensa, el parlamentario manifestó que la Policía debe cumplir el mandato de la Fiscalía una vez que el juez libre la orden de allanamiento, ya que es una institución no deliberante.

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“Personalmente, sí estoy conforme, y miren que yo fui uno de los que bastante criticaron en estos días, porque me parecía una vergüenza que el ministro y el comandante digan no sé; que el fiscal general salga a decir que esto puede pasar. Porque esto no puede pasar y más aún no grabar el procedimiento. Yo le pregunté si nos estaban ocultando algo o no. Finalmente, nos demostraron pruebas contundentes, que imagino que harán públicas en cualquier momento, y les trasmití en el pleno mi total respaldo”, expresó.

El diputado Rubin agregó además que caiga quien caiga, no importa que sea diputado, senador, ministro o el propio presidente de la República; si alguno de ellos forma parte del crimen organizado tiene que caer. Respecto al procedimiento que se llevó adelante en la casa del diputado Eulalio Gomes, dijo que al igual que muchos coincide en que no fue el adecuado.

“Desde el vamos no tiene sentido que no se haya grabado el procedimiento, siendo un procedimiento tan delicado. Creo que hubiera sido el mayor resguardo para todas las partes, es por eso que ahora hay tantas suposiciones, porque cometieron el error de no grabar el procedimiento, cosa que dijeron que no se volverá a repetir”, indicó.

El parlamentario aclaró que él no firmó el pedido de renuncia del ministro y el comandante, porque la propuesta del tercer espacio en la Cámara Baja era solicitar a las autoridades que den la cara y brinden las explicaciones correspondientes.

“Personalmente puedo decir que estoy conforme, vamos a ver qué piensa el resto de la bancada. Además ratifico mi total respaldo al fiscal general, al ministro y al comandante, porque se viene una presión muy fuerte y necesitan el respaldo de la ciudadanía y la clase política. Porque insisto en esto, no creo que sea el último caso que involucre a un legislador”, enfatizó.

Mencionó que durante la reunión mostraron una reconstrucción de los hechos, con evidencias, que muestran claramente cómo sucedieron los hechos. Indicó que con las evidencias, sin detallar cuáles, se señalan claramente el actuar de cada uno de los involucrados.

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El senador Basilio Núñez sostuvo que el Ministerio Público requiere de más presupuesto, que por años estuvo relegado por cuestiones políticas. Las declaraciones del legislador se dieron en torno al comunicado y preocupación de la familia del fiscal Marcelo Pecci, ante el escaso avance para esclarecer su asesinato.

“Creo que fue una expresión del fiscal general. Lo que le digo es que trabaje, que investigue y llegue a un final para todas las víctimas, en este caso del fiscal Pecci, que se encuentre una solución para la familia”, indicó Núñez ante los medios de comunicación en el Senado.

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Al respecto, mencionó que una de las principales problemáticas de la Fiscalía General es la falta de presupuesto, que ya obtuvo un importante aumento presupuestario, sin embargo, aún no es suficiente. “Se puede apoyar bastante (desde el Senado), hablar con el Ejecutivo también, principalmente todo va desde el punto de vista presupuestario, se le dio (aumento presupuestario), pero creo que necesita un poco más”, apuntó.

Por otra parte, criticó que por mucho tiempo por cuestiones políticas el presupuesto del Ministerio Público fue dejado de lado, y este es el resultado actual. “La Fiscalía General del Estado no se le dio presupuesto para tener los profesionales respectivos en su momento, pasamos cinco o seis años con intentos de juicios políticos, ahora vemos un sector que en un principio decía que el cartismo iba plantear juicio político contra este fiscal general, ahora ese mismo colega critica al fiscal general”, cuestionó.

Apuntó, además, en dar más tiempo a la Fiscalía y con las herramientas necesarias para que se den los resultados a la larga. “En este primer año que pasó, darle las herramientas, un mínimo de aumento, creo que fue de 50 mil millones de guaraníes para recursos humanos. Escuché también decir al fiscal general que necesita más, yo le daría más tiempo y los resultados se van a ver”, puntualizó.

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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Hugo Fleitas y el miembro del Directorio Miguel Abdón Saguier, enviaron una nota de respuesta al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón en la que solicitan desestimar la demanda penal promovida por 4 senadores por instigación y coacción a órganos constitucionales y poderes del Estado e incitación a cometer hechos punibles.

En la extensa explicación refutan y argumentan cada aspecto de la denuncia penal que fue presentada por Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, Hermelinda Alvarenga y Édgar López; asegurando que no están violando el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre el mandato imperativo, al solicitar la expulsión de los parlamentarios que afrentaron la línea política del PLRA; por lo que abogan la desestimación de la denuncia.

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En el escrito señala que solicitan la expulsión partidaria (desafiliación), que consideran como mínima acción para “lavar la afrenta” que representa el desempeño político de quienes usan al PLRA; “pero luego se ponen al servicio de otras agrupaciones políticas que responden a conceptos divorciados de la institucionalidad y se emparentan con atropellos, tropelías y abusos”, expresa parte del documento.

En otro apartado señala que la denuncia planteada por los legisladores contiene errores de conceptos. Pero además califican de cortina de humo la denuncia penal de los senadores liberales con el objetivo de “tapar o disimular el hedor de su inconsistencia política”. Señalan que con la denuncia intentan manipular a la Justicia y someter a quienes no temen gritar las verdades, reclamar las escandalosas y abyectas entregadas que protagonizan y provocan las consecuencias políticas que merecen sus inconductas.

Los firmantes niegan que la impugnación y reproche de sus actos que representa el pedido de sanción partidaria implique juzgar su trabajo parlamentario. “Su trabajo parlamentario (el de los denunciantes) se juzgará en todo caso, enmarcado en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas”, expresa la misiva.

Más adelante señalan que sobre la supuesta “invasión” de competencias de la Corte Suprema de Justicia, señalan que la valoración política sobre la inconstitucionalidad de la designación presidencial para su representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado; “es un recurso absolutamente legítimo de nuestra asociación política, en lo que respecta a la decisión y mandato del Directorio del PLRA”, mencionan. Añaden que es claro que no se trata de una resolución judicial de declaración de inconstitucionalidad, que es competencia de la CSJ.

Terminan señalando que la decisión del Directorio partidario no implica mandato imperativo de ningún modo. Los denunciantes pueden, como ya lo hicieron, ignorar la posición política del PLRA. “Lo que no pueden es seguir siendo afiliados de nuestra asociación política, y deben ser expulsados por la vergüenza de adscribir un proyecto que está en las antípodas de los valores y la práctica política pregonada por nuestra asociación partidaria. Tampoco implica intromisión alguna a la labor parlamentaria”, remarcan.

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