El precandidato a mandatario por el movimiento Fuerza Republicana, Arnoldo Wiens, mediante un acto proselitista realizado en la ciudad de Itauguá, departamento Central, cometió un sincericidio al fustigar en el marco de su discurso electoral contra la deficiente administración del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el sistema de salud pública y habitacional.
El aspirante impuesto manifestó que existe una “cruda realidad” en el Paraguay, con relación a la carencia de insumos y equipos médicos, así como la falta de mantenimiento de los mismos. “Esto será nuestra bandera, vamos a trabajar con ella si se puede, se puede solucionar esto y lo vamos a solucionar en estos 5 años. Que la persona más humilde, sencilla, tenga acceso al sistema de salud como corresponde conforme a la Constitución Nacional”, prometió.
Wiens continuó instando a los dirigentes del oficialismo que pugnarán en el siguiente periodo por cargos electivos que contribuyan con su proyecto de gobierno con el fin de que la “salud sea accesible para todos los paraguayos”.
Por otra parte, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ventiló la inoperancia de la gestión del jefe de Estado en la aplicación de políticas de viviendas sociales que constituye una de las principales necesidades sociales de los paraguayos, pertenecientes en su mayoría a un nivel económico medio y medio bajo, el cual forma parte de un derecho básico y fundamental.
“Yo no quiero seguir viendo familias en el departamento Central que no tienen sus casas, yo quiero trabajar en una revolución para que tengamos miles y miles de viviendas sociales para las familias en los asentamientos y con la ayuda de nuestro gobernador, de concejales departamentales, de nuestros diputados y senadores lo vamos a lograr”, puntualizó.
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Abdo destruyó proyecto impulsado por cinco administraciones en 20 años
Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona exponen que la ambiciosa obra de transporte público, destinada a pobladores de la capital y del Área Metropolitana, terminó siendo paralizada a consecuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.
De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.
El metrobús, cuya construcción trascendería varias administraciones municipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su continuidad al gobierno abdista en agosto de 2018, con pólizas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y totalmente enterrado en febrero de 2020.
La consecuencia inmediata del revanchismo político ocasionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millonaria por la suspensión.
La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obstante, mediante las gestiones encaradas por la Procuraduría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.
INTERVENTOR RECOMENDÓ SU CONTINUACIÓN
De acuerdo a los antecedentes, la administración presidencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octubre del año 2018, obstaculizar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.
En ese entonces, se ordenó la suspensión e intervención del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como interventor. En junio de 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la continuación del proyecto, sugerencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Benítez y sus colaboradores en el 2020.
Además de este antecedente, el peritaje hecho por el ingeniero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecutadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públicas, fueron realizadas conforme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provocado en la gestión de Mario Abdo.
Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobreseído provisionalmente durante la audiencia preliminar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para realizar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.
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Metrobús: gobierno abdista destruyó proyecto impulsado por cinco administraciones en 20 años
Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, exponen que al ambiciosa obra de transporte público, destinada a pobladores de la Capital y del área metropolitana, terminó siendo paralizada a consecuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.
De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.
El metrobús, cuya construcción trascendería varias administraciones municipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su continuidad al gobierno abdista en agosto del 2018, con pólizas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y totalmente enterrado en febrero del 2020.
La consecuencia inmediata del revanchismo político ocasionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millonaria por la suspensión.
La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obstante, mediante las gestiones encaradas por la Procuraduría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.
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Interventor recomendó su continuación
De acuerdo a los antecedentes, la administración presidencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octubre del año 2018, obstaculizar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.
En ese entonces, se ordenó la suspensión e intervención del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como interventor. En junio del 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la continuación del proyecto, sugerencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Benítez y sus colaboradores en el 2020.
Además de este antecedente, el peritaje hecho por el ingeniero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecutadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públicas, fueron realizadas conforme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provocado en la gestión de Mario Abdo.
Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobreseído provisionalmente durante la audiencia preliminar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para realizar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.
Línea de tiempo
- 1998: Elaboración del Plan Maestro CETA 98 (administración municipal de Martín Burt).
- 2009: Actualización del proyecto (Administración municipal de Evanhy de Gallegos).
- Octubre de 2010: Firma del contrato de préstamo con el BID (Gobierno de Fernando Lugo).
- Enero de 2012: BID aprueba el préstamo (Gobierno de Federico Franco).
- Junio de 2012: Gobierno de Federico Franco solicita al Congreso aprobación del préstamo.
- Setiembre de 2012: El Congreso solicita a la Facultad de Ingeniería (UNA) dictamen sobre viabilidad del proyecto.
- Agosto de 2013: La FIUNA recomienda la ejecución del proyecto.
- Diciembre de 2013: Congreso aprueba préstamo con mandato de ejecución.
- Noviembre de 2014: Firma española TAINER Consultores dictamina viabilidad del proyecto. El MOPC había solicitado al BID una revisión (Gobierno de Horacio Cartes).
- Enero de 2017: Inicio de obras frente a la Universidad Nacional (Gobierno de Cartes).
- Agosto de 2018: Entrega al gobierno entrante con 18,5 % de ejecución.
- Octubre de 2018: Gobierno de Mario Abdo suspende obras y ordena intervención.
- Junio de 2019: Interventor recomienda la continuación del proyecto (Gobierno de Abdo Benítez).
- Abril de 2020: Gobierno de Mario Abdo inicia la destrucción de las obras ejecutadas.
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Elecciones liberales continúan en riesgo
La elección para renovación de autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) está marcada para el 17 de agosto; no obstante, estas corren el riesgo de realizarse debido a la falta de máquinas de votación. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se ha visto imposibilitado en avanzar en la licitación para la adquisición de las mismas.
“No tenemos ninguna máquina, cero máquinas tenemos. El contrato de arrendamiento ya terminó y se devolvieron totalmente y es muy probable reagendar o algo así las elecciones liberales porque nosotros no podemos eludir la realidad”, afirmó el presidente de la Justicia Electoral, Jaime Bestard.
El TSJE no ha logrado abrir el llamado para la compra de máquinas de votación, las cuales deben ser fabricadas por la empresa que resulte adjudicada en este proceso. La elaboración de estos dispositivos requiere de mucho tiempo, por lo que momentáneamente ven difícil que puedan contar con la cantidad necesaria para las elecciones del PLRA.
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El TEI debe desconvocar elecciones liberales ante falta de máquinas, sostiene Vaesken
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ya adelantó que considera imposible contar con las máquinas de votación necesarias para llevar adelante las elecciones liberales. El diputado Adrián “Billy” Vaesken cree que es momento que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) dé marcha atrás en la convocatoria que es considera ilegítima por su sector.
“Las elecciones no se van a realizar, el TEI debe desconvocar a estas elecciones internas y al llamado ilegal que hizo porque la Constitución establece que no se pueden acortar ni prolongar mandatos, por eso nosotros siempre nos sostuvimos en que era ilegal y finalmente el TSJE con esta posición le dice al TEI que las elecciones no se van a realizar”, afirmó el legislador.
En contacto con La Nación/Nación Media, el parlamentario del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) sostuvo que esto representa una “victoria sin ir al campo de batalla”, para el movimiento Corriente de Renovación Liberal, dado que este bloque se ha mantenido en la postura que asegura que este adelantamiento de las elecciones iba en contra de la Constitución y el propio estatuto partidario.
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“El TSJE, que es custodio de la voluntad del soberano y de la democracia, prácticamente está diciendo al TEI que ha convocado a las internas partidarias, que no se pueden realizar las elecciones porque no van a haber las máquinas y además existe una ley que dice que se deben hacer en simultáneo con las elecciones”, ratificó.
La imposibilidad de contar con las máquinas de votación se debe a que hasta la fecha, la Justicia Electoral no ha podido llevar adelante la licitación para la adquisición de máquinas de votación, las cuales deben ser fabricadas por el proveedor que resulte ganador. De esta manera, teniendo en cuenta el tiempo que demanda todo este proceso, será imposible contar con los dispositivos para el próximo 17 de agosto, fecha que fue marcada por los liberales para la renovación de sus autoridades.
“Los correligionarios que han marcado este camino torcido para el partido deben entender que nada fuera de lo que establecen las leyes o el estatuto puede salir bien”, expresó Vaesken y añadió, “este movimiento se equivoca y la equivocación la está pagando ahora con un desacierto político que ya se está dando. Nosotros, en cambio, nos mantuvimos en una línea y nos sostenemos, hoy estamos ganando esta batalla al Nuevo Liberalismo”, concluyó.