La Cámara de Diputa­dos procedió a estu­diar ayer varias ini­ciativas legislativas que captan el interés de la opi­nión pública como es lo relacionado al cálculo para la jubilación en el Instituto de Previsión Social (IPS), el proyecto de reforma del tren de cercanías, la ley de la función pública y del servicio civil y la protección de datos.

De esta forma, durante la última sesión del año, la Cámara Baja otorgó media sanción para el proyecto de ley que eleva el cálculo para la jubilación en IPS, pasando de tres a diez años el periodo a ser considerado para el acceso a este beneficio.

El proyecto fue remitido desde la propia previsional, institución que explicó en múltiples oportunidades que el modelo actual se prestaba a la corrupción mientras que la propuesta actual traería beneficios para los trabaja­dores.

“El ajuste busca reflejar de manera más precisa la historia salarial de los ase­gurados, evitando distor­siones por aumentos abrup­tos en los últimos años”, reza el proyecto. Así tam­bién, establece que “para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aporte, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados”.

En tanto para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aporte, con un monto inicial del 80 % que incre­mentará gradualmente en función de la edad del ase­gurado.

La Cámara Baja también sancionó el proyecto de ley “De la reforma del tren de cercanías”, impulsado desde el Poder Ejecutivo y que ya fue aprobado en el Senado.

Se trata de la propuesta que pretende implementar un tren eléctrico que cubri­ría un tramo de 43 kilóme­tros, uniendo las ciudades de Asunción y Ypacaraí, uti­lizando la vía histórica del ferrocarril Carlos Antonio López. El proyecto esta­blece una franja de domi­nio de 14 metros en ambos lados de la vía, requiriendo una inversión aproximada de USD 600 millones para la ejecución.

Además fue aprobada en general la ley de protección de datos personales (el estu­dio en particular quedó para el 2025).

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley “De la función pública y del servicio civil”, mar­cando un paso importante hacia la profesionalización y eficiencia del servicio estatal.

El documento, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, retorna al Senado para una nueva conside­ración.

Los diputados introdujeron modificaciones al proyecto en los artículos 32, 35, 45, 102 y 146, considerando un dictamen de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hom­bre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

La Cámara de Diputados aceptó la ratificación del Senado en el proyecto de ley “que crea el sistema Nacional Unifi­cado y Catastral y el Registro Unificado Nacional”, cono­cido como RUN, que fusiona Registros Públicos, el Ser­vicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG). La normativa pasó por una segunda vuelta legislativa, luego que la Cámara Baja modificó varios artículos de la versión del Senado, entre ellos los artículos 122 y 126. Ahora será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El primero tiene que ver con la expedición del certificado de condiciones de dominio referido a inmuebles en sen­tido positivo, en la versión del Senado, refiere que, “no podrá expedirse otro sobre el mismo inmueble durante todo el plazo de su vigencia”, mientras que, en la versión diputados, se establece que “no podrá expedirse otro sobre el mismo inmueble y titular durante todo el plazo de su vigencia”.

Tras estos ajustes, el proyecto vuelve a su cámara de origen, el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria el proyecto de ley que amplía la Ley n.° 4457/2012 para las micro, pequeñas y media­nas empresas (mipymes), e introdujo algunas modifica­ciones que guardan relación con evitar la duplicidad de funciones entre institucio­nes y contempla la creación de un fondo especial para este sector.

Las modificaciones intro­ducidas fueron a partir del dictamen de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, y las mismas fueron acepta­das por mayoría en el pleno. Tras estos ajustes, el pro­yecto vuelve a su cámara de origen, el Senado, que deberá analizar si acepta esta versión o se ratifica en su postura.

“Desde la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo hemos estudiado minu­ciosamente convocando a todos los actores involu­crados en una reunión en donde hemos escuchado todas las posturas refe­rentes a cada artículo de la propuesta legislativa, por lo que solicitamos considerar algunas modificaciones”, expresó el diputado Héc­tor Figueredo.

En este orden de cosas, indicó que las modificacio­nes en los artículos n.° 10, 16, 17, 19, 20 y 45 busca pre­servar la autonomía funcio­nal de los organismos del Estado, optimizar los pro­cesos administrativos y garantizar el cumplimiento de las normativas vincula­das a las mipymes en lo rela­cionado a la promoción del empleo y la capacitación que se encuentran como parte de las competencias del Ministerio del Trabajo.

La Cámara de Diputados estudió este martes varias iniciativas legislativas que captan el interés de la opinión pública como es lo relacionado al cálculo para la jubilación en el Instituto de Previsión Social (IPS), el proyecto de reforma del Tren de Cercanías, la ley de la función pública y del servicio civil y la protección de datos.

De esta forma, la Cámara Baja otorgó media sanción para el proyecto de ley que eleva el cálculo para la jubilación en IPS, pasando de tres a diez años el periodo a ser considerado para el acceso a este beneficio. Cabe recordar que este fue un proyecto remitido desde la propia previsional, institución que explicó en múltiples oportunidades que el modelo actual se prestaba a la corrupción mientras que la propuesta actual traería beneficios para los trabajadores.

“El ajuste busca reflejar de manera más precisa la historia salarial de los asegurados, evitando distorsiones por aumentos abruptos en los últimos años”, reza el proyecto. Así también establece que, “para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aporte, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados”.

En tanto para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aporte, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado.

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El proyecto de la “reforma del Tren de Cercanías” por su parte, obtuvo la sanción tras su aprobación por parte de Diputados, puesto que la iniciativa ya había recibido el visto bueno por la Cámara de Senadores. Mediante esta ley se busca concretar la implementación de un tren eléctrico que cubriría un tramo de 43 kilómetros, uniendo las ciudades de Asunción e Ypacaraí.

Para esta obra se requerirá una inversión aproximada de USD 600 millones y de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, plantea que las licitaciones sean realizadas por licitación pública internacional, facilitando, a su vez, la participación de empresas paraguayas.

Este proyecto fue aprobado en general y el estudio en particular quedó postergada hasta una próxima sesión plenaria, posterior al receso parlamentario. A través de esta normativa se enfatiza en la protección de datos personales como un derecho inherente a cada persona, en relación al tratamiento de sus datos mediante “entes públicos o privados, con fines lucrativos o no, así como por cualquier medio de transmisión o divulgación, incluyendo tecnologías existentes y nuevas tecnologías a ser desarrolladas”.

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Otra de las legislaciones aprobadas con modificaciones es el proyecto de ley “de la función pública y del servicio civil”. Se introdujeron ajustes en los artículos 32, 35, 45, 102 y 146, considerando un dictamen de la Comisión de Equidad Social e Igualdad.

El objetivo de esta iniciativa es establecer las disposiciones generales aplicables a todas las carreras de la función pública y regular la carrera del servicio civil y sus respectivos procedimientos. Además, sienta una base legal homogénea para la gestión de los servidores públicos, definiendo con claridad sus derechos, obligaciones, prohibiciones y mecanismos de evaluación.

Se contempla al concurso público como única vía de ingreso a la función pública, salvo los casos regulados de otra manera en la Constitución o las leyes especiales. Asimismo, el ingreso de los servidores públicos que transgredan esta ley, será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento o la contratación.

La Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria el proyecto de ley que amplía la ley N.° 4.457/2012 para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), e introdujo algunas modificaciones que guardan relación con evitar la duplicidad de funciones entre instituciones y contempla la creación de un fondo especial para este sector.

Las modificaciones introducidas fueron a partir del dictamen de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, y las mismas fueron aceptadas por mayoría en el pleno. Tras estos ajustes, el proyecto vuelve a su cámara de origen, el Senado, que deberá analizar si acepta esta versión o se ratifica en su postura.

“Desde la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo hemos estudiado minuciosamente convocando a todos los actores involucrados en una reunión en donde hemos escuchado todas las posturas referentes a cada artículo de la propuesta legislativa, por lo que solicitamos considerar algunas modificaciones”, expresó el diputado Héctor Figueredo.

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En este orden de cosas, indicó que las modificaciones en los artículos N.° 10, 16, 17, 19, 20 y 45 busca preservar la autonomía funcional de los organismos del Estado, optimizar los procesos administrativos y garantizar el cumplimiento de las normativas vinculadas a las mipymes en lo relacionado a la promoción del empleo y la capacitación que se encuentran como parte de las competencias del Ministerio del Trabajo.

“Proponemos estos ajustes con el objetivo de limitar las funciones del Viceministerio de Mipymes a aquellas relacionadas con la productividad, competitividad y acceso al crédito de las empresas, dejando la promoción del empleo y la capacitación laboral bajo la competencia del Ministerio del Trabajo. Este enfoque no solo respeta el principio de legalidad sino también refuerza la coordinación y la complementariedad entre instituciones del Estado”, añadió Figueredo.

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Asimismo, en el artículo N.° 36 y 37 del proyecto se amplían las atribuciones del Viceministerio de Mipymes para la asignación para la administración y ejecución de fondos destinados al sector, incluyendo recursos provenientes del presupuesto y otras fuentes adicionales. Quedó aprobada la creación de un fideicomiso denominado Fondo Nacional para las Mipymes, con el objetivo de facilitar recursos financieros para capital operativo e inversión productiva a las mipymes.

“El ajuste sugerido reconoce que el Viceministerio de Mipymes, como parte del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), puede solicitar informes específicos sobre programas relacionados a mipymes, siempre que estos se limiten a la identificación de necesidades del sector y no interfieran en las funciones legales del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) de modo a respetar las atribuciones de las leyes y evitar duplicidades que puedan afectar la eficiencia de las políticas públicas”, aclaró el legislador.

La Cámara de Diputados aprobó recientemente el proyecto que unifica el costo de habilitación de los vehículos en todos los municipios de la República. Los costos base se calcularán a partir de criterios como el tipo y el año del vehículo. La propuesta será remitida al Senado para su tratamiento.

El planteamiento, que es considerado como una justicia tributaria y una medida para reducir los índices de mortalidad por accidentes, fue concretado mediante la modificación de la ley N° 135/91, que modifica y actualiza disposiciones de la Ley N° 620/76, que establece el régimen tributario para las municipalidades de 1ª, 2ª y 3ª categoría.

“Se trata de establecer parámetros generales y acabar con esa competencia desleal. Otro aspecto muy importante de la iniciativa es el de la seguridad vial y allí es donde resalta la creación del Registro Único de Patentes de Rodados. Cuando se transgreden las normas, hoy es imposible llegar hasta los infractores. Con este registro se lograría, más allá de la justicia tributaria en los municipios, acceder en tiempo real a los datos de los vehículos, lo que reducirá índices preocupantes, incluso en la mortalidad por accidentes. Evitemos que más personas sigan muriendo”, indicó el diputado colorado Néstor Castellano.

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Mientras que su colega liberal Marcelo Salinas dijo que, efectivamente, unificar el costo de las patentes de rodados a nivel nacional constituye una necesidad. Recordó que en la actualidad existen rodados que, en determinadas ciudades, pagan un millón de guaraníes, pero que en otros municipios el precio rondaría tranquilamente los cien mil guaraníes. “La idea es unificar costos con especificación del tipo de vehículos y que no haya competencia desleal”, comentó.

Mientras que el también parlamentario colorado Hugo Meza mencionó que, en Paraguay, el tema de las habilitaciones “es tierra de nadie”, razón por la cual urge la necesidad de fijar parámetros mínimos. “Se crea un registro único de habilitaciones. Hasta el momento no tenemos un programa que unifique todo esto. No hay un registro nacional. Se estandarizan los costos y ya no podrán desviarse de ellos los municipios”, refirió.

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