Un documento filtrado, enviado por el exembajador de EE. UU. en Paraguay Marc Ostfield al Departamento de Estado, revela la férrea alianza del diplomático con Mario Abdo Benítez, con el fin de perseguir al expresidente.

Una filtración de un documento enviado por el exembaja­dor de Estados Unidos en Paraguay Marc Ostfield al Departamento de Estado da cuenta de que el diplo­mático tenía una férrea alianza con el presidente Mario Abdo Benítez (2018- 2023). Esta sociedad con­firma la estrecha cerca­nía y colaboración con el gobierno anterior para des­atar una perversa persecu­ción al expresidente Hora­cio Cartes.

A través de los programas “Así son las cosas” y “Arriba hoy”, emitidos por el canal GEN y Universo 970 AM/ Nación Media, se descri­bió el documento que fue filtrado por la organiza­ción Distributed Denial of Secrets, que es una espe­cie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de dis­tintos medios de prensa como Diario de las Améri­cas o el periódico Clarín de la Argentina.

En el citado documento, Ostfield hacía una encen­dida defensa de la cabeza del gobierno anterior, a quien consideraba un “aliado” de la Embajada y del gobierno de Estados Unidos de enton­ces. Tal fue la defensa que el diplomático obvió referirse a las exponenciales ganan­cias de las empresas de Abdo Benítez y las trató como una persecución de parte de los medios vinculados al car­tismo.

En el relatorio filtrado, Ost­field hace referencia al des­prendimiento de las accio­nes de Cartes en Tabacalera del Este (Tabesa) así como la solicitud de esta empresa para operar en el sistema financiero estadounidense.

Ostfield, que abandonó el país luego de ser echado por la administración de Donald Trump, que asumió el 20 de enero, hace alusión a los medios que responden al expresidente Cartes. “Es dueño de canales de televi­sión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al Gobierno de USA y a este embajador. En estos medios hace unas semanas empe­zaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al Gobierno”, señala el informe.

Ostfield elude referirse a que esta información fue divulgada por la Contra­loría General de la Repú­blica, que detalla cómo las empresas del expresidente experimentaron su mayor prosperidad en plena cri­sis sanitaria. Datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) revelan que Aldia SA, una de las empresas de Abdo, pasó de decla­rar utilidades por G. 1.492 millones en 2014 a regis­trar ingresos brutos de G. 408.082 millones y utilida­des de G. 92.647 millones en 2021. De esta denuncia se hicieron eco medios no afines al cartismo.

El parlamentario resaltó que estas filtraciones de documentos enviados por Ostfield solamente reafirman la posición que siempre mantuvo el comando de Honor Colorado y, a la vez, van saltando pruebas de que todo fue una politización y manipulación del exembajador nor­teamericano.

“Repudiamos su accionar y valoramos el cambio de rumbo con su salida. Con esperanza, aguardamos que se haga justicia. Para­guay es libre y se respeta”, remarcó.

Asimismo, Maidana remarcó que esta filtración de documentos del exembajador debería propiciar una investigación a fondo y acelerar todos los procesos investigativos que se están dando al respecto.

“La soberanía no se negocia y la traición tiene consecuencias”. El diputado Gama­rra sostuvo que esto confirma la perse­cución política que por años viene reali­zando al movimiento Honor Colorado.

“Existió una alianza perversa entre el embajador y el expresidente Mario Abdo Benítez para ope­rar políticamente en nuestro país, desatando una persecución abierta contra el expresidente Horacio Cartes. Este informe, publicado por organizaciones como Distributed Denial of Secrets y replicado por medios internacionales, deja al descubierto una injerencia diplomática sin precedentes”, afirmó el legislador. “Esto no es diplomacia, es intervención, es conspiración y es delito. El artículo 143 de nuestra Constitución Nacional prohíbe todo acto o tratado que viole nuestra soberanía”, precisó.

“Este era un embajador que estaba haciendo las cosas por fuera de un marco de restricciones por parte de su propio gobierno”, señaló el periodista Daniel Castropé.

El periodista del Diario Las Américas (Miami), Daniel Castropé, opinó sobre las acciones del exembajador de los Estados Unidos en Para­guay Marc Ostfield, afir­mando que incurrió en una clara injerencia en cuestiones internas, saliendo del marco diplomático al que se debe limitar cumplir.

“Lo que observamos es la clá­sica injerencia de un embaja­dor en los asuntos internos de un país, hablar de corrupción, hablar de falta de transparen­cia, mencionar a una famosa tabacalera, en toda la ges­tión que estaba realizando ese embajador es una acción que se sale de su marco de tra­bajo, de su marco diplomá­tico”, sostuvo en entrevista a la 650 AM.

Las acciones del exembaja­dor de Estados Unidos Marc Ostfield podrían generar la apertura de una investigación por parte de la Oficina Fede­ral de Investigación (FBI) y otras agencias, debido a que es necesario aclarar cuáles fueron las motivaciones del diplomático para realizar una injerencia interna en los asuntos de Paraguay.

“Las autoridades de Esta­dos Unidos, las del FBI, hay otras también que investi­gan este tipo de comporta­mientos, deben intervenir en este caso”, aseveró el perio­dista de “Diario Las Améri­cas” de Miami, quien añadió lo siguiente: “Se debe llegar hasta las últimas para acla­rar qué es lo que ha sucedido, por qué actuó de esa manera buscando ese rol protagónico, a quién quería impresionar, a quién quería ayudar”.

En el mensaje filtrado del exembajador de EE. UU. en Paraguay, Marc Ostfield, se destaca el trato de gran “aliado” que tenía Mario Abdo Benítez y denunciaba cómo el expresidente paraguayo era objeto de una “persecución mediática” por la venta de asfalto. El diplomático pasó por alto las ganancias exponenciales de Marito, además del “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc.

En el mensaje que filtraron varios medios de prensa como Clarín, a través del Distributed Denial of Secrets, Ostfield denunciaba ante el Departamento de Estado a Horacio Cartes y defendía a enérgicamente a Abdo Benítez, de quien señalaban que era una suerte de “perseguido”.

“Es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a este embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.

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Lo que el diplomático obvió en su férrea defensa a “su aliado” es que la denuncia provino de organismos estatales (como la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios). Varios medios en nuestro país se hicieron eco de la misma, pero vale refrescar la memoria a algunos incautos.

La Nación publicaba en septiembre del 2023, en base a documentos del Ministerio de Economía y Finanzas que la distribuidora de asfalto en la que el expresidente tiene el 87,50 % de las acciones registraba exorbitantes ganancias anuales en los tiempos que este ejercía el cargo, comparadas a las utilidades consignadas en las actas de asamblea de los años que se iniciaba como legislador.

Según los documentos, de una utilidad neta de la firma Aldia S.A. que rondaba los G. 1.800 millones al año, que incluso se redujo a G. 1.492 millones en el 2014, se llegó a disparar a G. 92.647 millones en el 2021. Si hacemos la diferencia entre las ganancias netas que obtuvo la empresa del expresidente durante su gobierno y su periodo de senador, hay un incremento de 800 % ya que las utilidades netas del 2013 al 2017 sumaban G. 19.480 millones, mientras que las del 2018 al 2021 ascienden a G. 175.268 millones.

Lo que Ostfield no señala en su encendida defensa del anterior gobernante era por qué estas cifras millonarias no aparecían en su declaración jurada de bienes al dejar la silla presidencial, sino el cobro mensual de dividendos sin especificar y cabe recordar que, ante incompatibilidades constitucionales con la función, el exmandatario puso a su hijo mayor Mario Abdo Díaz Benza como representante legal en la empresa.

Pero el expresidente tiene además otra empresa que se dedica al mismo rubro de la lucrativa venta de asfalto. Las actas de asamblea de la empresa Createc SA, en la que Abdo Benítez tiene el 47,50 % de las acciones, también tuvieron importantes incrementos de ganancias netas anuales, que se dispararon hasta 750 % durante su mandato.

Las millonarias utilidades netas tampoco figuran en su declaración jurada al darse de baja del cargo. Actas evidencian que se aseguraron contratos con grandes constructoras viales y un sugestivo acaparamiento, ya que “se obtuvo un aumento muy significativo en la cartera de clientes”, que en 2019 se incrementaba en un 237 %, mientras su gobierno se jactaba de kilómetros de pavimentos construidos.

De G. 2.377 millones de lucro neto en 2016 fue aumentando exponencialmente hasta marcar diferencias que lle­gan a un aumento ganancial de hasta 750 % en el periodo de pandemia 2021, que fue dorado para su compañía con el monto de G. 22.546 millones. Mientras tanto, la población en general sufría las carencias en salud y la economía afrontaba una fuerte crisis ocasionando la suspensión de actividades de varias empresas y el desem­pleo en general.

En Createc, Abdo Benítez registra el 47,50 % de las acciones y durante los años de su presidencia, específica­mente entre 2018 y 2021, esta empresa registró ganancias netas anuales que suman G. 52.908 millones equivalen­tes a un incremento de 602 % en relación con el lucro acumulado cuando se ini­ciaba en cargos electivos, y que entre 2015 y 2017 llegó a G. 7.529 millones.

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Las empresas Aldia S.A. y Createc están en la mira de Contraloría, de Ingresos Tributarios y de la Fiscalía, por las serias irregularidades detectadas. Se habla de unos USD 44 millones entre el 2018 y el 2023 destinados a reservas operativas. Un informe remitido por la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) a la Fiscalía advierte sobre irregularidades detectadas en un análisis a las empresas Aldia SA y Createc y habla de la necesidad de un control que involucre a Seprelad y al Ministerio Público.

La Contraloría General de la República sostiene que se analizaron las declaraciones juradas de Abdo Benítez al asumir y al salir de la función pública. A partir de ahí, se solicitaron informes a diferentes instituciones y se hicieron las verificaciones.

Lo que llamó la atención fue que las utilidades generadas en el 2018 al 2023, por las empresas donde el expresidente es accionista mayoritario, llevó prácticamente el 90 % de las utilidades a reservas operativas. El 90 % del dinero se destinó a reservas de utilidades. Entre el 2018 y el 2023 suman 44 millones de dólares (329.000 millones de guaraníes).

Un conductor denunció que fue víctima de agresión y supuesto apriete por parte de agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional en Villarrica, Guairá. Adalberto Ferreira dijo que se encontraba en una peluquería de la zona cuando llegaron los policías y preguntaron por el dueño de la camioneta estacionada frente a la barbería.

“Me empujaron hacia la camioneta de ellos y por la espalda me metieron dentro de la camioneta. Me asustaron muy grande. Fue algo muy rápido y dentro de la camioneta había un arma. Me rozaron con el arma y me pidieron arreglar”, relató el joven al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Aclaró que ocasionalmente estaba usando el vehículo y cuando aparecieron los policías rápidamente convocó al propietario.

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“Yo estaba dentro de la peluquería y la camioneta estaba estacionada afuera. Vinieron agentes de Automotores y entraron a la peluquería a preguntar por el dueño de la camioneta. Yo pensando que era un cliente que quería estacionar, le dije yo soy”, indicó.

Dijo que cuando se dispuso a salir para mover de lugar el vehículo el policía le manifestó su intención de conversar con él. “Al girar vi que por la espalda decía Automotores, entonces le llamé al dueño de la camioneta que yo estaba usando ocasionalmente”.

El joven afirmó que en la calle los agentes comenzaron a insultarlo e indagarlo sobre el origen del rodado. “Ellos empezaron a decir cosas fuera de lugar como por ejemplo de donde conseguí la camioneta, cuando compré y cuanto pagué, quién es el dueño”, manifestó. Ferreira sostuvo que los agentes “estaban muy acelerados”. “Ellos me amenazaron, se me nubló a mí todo, me asustaron. Es algo que no le deseo a nadie”, expresó.

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El fiscal Rodrigo Vázquez confirmó que apelará el fallo del tribunal de sentencia que otorgó el sobreseimiento al docente de Villarrica acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años. Defendió su actuación señalando que presentó todas las evidencias sobre el caso que aparentemente no fueron consideradas por los integrantes del máximo tribunal.

“Fue un caso muy sonado a nivel nacional y estuve leyendo la sentencia hace dos días me habían notificado. Estoy analizando bien, pero sí voy a estar recurriendo”, señaló este jueves el agente fiscal al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El agente del Ministerio Público rebatió las afirmaciones del presidente de la tribunal de sentencia, el magistrado Julio Alfonso, quien alegó la falta de pruebas fehacientes para sostener la acusación contra el docente investigado.

“La prueba se produjo en el juicio. O sea que ellos tuvieron la inmediatez, vieron la captura de pantalla. Declaró la nena, cámara Gesell, la mamá. O sea sí se produjo la prueba, todas las capturas, audios, fotos se produjeron en juicio, la cual asentó en sentencia”, manifestó.

El abogado explicó que en la acusación se incorporaron algunos mensajes que se configuraban dentro del tipo penal. “Ellos vieron por la inmediatez, o sea tuvieron conocimiento. El presidente no puede decir que no vio. O sea que ninguno de los miembros puede decir que no se exhibió los mensajes”, ratificó.

El fiscal afirmó que no quiere debatir la interpretación, al mismo tiempo de insistir que se colectaron todas las pruebas y presentadas para su consideración por los magistrados. “Con esas pruebas creemos que sí se configuraba el tipo penal. Que sí se probó el hecho punible. Que el Tribunal haya interpretado de otra manera, por esa razón vamos a estar apelando”, remarcó.

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