El diputado Édgar Ortiz cuestionó que el presidente Mario Abdo Benítez haya designado como interventor de la Gobernación de Guairá al abogado Pablo Adriano Vera Insaurralde, quien está imputado desde el 2017 por el delito de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

“Este es un tema bastante frescolín, nosotros realizamos una intervención, pero para colocarle a un delincuente mayor ahora tenemos que intervenir al interventor para ser más frescolines. Esto parece apropósito, el presidente Marito buscó al más delincuente”, manifestó el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Las declaraciones de Ortiz surgieron tras mantener un encuentro con pobladores de Villarrica quienes le expresaron su rechazo hacia el nombramiento de Pablo Adriano Vera Insaurralde, quien auditaría la gestión del gobernador Juan Carlos Vera Báez, teniendo una causa en el Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo, donde actualmente cuenta con un sobreseimiento provisional.

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“No sé si es una miopía política o el presidente buscó a un amigo que esté en peores condiciones, no lo digo yo me remito a las pruebas de solo mirar el currículo del tipo. En Villarrica dicen cómo llegó ese interventor si es 100 veces ladrón. En años electorales tenemos que poner mucho ojo con todo el tema de las intervenciones porque realizamos el proceso para luego terminar favoreciendo a ciertos sectores por cuestiones electorales”, refirió el legislador liberal.

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Pablo Adriano Vera Insaurralde, interventor de la gobernación del Guairá. Foto: Gentileza.

“Esto es una vergüenza”

El diputado Ortiz afirmó que es necesario que el pleno de la Cámara Baja mantenga una postura objetiva ante los pedidos de intervenciones que puedan ser solicitados al estamento teniendo en cuenta que varios de ellos responden a intereses políticos en el marco de las próximas contiendas electorales.

“Esto no es bueno, tenemos que hacer que la justicia y las instituciones del Estado funcionen, tenemos que sacar una ley que el interventor en años electorales no sea político porque cuando uno nombra a un político es evidente para que vaya a solucionarle su problema, pero quién le controla al interventor, la desgracia en Guairá es justamente por el despelote de las leyes, esto es una vergüenza”, opinó el parlamentario sobre este caso.

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