El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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El presidente de la República, Santiago Peña, destacó la importancia de una transición energética para reducir la dependencia de derivados del petróleo. Lo expresó durante un nuevo mensaje dirigido a los líderes mundiales en el marco de la segunda jornada de la Cumbre del G20, realizado en Río de Janeiro, Brasil.

El mandatario retomó hoy martes su agenda en la cumbre mundial luego de estar brevemente internado en un sanatorio del vecino país debido a un malestar.

El jefe de Estado afirmó que Paraguay está comprometido con la diversificación de la matriz energética con su abundante energía hidroeléctrica, la incorporación de energía solar e hidrógeno verde y explotando la producción de biomasa y biocombustibles. Peña sostuvo que Paraguay demuestra en la actualidad un futuro más sostenible es posible.

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En ese sentido, remarcó que a pesar de la percepción de ser un país pequeño, Paraguay es, de hecho, más grande en extensión que Alemania y ya es un líder mundial en la producción de energía limpia.

“Mi país contribuye con solo un 0,02% a las emisiones globales y, sin embargo, se destaca por su producción de electricidad limpia y renovable. Tal vez me equivoque, pero creo que somos uno de los pocos países –si no el único– con una matriz energética 100 % limpia, renovable y verde en el mundo”, expresó.

Al respecto, agregó que las grandes plantas hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá, compartidas con Brasil y Argentina, son un ejemplo no solo de integración inteligente y relaciones exteriores fraternas, sino también del compromiso con la energía limpia que demuestra el país.

El mandatario remarcó además que Paraguay está comprometido con la diversificación de la matriz energética. Indicó que junto a la abundante energía hidroeléctrica, ya se está incorporando energía solar e hidrógeno verde, y explorando la producción de biomasa y biocombustibles para reducir la dependencia de los productos derivados del petróleo.

“Nuestra recién promulgada Política Energética Nacional, que establece objetivos ambiciosos hasta el año 2050, define pilares estratégicos en seguridad energética, transición sostenible, integración regional y acceso inclusivo a la energía”, remarcó.

Asimismo, resaltó que las políticas públicas de Paraguay buscan consolidar un sistema de producción sostenible que equilibre las dimensiones ambiental, económica y social, dentro de un ecosistema donde la agricultura, la ganadería y los bosques coexistan.

“Reconocemos la importancia de promover modelos productivos que mejoren la productividad y la resiliencia sin descuidar las consideraciones ambientales. Por ello, estamos trabajando en diversificar nuestra matriz productiva para fortalecer el uso de energía renovable dentro de un modelo de gobernanza robusto que involucre tanto al sector público como al privado”, remarcó.

El presidente Peña señaló a los líderes del mundo que Paraguay no es parte del problema, pero sí es claramente parte de la solución a la crisis del cambio climático. “Mi país ya ha demostrado que el crecimiento económico es posible manteniendo un compromiso con la conservación y la gestión sostenible de los recursos. Contamos con abundantes recursos naturales, un valioso capital humano y un enfoque claro en la creación de cadenas de valor que apoyen una economía totalmente verde”, acotó.

Culminada su participación en las diferentes reuniones que se llevaron en el marco de la Cumbre del G20, el presidente Santiago Peña divulgó un video a través de sus redes sociales en el que ofreció un resumen de su participación.

Al respecto, señaló que en la primera jornada se debatió sobre la erradicación de la pobreza y el hambre; mientras que en esta segunda fecha debatieron, a puertas cerradas, acerca de la transición energética.

Indicó que en representación del país, expresó la posición del Paraguay, y además tuvo la oportunidad de conversar con varios jefes de Estado, dentro de las sesiones que han sido sesiones privadas.

Mencionó que también conversó con líderes de varias instituciones multilaterales de créditos; como el presidente del Banco Mundial, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la directora de Organización Mundial de Comercio, y muchas otras organizaciones que asistieron a la reunión del G20 en Río de Janeiro.

“Realmente me siento muy honrado por la invitación del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, de que Paraguay es un país pequeño, pero con un gran potencial que puede participar de estas reuniones de tan alto nivel”, concluyó.

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El proyecto de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur preocupa al sector agrícola europeo, especialmente en Francia, que teme que los productos latinoamericanos inunden su mercado. Pero ¿cuáles son las cifras? Bruselas asegura que solo serán “pequeños volúmenes”, pero esto ya eleva el riesgo de desestabilización en algunos sectores.

Hay todavía tres cuestiones sobre la mesa: la UE pide compromisos a los países del Mercosur --bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque esta última no participa en el acuerdo-- sobre la deforestación y el clima, a la vez que Brasil reclama poder proteger sus industrias estratégicas, como el automóvil. La discrepancias sobre el sector agrícola siguen abiertas desde 2019.

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La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, habla de “pequeños volúmenes” comparando las cuotas de importaciones previstas a las producidas anualmente por el bloque. El tratado reducirá o eximirá de tasas aduaneras a un máximo de 99.000 toneladas de carne bovina, lo que representa un 1,6 % de la producción de la UE. El límite será de 25.000 toneladas en la carne porcina (0,1 % de la producción comunitaria), de 180.000 toneladas para las aves de corral (1,4 %) y de 190.000 toneladas para el azúcar (1,2 %).

A cambio, Bruselas asegura que el acuerdo supondrá una oportunidad de mercado para productos europeos hasta ahora frenados en América Latina como el vino (tasado actualmente a un 27 %) o los quesos, que pueden beneficiarse del “auge de una clase media” en el subcontinente. El gobierno español, que respalda el acuerdo, destaca también el caso del aceite de oliva, pero los sindicatos agrícolas del país, especialmente los ganaderos, están preocupados.

Aunque los volúmenes previstos son bajos respecto a la producción europea, ya sacuden algunos sectores. Patrick Bénézit, vicepresidente de la asociación interprofesional de carne bovina en Francia, señala que los países del Mercosur ya suministran la mayor parte de importaciones de solomillos, las piezas “nobles”. La producción de solomillos en Europa “es de 400.000 toneladas en razas bovinas, por lo que la irrupción de 99.000 toneladas ya tiene un impacto”.

Los productores de pollo también temen que sus homólogos brasileños se centren en las piezas más rentables, los filetes. Para el sector del azúcar, ya afectado por las facilidades aduaneras acordadas a Ucrania, el tope de 190.000 toneladas representa la mitad de las exportaciones a otros países de la UE de Francia, una de las naciones más contrarias al tratado.

Y los productores de etanol, de miel o de cerdo también están en riesgo, afirma Stefan Ambec, economista del instituto de investigación INRAE, que anticipa una caída de los precios pagados a los agricultores europeos. “Los costes de producción difieren y el problema es que las normas sanitarias y ambientales no son las mismas”, explica.

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La Comisión rebate que “todo producto de Mercosur deberá respetar las estrictas normas de la UE en materia de seguridad alimentaria”. El acuerdo de libre comercio CETA firmado con Canadá, por ejemplo, no alcanza desde hace seis años las cuotas de exportación de carne porque no hay suficiente producción que cumpla con las normas comunitarias, destaca un funcionario europeo. Pero Bruselas admite que “las condiciones de producción” en el Mercosur no serán necesariamente las mismas que en Europa.

Por ello, los contrarios al tratado piden “cláusulas espejo”, es decir, que las reglas impuestos a los agricultores europeos en materia social, ambiental o de bienestar animal se apliquen también a los productores del Mercosur para evitar distorsiones de competencia. “Se vende como un acuerdo de nueva generación que tienen en cuenta los aspectos ambientales y climáticos, pero los compromisos son débiles: no hay ninguna condicionalidad”, advierte Ambec.

Otra cuestión es cómo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. “En teoría, la carne tratada con antibióticos u hormonas de crecimiento no puede entrar, pero en la práctica su trazabilidad es imperfecta”, dice Ambec.

“Hay inspecciones de mataderos organizadas con la Comisión, pero no es fácil controlar al ganado antes de esa etapa. El seguimiento desde el nacimiento hasta el matadero, en el Mercosur, solo existe en Uruguay”, explica este economista.

De hecho, una auditoría de la UE acaba de revelar fallos en los controles de la carne bovina en Brasil, incapaces de garantizar la ausencia de la hormona oestradiol, prohibida en Europa. A la espera de revisar estos procesos, Brasil ha suspendido sus exportaciones.

El acuerdo incluye “una cláusula de salvaguardia”, una especie de “freno de emergencia” en caso de aumento repentino de las importaciones o de efectos perversos en el mercado, señala la Comisión Europea. Pero esta cláusula “no define” las condiciones precisas, apunta Ambec, lo que complica su activación y el restablecimiento de aranceles sin medidas de represalia.

Fuente: AFP.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, concretaron la firma de un convenio interinstitucional en el marco del fortalecimiento de la administración entre ambas instituciones. El objetivo es potenciar la transparencia, la eficiencia y la capacitación en temas relacionados con el sistema electoral.

Con este convenio, se establece la implementación de planes, programas y la elaboración de proyectos de ley de interés común; además de capacitaciones y desarrollar actividades relacionadas o derivadas de las misiones institucionales respectivas.

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El presidente de Diputados, Raúl Latorre, destacó el rol y el trabajo realizado por el TSJE en los procesos electorales en el país. “La conducta de la Justicia Electoral siempre ha dado claridad y certeza en los resultados electorales, lo cual es fundamental para que se respete al ganador y se mantenga una paz. El TSJE ha sido una institución creíble que ha fortalecido los cimientos de nuestra democracia”, indicó.

Por su parte, el presidente de la máxima autoridad electoral, César Rossel, adelantó que se plantearán reformas técnicas que se irán elevando a la Cámara de Diputados. “Nosotros teníamos que presentar, o estaba en los planes de la Justicia Electoral, presentar unas reformas técnicas, así que lo vamos a canalizar directamente a través de la Cámara de Diputados, y trabajaremos en las capacitaciones y en todo lo que hace a las elecciones”, indicó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, de Diputados, Arnaldo Valdez, también se expresó sobre este convenio, manifestando que la comisión asesora trabajará en las propuestas que sean enviadas por la Justicia Electoral.

“Quiero manifestar mi contento y el contento de la Comisión de Asuntos Electorales por la firma de este convenio, atendiendo a que tenemos una labor intensa en los diferentes proyectos de leyes que se están impulsando al interior de la Cámara de Diputados”, apuntó.

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