La Cámara de Diputa­dos tenía previsto estu­diar el proyecto para dero­gar la Resolución n.° 1336, mediante la cual se creó la Comisión Bicameral de Investigación; no obstante, esto no pudo ser analizado por los legisladores debido a que la sesión quedó sin el cuórum necesario para abordar esta iniciativa impulsada por diputados de la oposición.

Este proyecto fue presen­tado por Johanna Ortega y Raúl Benítez, quienes en la presentación de argumentos a favor de la aprobación de la iniciativa manifestaron que la comisión no cumple con las finalidades determina­das en la Constitución y es un instrumento de persecu­ción a opositores y disiden­tes del Gobierno.

Asimismo, aseveran que “las diligencias realizadas por la comisión atentan con­tra derechos reconocidos y garantizados por la Cons­titución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inme­diata la apertura de una investigación del Ministe­rio Público”.

El proyecto no solo apunta a eliminar la comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha.

El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Raúl Latorre, dijo ayer que comparte la postura del presidente San­tiago Peña de defender las inversiones bancarias rea­lizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Los cuestionamientos, el escrutinio fortalecen la democracia y quienes ejer­cemos los roles de poder en los espacios públicos, los que fuimos electos por la ciuda­danía, debemos ser cuestio­nados. Y yo asumo esa con­dición”, indicó Latorre.

Manifestó que en primer lugar se debe aclarar que el presidente Peña no es accio­nista de la entidad finan­ciera en cuestión y que se encuentra en el foco de aten­ción a raíz de las transac­ciones realizadas con el IPS.

Peña es atacado por los diri­gentes de la oposición y por el Grupo Zuccolillo, propie­tario del diario Abc. A raíz de los cuestionamientos, la entidad financiera aclaró que el jefe de Estado no es accionista del banco. Ante estos ataques y en declara­ción a la prensa, el presi­dente de la República res­pondió al cronista de Abc de que el citado medio de comunicación está min­tiendo y que el Grupo Zuc­colillo siempre se benefició del dinero de los jubilados del IPS.

Al analizar la reacción del jefe de Estado, el presidente de Diputados dijo que los medios de comunicación también pueden ser cues­tionados.

“Las declaraciones que hacen los ciudadanos y las declaraciones que hacen los medios también deben ser cuestionados, y eso es parte del proceso de la democracia. Las con­frontaciones enriquecen el proceso democrático”, indicó Latorre. Agregó que considera que el pre­sidente Santiago Peña solo busca poner el debate sobre la mesa.

Sin realizar ninguna con­sulta a los medios loca­les, basados solamente en la opinión sesgada de algunos comunicadores encuestados, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rebajó a Paraguay a la categoría “En restricción”, señaló Diana Domínguez, representante de nuestro país ante el organismo. La vocera de la Presidencia de la República, Paula Carro, y el periodista Alberto Peralta también coinci­dieron en el pleno ejerci­cio de la libertad de prensa y de expresión en el país, durante el programa “12/8″, emitido por el canal GEN de Nación Media.

La Cámara de Diputados tenía previsto en estudiar el proyecto para derogar la resolución N° 1.336, mediante la cual se creó la Comisión Bicameral de Investigación, no obstante, esto no pudo ser analizado por los legisladores debido a que la sesión quedó sin el quorum necesario para abordar esta iniciativa impulsada por diputados de la oposición.

Este proyecto fue presentado por Johanna Ortega y Raúl Benítez, quienes en la presentación de argumentos a favor de la aprobación de la iniciativa manifestaron que la Comisión no cumple con las finalidades determinadas en la Constitución y es un instrumento de persecución a opositores y disidentes del Gobierno.

Asimismo, aseveran que “las diligencias realizadas por la comisión atentan contra derechos reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inmediata la apertura de una investigación del Ministerio Público”. El proyecto no solo apunta a eliminar la Comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha.

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Durante las reuniones de la Comisión de Investigación, se realizaron exposiciones respecto a cómo operan algunas organizaciones sin fines de lucro, que sin rendir cuentas, mueven cifras millonarias sin dar a conocer el origen de ese dinero o los donantes. Igualmente, en la última sesión se expuso la manera en que el dinero del narcotráfico se infiltró en el sistema financiero y personas sin capacidad económica accedieron a grandes créditos.

El orden del día contaba con 19 puntos en total, pero solo pudieron tratarse nueve, dado que los legisladores se retiraron y otros proyectos, como la ampliación presupuestaria para el Ministerio del Ambiente, la expropiación de inmuebles, la creación de un registro de personas desaparecidas, entre otros, tampoco pudieron ser tratados.

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Para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de esta semana, se incluyó en el orden del día la iniciativa que busca aumentar las exigencias para integrar el Consejo de la Magistratura. El documento ya fue aprobado por Diputa­dos y tuvo modificaciones en el Senado, por lo que se trata de la tercera vuelta en el tra­tamiento legislativo.

Se trata del proyecto de ley “que modifica y amplía los artículos 2.° y 7.° de la Ley n.° 296/94 - Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (de los requisitos, de las designacio­nes y de los plazos”.

En la versión inicial, de la Cámara Baja, se modificaba solo el artículo 7 para ampliar los requisitos para la designa­ción de los representantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional ante el organismo extrapoder. Esto con el objetivo de aumentar la rigurosidad en la selección de los candidatos para los miembros del Consejo.

Ya en el tratamiento de esta iniciativa, en la Cámara de Senadores se introdujeron modificaciones en el artículo 2, en la cual se establece que para ser miembro del CM se deben reunir los requisitos que se exigen en el artículo 263 de la Constitución Nacional, que establece como requisitos ser de nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años; y poseer título universi­tario de abogado.