El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, solicitó este lunes a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional la remisión del pliego de preguntas, según lo dispuesto por el juez Raúl Florentín.
Al respecto, en una nota remitida al senador del Frente Guasu Jorge Querey, titular de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos del Congreso Nacional, sostienen que Cartes responderá por escrito los requerimientos de la instancia legislativa conforme a lo establecido en el artículo 341 del Código Procesal Civil.
El posicionamiento surge teniendo en cuenta que la CBI, dirigida principalmente por senadores de la Concertación opositora y del movimiento Fuerza Republicana, tiene el objetivo de obligar al exjefe de Estado que comparezca de manera presencial este martes 6 de setiembre, para las 9:30, en el Congreso Nacional. Sin embargo, la Justicia se ratificó que Cartes tiene derecho a optar por responder desde su domicilio particular.
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En la misiva, el abogado solicita a los miembros de la comisión que se otorgue a Cartes un plazo de 10 días hábiles para expedirse con respecto a las preguntas que fueran realizadas. Ovelar refirió también que la facultad de optar por la declaración escrita se encuentra expresamente prevista en la normativa 137/93, según su artículo 11.
“El planteamiento ya fue invocado por mi representado ante la CBI en la presentación anterior realizada y su aplicación a favor del mismo fue expresamente reconocida por el Juzgado de Garantías en el Auto Interlocutorio 316 del 29 de agosto del corriente, dictada en el marco de la solicitud de auxilio judicial interpuesta por la CBI”, refiere la nota remitida por Ovelar.
En el documento sostiene que el juez, luego de afirmar que Cartes goza de fueros por su calidad de senador vitalicio, consideró “pertinente, útil y ajustado a derecho” que se le comunique de la citación de la CBI “con arreglo al procedimiento descrito en los artículos 4, 5 y 11 de la Ley 137/93, en concordancia con los artículos 341 y 204 del CPP”, con lo que quedó fuera de toda discusión la vigencia de dicha norma a su favor.
Persecución política
En varias ocasiones, Ovelar había expresado que la creación de la CBI fue exclusivamente para realizar persecuciones políticas contra Cartes, en el marco de las próximas elecciones internas y generales, argumentando que las acciones son promovidas por el oficialismo y algunos sectores de la oposición con el respaldo de ciertos medios de comunicación afines al gobierno del mandatario Mario Abdo Benítez.
“Es muy grave, se formó una asociación con la finalidad de destruir a las empresas de Horacio Cartes, para lesionar al grupo político liderado por el expresidente y desde el Poder Ejecutivo y sus ministerios y secretarías, desde esta comisión creada solo y únicamente contra Cartes”, había indicado el profesional en leyes.
En ese entonces, Ovelar puntualizó: “Pienso a corto tiempo sobre una cuestión electoral, pero, a largo plazo, las personas que cometen este tipo de coacción hacia terceros van a tener que responder luego ante la justicia porque no pueden ni deben ellos expresarse con el uso de la fuerza para violar normas constitucionales”.