La vicepresidenta de la Asociación de Agentes Fiscales, Belinda Bobadilla, afirmó que el nuevo intento de juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, impulsado por la Concertación opositora y el oficialismo, responde a una instrumentación política hacia el Ministerio Público con miras a las próximas elecciones internas y generales.
“Cada persona o grupo político puede tener sus opiniones con relación a la actuación del Ministerio Público, pero yo creo que cualquier ciudadano a estas alturas es capaz de darse cuenta de que estos intentos se están convirtiendo más bien en una instrumentalización para campaña política de ciertos sectores”, mencionó.
El presidente de la Cámara Baja, el efrainista Carlos María López, firmó este viernes pasado la convocatoria a sesión extraordinaria para el miércoles 7 de agosto con la finalidad de tratar el cuarto intento de enjuiciamiento en contra de Quiñónez. La solicitud fue formulada por un grupo de diputados liberales quienes fueron amenazados por el precandidato a mandatario y titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, de ser expulsados de la nucleación.
A los amedrentamientos se sumaron las posturas de varios dirigentes de la Concertación opositora, como por ejemplo del titular del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), en argumentar que serán imposibilitados de competir por un cargo electivo con miras a las próximas elecciones dentro del bloque aquellos parlamentarios que no acompañen el pedido de destitución de Quiñónez.
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Rechaza hostigamiento
Por otra parte, en comunicación con el noticiero “Info+”, emitido por el canal GEN/Nación Media, Bobadilla rechazó el hostigamiento hacia sus colegas Osmar Legal y Alicia Sapriza proveniente de la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi.
“El hecho de que autores políticos que hayan ocupado cargos públicos y que tengan acceso a los medios de comunicación, utilizándolos y realizando afirmaciones en contra de los agentes fiscales que tienen a sus cargos investigaciones abiertas por supuestos hechos punibles, constituye un hostigamiento no solo político, sino que también mediático. Los agentes, por tener suficientes elementos, han formulado la imputación contra un exministro del Poder Ejecutivo”, indicó.
Llamativamente, las arremetidas de la parlamentaria contra los agentes de la Fiscalía se intensificaron tras la imputación por cohecho pasivo agravado de su aliado político, el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, vinculado al narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.