Representantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Equidad y Género del Senado solicitaron a los diputados iniciar el proceso de juicio político contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, quien fue denunciado penalmente por el supuesto delito de exacción referente a un cobro indebido a objetores de conciencia y arbitrariedades en su administración.

“En todos estos años recibimos numerosas denuncias y reclamos sobre el lamentable despeño de esta persona que presenta desequilibrios emocionales, a los maltratos a funcionarios de los cuales nosotros fuimos testigos se suman las denuncias sobre la utilización indebida de los bienes del Estado y el cobro irregular a unos 4 mil objetores de conciencia desde el 2019, a pesar de que él no está habilitado para hacerlo”, sostuvo este jueves el senador del Partido Hagamos, Tony Apuril, ante el pleno de la Cámara Alta, en sesión ordinaria.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos continuó sosteniendo que antes de la reelección de Godoy en el cargo la instancia legislativa presentó a la Cámara Baja el perfil adecuado que debería contar un representante del pueblo, situación que finalmente no fue tenido en cuenta.

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“Es un impresentable, con aires de prepotente y desubicado, es una vergüenza nacional. Existen las suficientes causales para que se le destituya del cargo. Esta clase de persona solo sirve para poder desangrar al Estado porque no saben lo que es estar al servicio de la gente, en el año 2020 hemos enviado todos los antecedentes a la Cámara de Diputados para que se pongan los pantalones y puedan iniciar el juicio político lo antes posible”, refirió.

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“Hechos discriminatorios, arbitrarios y violentos”

Por su parte, su colega Carlos Filizzola, presidente de la Comisión de Equidad y Género, comentó que las irregularidades cometidas por Godoy se encuentran dirigidas principalmente contra las mujeres, de acuerdo a las denuncias proporcionadas.

“Son graves las denuncias que tomaron estado público que están marcadas por hechos de naturaleza discriminatoria, arbitraria y violenta en particular dirigida hacia las mujeres. Acá entre las más recientes denuncias figura también que estaría obligando a funcionarias de las filiales del interior a desempeñar labores que no son propias de la institución, como empleadas domésticas en su domicilio”, indicó el senador de Frente Guasu.

Finalmente, Filizzola mencionó que el defensor del Pueblo terminó por incumplir con sus atribuciones establecidas en la Constitución Nacional. “Nosotros expresamos nuestro rechazo e indignación ante estas graves denuncias, consideramos que son unas prácticas inaceptables con el agravante que señalan como supuesto autor a la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo que tiene como mandato constitucional la defensa y la promoción de derechos humanos de todas las personas, en especial de aquellas en estado de vulnerabilidad”, dijo.

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