Con un total de 25 votos, la Cámara de Senadores rechazó este miércoles el proyecto de ley, con media sanción de Diputados, que pretende establecer la “muerte civil” de aquellos varones con 18 años de edad cumplidos que no tuvieran la declaración de cumplimiento de la objeción de conciencia o el pago de una contribución de cinco jornales mínimos o unos G. 490.000.

Esta nueva normativa “que modifica los artículos 20 y 21 de la Ley Nº 4013/2010 que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil” incluye restricciones por incumplir la objeción al servicio militar para trámites referentes a la obtención y renovación de pasaportes, accesos a becas emanadas del Estado paraguayo y concursos para el acceso a la función pública.

Al respecto, los legisladores argumentaron que la propuesta legislativa atenta contra varios artículos constitucionales y leyes vigentes. El proyecto, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del pasado 31 de mayo, deberá ahora volver a la Cámara Baja para su aceptación o ratificación.

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Al respecto, el senador Stephan Rasmussen confirmó que la bancada de Patria Querida acompaña los dictámenes de rechazo. Pero además de ello, informó que desde la bancada van a solicitar la destitución del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, teniendo en cuenta las arbitrariedades e ilegalidades que está realizando en el ente. Recordó que ya en su momento la bancada se había opuesto al nombramiento del mismo para el cargo de defensor del Pueblo justamente por su actuar anterior.

“Definitivamente esta persona no tiene las capacidades para el cargo y ya lo demostró en su periodo anterior, para este cargo tan importante para la República. Vamos a estar trabajando en la línea para apartarlo del cargo luego de todas estas denuncias y las nuevas que van surgiendo en los últimos días. Es totalmente inadmisible que una persona que definitivamente le faltan algunos jugadores, por decir lo mínimo, siga en un cargo tan importante para la República”, comentó.

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Durante el tratamiento, la senadora Desirée Masi expuso ante el pleno una serie de denuncias contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, por cobro irregular a los objetores de conciencia. La legisladora presentó documentos ante el pleno sobre los cobros que se hicieron entre el 2018 y 2021. Al respecto, indicó que ninguno de ellos tenía obligación legal del pago, ya que no se declararon objetores antes del 2010. Mencionó que serían más de 4.000 personas.

En tanto, el senador Eusebio Ramón Ayala indicó igualmente que su postura era por el rechazo del proyecto del ley. Calificó de despropósito la presentación de propuestas de estas características, porque tienen carácter punitivo, violatorio, discriminatorio y, además, si no se paga la multa se pretende privar a las personas de otros derechos constitucionales que no tienen nada que ver con este tema. Como por ejemplo, tramitar el pasaporte, privando del derecho a ingresar o salir libremente del país o a acceder a la función pública.

“Realmente todo lo que dijeron los voceros de las comisiones, este proyecto de ley atenta contra la juventud. Sin embargo, la Constitución dice que las leyes deben promover para que los jóvenes tengan oportunidad de trabajo, educación, desarrollo y no de persecución. Por ello, considero que debe ser rechazado el proyecto de ley”, indicó.

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