Los senadores Georgia Arrúa, del Partido Patria Querida, y Enrique Riera, del movimiento Honor Colorado, evaluarán los antecedentes relacionados a las denuncias con respecto a las invasiones de propiedad privada en las que se encuentra vinculado su colega del Frente Guasu (FG) Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez.
“Vamos a analizar todos los documentos hoy, existen suficientes méritos para que se realice el pedido, esto siempre depende de los votos, debemos esperar el momento propicio. Nosotros creemos que no puede quedar impune, por lo menos solicitarlo y que quede en archivo que nosotros presentamos el pedido, es necesario que se realice; caso contrario, estaríamos haciendo la vista gorda a lo que él hizo y de cierta forma nos convertiríamos en su cómplice”, mencionó Arrúa.
Las declaraciones de la parlamentaria surgen tras los últimos acontecimientos registrados días atrás en una propiedad privada en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, por parte de un grupo de indígenas que hirió a varias personas, causó importantes destrozos como la quema de un tractor y actuó bajo extrema violencia tras ser motivado por Rodríguez, de acuerdo con las denuncias.
“Hay que redactar este pedido con base en los documentos que se tienen, tenemos que hacer nosotros un relato cronológico de todas las acciones que fueron cometidas por él en el marco de este conflicto. Acá nosotros nos dimos cuenta que él está casi siempre detrás de todo esto”, señaló la parlamentaria en comunicación con La Nación/Nación Media.
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Presión a los miembros del Poder Judicial
Arrúa sostuvo que en el conflicto se puede visualizar el uso indebido de influencias por parte de su colega del sector izquierdista al interferir en el accionar de otros poderes del Estado. “Sabemos que el senador denunció a los jueces y fiscales que intervinieron en la causa que tiene la comunidad y luego amenaza a los policías que intervinieron en el conflicto mediante orden judicial”, expresó.
La senadora afirmó que “Rodríguez los denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, esto es directamente una forma de presionar a los miembros del Poder Judicial, de otros poderes del Estado, con su poder está intentando influir en las decisiones que toman los otros”.
Antecedentes
La problemática se registró el pasado 20 de agosto dentro de la propiedad denominada Chacore’i, Tape Yke. Según los antecedentes, un grupo de 50 indígenas de la comunidad Ka’a Poty, encapuchados, se presentó hasta el inmueble con extrema violencia bajo el acompañamiento del actual detenido Rafael Esquivel, alias Mbururu, y portaban armas blancas, machetes, foisas y palos de madera.
Los indígenas habían sido desalojados en 2 ocasiones y recientemente fueron reubicados, teniendo en cuenta un conflicto de tierras ante una falta de definición y mensura judicial que guardaría relación con títulos falsificados.