El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, presentó este miércoles el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre el Informe Financiero del Poder Ejecutivo, ejercicio fiscal 2021, al Congreso Nacional. Primeramente, la presentación se realizó al presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, y posteriormente al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López.

En una conferencia de prensa en el Senado, el contralor dio detalles de las irregularidades u observaciones en los balances de las instituciones públicas del Estado y reveló que el 90% de estas instituciones cuentan con una calificación aplazada en las finanzas. En este contexto, indicó que fueron observados montos siderales en el informe y dictamen que llegan alrededor de G. 7.000 billones, pero que aún no se puede considerar que las instituciones hayan incurrido en comisiones de hechos punibles.

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“Este informe prácticamente abarca a todos los organismos del Estado, hay causas muy emblemáticas que la ciudadanía ha denunciado y que la Contraloría ha dado seguimiento y que hoy se está presentando en este informe y dictamen”, indicó el contralor general. “El monto observado dentro del informe y dictamen supera los 5.000 billones de guaraníes y el monto de reporte de indicios de hechos punibles remitido a la fecha supera los 628.000 millones de guaraníes (totalizando casi los 7.000 billones)”.

Entre las instituciones que se encuentran observadas se encuentran la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Dirección Nacional de Bienestar Animal, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Instituto de Previsión Social (IPS), Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) e Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

“Este informe que estamos presentando, que contiene más de 500 informes en total, pero de los cuales los más emblemáticos son estas 11 auditorías financieras que se han realizado, que dos de ellas tienen dictámenes no razonables y siete con salvedad”, manifestó Benítez.

Por otra parte, el contralor explicó que con estas auditorías se analizará si dentro de lo auditado se encuentran indicios de hechos punibles y posteriormente se remitirán los antecendentes al Ministerio Público. Esto teniendo en cuenta que no todas las observaciones son penales, la mayoría son observaciones administrativas que no conllevan la comisión de hecho punible.

“Cuando el equipo auditor detecta que dentro de la auditoría se encontró algún hallazgo de la comisión de un hecho punible, la Contraloría tiene la obligación de ampliar eso a un reporte o denuncia al Ministerio Público y ahí ya está en competencia el Ministerio Público en dar seguimiento a estos reportes”, apuntó.

Agregó que el informe total abarca varios periodos y que está siendo presentado en la fecha con este informe, por lo que aún no fue denunciado, ya que con esto se cerró la auditoría y serán evaluados los hechos punibles que puedan salir de esta auditoría. “Para tener una idea, el monto observado en esta auditoría es de 7.000 billones de guaraníes, más o menos 800 millones de dólares, es el universo observado, que no necesariamente son lesiones de confianza per se. Eso el equipo auditor caso por caso va a evaluar si es que se encuentra un indicio de hecho punible”, sentenció.

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