La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores abordó sobre el caso de Itakyry tras la invasión y el ataque de un grupo de unos 50 indígenas a una propiedad de la zona. En este sentido, la senadora Georgia Arrúa explicó que el presidente del Instituto Nacional del Indígena (Indi), Omar Pico, cerró el acuerdo de buscar una propiedad para destinar al grupo que invadió el lugar y terminar así el conflicto.
“Tenemos un compromiso, que se va a evitar tener conflictos, desde el momento que la comunidad ya no va retornar a la zona podemos tener la certeza que no vamos a tener un nuevo conflicto”, explicó la legisladora luego de la reunión en la comisión asesora en el Senado.
Leé también: Intervención confirma lavado de dinero en Cooperativa San Cristóbal
Asimismo, comentó que los nativos de la comunidad indígena Ka’a Poty accedieron a que sean reubicados en distintas comunidades, por el momento, hasta que el Indi les otorgue un lugar. “Por eso también, de cierta forma, se avinieron al acuerdo de irse a diferentes comunidades, y en estos tres meses la institución tiene la obligación de pasarles un inmueble donde puedan ir y asentarse, pero ya no en la zona de Itakyry”, indicó Arrúa.
Agregó que este acuerdo se dio de alguna manera ya que las organizaciones que en un principio acompañaron la invasión los abandonó luego de que hayan ido presos. “Las ONG´s que causaron de cierta forma esto, porque son los que alentaron para que se introduzcan a la zona, en el territorio de todo esto, ahora están desaparecidas. Justamente la señora Marta Díaz le dijo al presidente (del Indi) que el único que les hizo caso, les dio inclusive asistencia legal a quienes hoy están presos, fue el Indi, al final”, refirió la parlamentaria.
El pasado 20 de agosto, una familia denunció haber sido atacada por un grupo de 50 indígenas, aproximadamente a las 13:00, en una propiedad de Itakyry. Es lo que reportaron desde la subcomisaría 9 de la Colonia Nueva Fortuna, en cuya jurisdicción ocurrió el hecho. Formó parte del ataque Rafael “Mbururu” Esquivel, quien suele dirigir ocupaciones de tierra en Ciudad del Este. La propiedad atacada está ubicada en la comunidad Chacore´i – Tape Yke.
Por otra parte, la senadora sostuvo que personalmente cree que en este caso se dio una estafa, ya que cuenta con muchos documentos no solo acercados por los profesionales que llevan el caso, sino por informes que se habían solicitado desde el Senado.
“Para mí es muy claro que hubo la estafa por los conocimientos técnicos que tengo y porque revisé los papeles de la investigación que las abogadas hicieron, los documentos son muy claros, son documentos que se lograron vía acceso a la información pública, cotejé y completé con lo que yo tengo, de los pedidos de informes que hicimos desde el Senado. Juntando todo eso, uno puede concluir que esas compras fueron una defraudación al Estado paraguayo”, puntualizó.
Te puede interesar: Gobernadores denuncian persecución política del oficialismo