Analistas internacionales explicaron el alcance legal de las designaciones de “significativamente corruptos” hechas a ciudadanos paraguayos por el gobierno de los Estados Unidos, y entre quienes se encuentra el propio presidente en ejercicio de la República, Hugo Velázquez. De acuerdo con las leyes norteamericanas, en el lapso de 90 días tienen que ser arrimadas las evidencias contra las personas acusadas ante los organismos pertinentes.
El experto en relaciones internacionales, exsenador y vicepresidente del Partido Patria Querida (PPQ), Mario Paz Castaing, comentó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene tres meses de plazo para informar sobre las declaraciones públicas hechas por el embajador Marc Ostfield.
“La reglamentación dispuesta por Donald Trump tiene vigencia desde el 2016. Esa reglamentación habla de un plazo de hasta 90 días, plazo en el que el secretario de Estado Antony Blinken tiene la obligación de informar a las autoridades que colaboraron en la tarea, el gobierno de los Estados Unidos y la Justicia también, sobre las evidencias, informaciones, hechos, documentos que concurrieron para adoptar las resoluciones recaídas”, manifestó al aludir al caso de Velázquez y el expresidente Horacio Cartes.
Recordó otros casos en los cuales también hubo designaciones, pero no tuvieron el impacto político de estos dos últimos notificados recientemente. Citó el caso del diputado Ulises Quintana, el extinto senador Óscar González Daher y el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quienes fueron sancionados con la cancelación de visa y prohibición de ingresar al territorio norteamericano.
“Estas últimas designaciones tienen un gran impacto porque uno se trata de un vicepresidente en funciones de Estado y el otro es un expresidente del Paraguay”, sostuvo Paz Castaing en declaraciones brindadas a la 1020 AM.
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La Fiscalía forma parte del Ejecutivo
A su vez, el abogado Marcio Battilana, experto en leyes de EEUU, habló del trámite que sobreviene a las designaciones. Dijo que la decisión tiene que ser comunicada a los comités del Congreso así como a la Justicia. Aclaró que en EEUU la Fiscalía forma parte del Gobierno y no como en nuestro país que tiene independencia.
“La ley establece que el secretario de Estado, que vendría a ser el canciller de los Estados Unidos, Blinker, una vez que hace la designación tiene un plazo de hasta 90 días para informar a los comités del Congreso y al Poder Judicial. Tiene que hacer un informe de las causales que motivaron la designación de tal o cual persona en incluir los anexos de información confidencial si la hubiere”, refirió.
A partir de ahí tanto los comités del Congreso como el Poder Judicial pueden tomar las acciones, conforme explicó. “Cuando hablo de judicial me refiero al Poder Judicial en sí de Estados Unidos que no es la Fiscalía. A diferencia nuestra la Fiscalía en Estados Unidos forma parte del Ejecutivo. El fiscal general es directamente un funcionario del Poder Ejecutivo y no tiene nada que ver con lo judicial, que son los jueces”, puntualizó.