La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica la Ley n.º 4457/12, “Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes). Esta iniciativa presentada por varios senadores plantea la modificación de 43 artículos.

Durante su estudio, las comi­siones de Legislación, Econo­mía, Industria y Comercio, así como Ciencias y Tecno­logía recomendaron la apro­bación con modificaciones; y luego de su tratamiento el pleno aprobó por mayoría. El documento pasa a Diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill, uno de los pro­yectistas, explicó que lo que se busca es la formalización de las mipymes, el acceso a créditos favorables, la flexi­bilización laboral y un régi­men especial en el IPS para la cobertura de salud. Res­pecto a la formalización, señaló que se busca simplifi­car los trámites e idealmente eliminar costos. Además, la modificación de la legislación incluirá otros beneficios para las mipymes.

“Realmente estamos ante una ley que va a beneficiar a muchísimos compatriotas, ya existe la ley que es de 2012, pero realmente tiene mucha carga y mucha burocracia”, explicó.

La Cámara de Senado­res sancionó el pro­yecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexua­les a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cam­bios introducidos por los dipu­tados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada ayer con el voto positivo de 36 legisladores y con esto se remite al Poder Ejecutivo para su pro­mulgación o veto. Las diferen­tes comisiones recomendaron acompañar los cambios rea­lizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contem­pla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de liber­tad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

“El texto de Diputados intro­dujo mejoras de forma que ameritan ser aceptadas. Pro­pone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y, además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el sena­dor Luis Pettengill, presi­dente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Liza­rella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, cele­bró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejem­plares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudada­nos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo. En la misma línea opinó su colega Rubén Veláz­quez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Para­guay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son nece­sarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abu­sos infantiles vamos a necesi­tar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

La senadora Lilian Samaniego plantea que los vehículos incautados y que pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sean redireccionados a instituciones que realmente necesitan. La propuesta de la legisladora es dejar sin efecto acuerdos y retirar el uso a otras instituciones, como el Senado.

“El proyecto que yo presenté es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesita que son, por ejemplo, emergencia, en salud pública, en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos y no en las instituciones donde no necesitan”, expresó en conversación con los medios.

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Indicó que el Senado actualmente cuenta con algunos vehículos, pero que en este caso no se requieren. “El Senado tiene su staff de vehículos que hacen a la utilización de la institución, entonces cada senador tendría que comprar para su vehículo en todo caso, y también hablo de otras instituciones que no sean realmente que se necesite”, apuntó.

Agregó que, existen otras instituciones que realmente requieren de más herramientas para la asistencia a la ciudadanía, en diferentes puntos del país, plantea incluso que los móviles puedan ser utilizados como ambulancias.

“Lo más lógico es que estos vehículos sean utilizados donde hay carencias de las instituciones que hacen a la atención del ciudadano común, acá no se necesita, ni en la Corte, ni en el IPS, ni Petropar, y buscar un poco de objetividad a nuestras gestiones y hacer lo que la gente está esperando de nosotros”, sentenció.

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