La Cámara de Senadores aprobó sin modificaciones el proyecto de ley que modifica los artículos n.° 1, 2 y 3 de la ley n.° 7.447/2025 que establece el régimen tributario para las municipalidades. El texto contempla que el impuesto de las patentes vehiculares será del 0.3 % sobre el valor imponible del vehículo, y se reducirá el 5 % en forma anual decreciente hasta los 10 años.

La Comisión de Legislación recomendó su aprobación sin modificaciones, dado que el mismo tiene “el objeto de subsanar los inconvenientes que ha generado con respecto al método del cálculo establecido para fijar los precios de la habilitación vehicular”, según explicó ante el pleno el senador Derlis Maidana.

Asimismo, el legislador manifestó que ante la falta de dictamen por parte de la Comisión de Hacienda, la comisión liderada por él resolvió solicitar la aprobación sin modificaciones y de esta forma, por mayoría, quedó sancionado el proyecto que fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

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El proyecto sancionado, además de establecer la base imponible, contempla la reducción anual del 5 % del impuesto durante los primeros 10 años de antigüedad del rodado y una vez transcurrido ese tiempo, el valor permanecerá invariable de acuerdo al valor fijado en el décimo año. También con esta ley, se crea el Registro Único de Rodados (Ruhr).

Esta institución será administrada por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv), entidad que tendrá la responsabilidad de emitir de forma anual el listado oficial de los valores imponibles de lo vehículos. Con estas modificaciones, se corrige la ley que entró en vigencia el pasado 6 de enero, la cual generó disconformidad debido a que el precio de las patentes se disparó en algunos municipios y en esta oportunidad, la nueva fórmula también regirá en Asunción.

El proyecto sancionado tiene como Cámara de origen a Diputados y el mismo fue consensuado con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), institución a través de la cual los intendentes canalizaron su disconformidad con la ley y propusieron esta nueva fórmula a la cual consideraron como más justa, puesto que equiparaba los montos entre municipalidades, evitando así la fuga de contribuyentes para este impuesto.

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La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores emitió en la fecha un dictamen a favor, con 5 votos, por el desafuero del senador vitalicio y expresidente Mario Abdo Benítez. En tanto, que 3 legisladores votaron en contra y otros 3 se abstuvieron.

Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Javier Zacarías Irún, explicó que tras la deliberación encontraron que se reúnen todos los criterios para otorgar el desafuero solicitado por el propio afectado.

Este martes, la comisión asesora convocó al senador vitalicio Mario Abdo, o en su efecto a sus abogados defensores para responder o explicar acerca de la acusación que pesa en su contra por el caso de las filtraciones de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes) durante su mandato. Sin embargo, no convocaron a la contraparte, que es la defensa del expresidente de la República, Horacio Cartes, para que puedan brindar igualmente su versión de los hechos.

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Al término de la reunión, Zacarías Irún explicó que el artículo 17 de la Constitución es muy clara al hablar del debido proceso. “A nuestro criterio, absolutamente no se ha avasallado, ni se ha atropellado el artículo 17 de la Constitución. Ahora el resto de lo que se cuestione, debe ser analizado por los fiscales y jueces de la República del Paraguay. Nosotros no somos los jueces, qué debemos decir si está bien o está mal, si es culpable o es inocente. Eso le compete a la Justicia resolver. Nosotros lo único que debemos analizar es si se cumple con el artículo 17 de la Constitución nacional”, insistió.

Remarcó que, en este caso, existen los méritos suficientes para otorgar el desafuero; así como existieron en los casos en que los senadores activos fueron solicitados sus desafueros y fueron aprobados. “Creo que nosotros no podemos obstruir el estudio o investigación de la Justicia, cuando no se refiere a opiniones que pudiéramos haber dado como senador de la nación. Cuando se trata de delitos comunes, creo que tenemos la obligación de dar el desafuero para cualquier senador de la república”, acotó.

Por otra parte, el senador Zacarías Irún señaló que, al contar ya con los dictámenes en ambos sentidos por parte de los miembros de la comisión, el tema ya podría ser incluido y analizado en la sesión ordinaria de este miércoles de la Cámara de Senadores.

El legislador, señaló que detrás de este pedido de desafuero solicitado por el propio afectado, le da la impresión de que, hay otros intereses, ya que mientras Abdo dice en redes sociales que personalmente solicita su desafuero, a un año que la Justicia haya solicitado el mismo; mientras que sus aliados buscan por todos los medios, trabar el avance del estudio en el plenario, o bien oponiéndose a la aprobación.

“Ahora, lo que sí me llama la atención es el pedido con piolita que realiza Mario Abdo, con relación a que se otorgue su desafuero. Digo esto, porque si realmente uno quiere su desafuero y realmente buscas adherirte a los mandatos de la justicia, no tenés temor a ser investigado. Ahora, si yo digo que quiero el desafuero por una cuestión política, por una cuestión de populismo, o quiero el desafuero con piolita, mientras tanto quedarme escudado en mis fueros mientras mis amigos son juzgados; entonces hay otra cosa. Por eso, a mí me llama la atención, porque ahora sus aliados rechazan el desafuero”, acotó.

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La Cámara de Senadores presentará una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de los tres camaristas que levantaron la orden de captura del abogado de una estación de servicios, Walter Acosta, quien había abofeteado a la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Una vez aprobada la propuesta presentada por la senadora Lilian Samaniego, este pedido se derivó a la asesoría jurídica de la Cámara Alta para que inicie los trámites. Los tres magistrados de la Cámara de Apelación de Alto Paraná que serán denunciados son: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, quienes dispusieron la revocación de la medida judicial.

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El hecho en cuestión ocurrió la semana pasada en el distrito de Tavapy, departamento de Alto Paraná, y la víctima es Lourdes Sosa Cuevas, cuando llegó hasta la estación de servicios a cumplir un procedimiento de control rutinario.

“Es inamisible e inaceptable lo que hicieron estos miembros de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, que han revocado la orden de detención preventiva contra el agresor Walter Acosta. Por ello, solicito al plenario, que nos convirtamos en denunciantes, contra estos tres jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en base al artículo 18, que da la potestad a la Cámara de Senadores”, expresó la senadora.

Agregó que este hecho no puede quedar como una indignación más solamente. “Tenemos que accionar, no esperemos que haya más muertes o víctimas de violencia contra las mujeres, y que no pase nada. Tiene que haber una sanción en la instancia del JEM”, acotó.

Finalmente, luego de que se puso a consideración del pleno, terminó acompañando la propuesta por unanimidad de los presentes.

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La senadora abdista Lilian Samaniego, erigida desde hace unos meses como la rescatista de los heridos y relegados que en el pasado fuera una modesta química farmacéutica del Instituto de Previsión Social (IPS), involucrada en caso de robo de medicamentos, está lejos de la triste realidad que pinta para reivindicarse como salvadora y arrastrar adherentes. Gracias a la política, la ex humilde funcionaria de la previsional, quien inició con un sueldo de G. 558 mil en la función pública, experimentó una extraordinaria prosperidad, que se ve reflejada principalmente en sus millonarias inversiones inmobiliarias. Es así que la hoy parlamentaria se pega el lujo de comprar media docena de departamentos en cotizados edificios, con cuotas mensuales que llegan hasta los USD 10.000, monto que supera incluso su sueldo en el Senado.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Seis departamentos que valuó en unos G. 5.181 millones adqui­ridos en un plazo de un año y medio aparecen en la última declaración jurada de bienes de la senadora abdista Lilian Samaniego.

La legisladora critica la realidad actual, habla de dolor y desesperanza, pero vive una realidad muy dis­tinta a quienes busca arras­trar con sus discursos.

Samaniego, quien en el pasado fue una modesta quí­mica farmacéutica del Ins­tituto de Previsión Social (IPS) que ingresó con un sueldo de G. 558.700, regis­tró exponenciales escaladas en sus finanzas.

En los documentos publica­dos por Contraloría figuran que entre agosto del 2018 a febrero del 2020, es decir, un año y medio, la sena­dora Samaniego compró 6 departamentos que valuó por total en G. 5.181 millo­nes. Estos inmuebles están ubicados en cotizados edi­ficios y complejos de depar­tamentos cuyos precios de mercado pueden ser aun más altos que los consig­nados. Si bien consignó compras en cuotas y con­tratos de reserva en algu­nos casos, los pagos contra entrega están por arriba de los USD 200.000 y las cuo­tas llegan hasta USD 10.000, compromisos que superan incluso su sueldo de parla­mentaria.

Llamativamente, en el caso de la compra con contrato de reserva que hacen a 4 departamentos a la firma Victoria Desa­rrollos Inmobiliarios SA declaró un importe de G. 1.320.887.460, sin embargo, el precio total asciende a G. 3.086 millones, monto que trasladó a deudas y con eso lógicamente reduce en un 57 % el valor de los inmue­bles.

Además de los seis depar­tamentos adquiridos entre 2018 y febrero de 2020, en la última declaración jurada de Samaniego aparecen otros dos departamentos en Fernando de la Mora, que fueron vendidos en 2019. A esto se suma otro departa­mento con cochera en el edi­ficio Habitalis de Asunción, adquirido en junio de 2017, valuado en G. 521 millones en cuotas se USD 6.600.

Solo en bienes inmobilia­rios consignados en 2023, en los haberes de la sena­dora aparecen 8 depar­tamentos de entre USD 100.000 y USD 200.000, 5 viviendas, casa de verano en San Bernardino y una decena de lotes en zonas consideradas top en las inmediaciones de Asun­ción, que suman G. 6.925 millones, pero en reali­dad ascienden a un total de 8.691 millones consi­derando que no registró el valor total de los 4 departa­mentos como se muestra en la infografía.

El salto económico, princi­palmente en inversiones de bienes raíces de la senadora Samaniego ha sido cons­tante en todos sus años en la función pública y cargos electivos. La fortuna que amasó tiene sus bases en los tiempos que estuvo en el IPS, al menos así indican sus declaraciones, como los documentos de Catas­tro, que registran compras a partir de 1992; es decir, después de su ingreso a la previsional.

Como se puede ver en la infografía que acompaña este artículo, (salvo una rectificación presentada en 2020), la cantidad de inmuebles aumentaron de manera importante en cada manifestación de bienes y el comporta­miento de los crecimien­tos patrimoniales inmobi­liarios se mantienen por arriba del 100 %. Esto pese a que Samaniego percibía un sueldo de G. 4 millones hasta fines de 2004 en la previsional, mientras que en el Congreso sus ingre­sos entre dieta y gastos de representación llegaban a G. 15 millones hasta 2014, precisamente periodo en que disparó sus inversio­nes en bienes raíces.

Cabe subrayar que la Con­traloría no cuenta con la declaración jurada de Samaniego al ingresar a la función pública, tampoco la que debió presentar al momento de asumir su pri­mer periodo parlamenta­rio y al pasar de suplente a titular. Sin embargo, las liquidaciones salariales obtenidas desde el IPS y el Ministerio de Economía, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública indican que los modestos sueldos en sus inicios como funcionaria farmacéutica hicieron maravillas en sus finanzas para ir acumu­lando inmuebles que luego permitieron ingresos en concepto de alquileres.

En los antecedentes de la senadora abdista se regis­tra un sumario y una impu­tación en 1998, debido a que se detectó un millona­rio robo de medicamentos en el IPS.

De acuerdo con los fisca­les intervinientes, el robo de medicamentos era una constante en la previsio­nal en ese entonces. Sama­niego se desempeñaba como jefa del Parque Sani­tario cuando ocurrieron los hechos. El relato señala que la misma no realizó denun­cia alguna.

Según la versión fiscal que obra en los documentos existieron indicios sufi­cientes que justificaron la imputación de Samaniego en el escandaloso caso de robo de medicamentos que sacudió a la previsional en tiempos que esta era jefa del parque sanitario. Uno de los elementos más contun­dentes es que el camión en el que fueron encontrados los fármacos era propiedad de la ahora senadora. En la previsional no se había pro­fundizado el sumario a la exjefa de farmacias del IPS y en la Justicia, Samaniego supo sortear su suerte.