En el marco de la interpelación a Vicente Bataglia, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), se abordó el caso de los limpiadores “mau”, hecho ante el cual fue consultado el titular de la previsional, quien negó categóricamente las denuncias realizadas al respecto. “Las manifestaciones emitidas en dichos informes no nos parecen correctas y rechazamos categóricamente que las personas establecidas hayan cumplido servicios de limpieza en el IPS”, argumentó.

Esto haciendo referencia específicamente a la nómina de limpiadores “mau” que figuraban por parte de la firma Alberto Palumbo Unipersonal. Bataglia determinó que el IPS proveyó en tiempo y forma la lista de personas que forman parte del listado de prestadores de servicios, agregando que los limpiadores “mau” denunciados no representan como si llegaron a realizar alguna función en ninguna de las dependencias del IPS.

Sobre el caso, expuesto por la Unidad de Investigación de Nación Media, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, había ordenado una investigación de oficio por las adjudicaciones realizadas a la firma de Alberto Palumbo Unipersonal. En esa misma línea había explotado el caso de los limpiadores “mau”, entre los cuales aparecían varios docentes del Ministerio de Educación y Ciencias, una excocinera de la familia de Palumbo, enfermeros y jubilados que no guardan relación con las empresas proveedoras y no cuentan con experiencia previa.

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Declaración desierta en lotes

Sobre la consulta de por qué se declararon desiertos los lotes que guardaban relación con Alberto Palumbo y la firma Potî SA, el titular del IPS argumentó que ninguna de las ofertas presentadas reunió las condiciones exigidas. “Por tanto, el IPS obró conforme a la normativa vigente y Potî SA como Alberto Palumbo no cumplieron con las exigencias establecidas”, señaló.

En la misma línea, fue consultado sobre por qué mantuvo un contrato por seis meses con Alberto Palumbo, pese a las denuncias establecidas, y Bataglia respondió que los mencionados servicios son indispensables porque se puede desarrollar una proliferación de bacterias que afecten a los pacientes, por lo cual no podía suspender el contrato. “En este sentido, se tomaron todos los recaudos para seguir manteniendo los requisitos, recaudos y recomendaciones hasta tanto se cuente con un nuevo proveedor”, afirmó.

Ante supuestas irregularidades, reiteró que no corresponde un sumario, sino una auditoría para luego determinar si se realizará o no el sumario. Detalló al respecto que el mecanismo de control está estipulado y existe un control sobre los servicios a ser realizados. “No hay ninguna irregularidad constatada”, sentenció.

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Sobrefacturaciones y desvinculaciones

En la interpelación, se hizo hincapié al cuestionamiento del pago triplicado por cada personal del servicio de limpieza, y Bataglia manifestó que el instituto no tiene injerencia en cuanto al establecimiento de los precios, pues responde a la empresa definir los montos correspondientes. Aseveró que a la previsional únicamente le corresponde verificar la realización de los servicios exigidos.

En cuanto a los presuntos casos de persecución política, por lo cual se desvincularon a diversos funcionarios, Bataglia informó que en los últimos tres meses, del personal permanente, 92 fueron las personas desvinculadas. Sobre los motivos, alegó fallecimiento, renuncia, jubilación, entre otros aspectos.

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“Hay auditorías internas en relación a posibles denuncias o hechos de corrupción denunciados”, agregó además el titular de la previsional, refiriéndose a que se hacen eco de las quejas realizadas en torno a la gestión y administración de la previsional.

Sobre el proyecto de la ley de gobernanza, Bataglia manifestó que el IPS ha analizado la reglamentación sugerida y determinaron que no acompañan el proyecto de ley porque propone un sistema de adopción de autoridades de la previsional, basado en cómo se realiza en otros países, diferentes al nuestro y no establece de manera clara en cuál se establecerá la división, generando lagunas legales. “Esto llevaría a un desorden administrativo en el IPS, antes que en un ordenamiento; la reforma de la gobernanza debe quedar en segundo plano”, aclaró.

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