La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).

Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.

La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.

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Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.

El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.

A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.

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Tras ser detectada una conexión irregular de energía eléctrica utilizada presumiblemente para actividades de criptominería, una comitiva realizó una intervención en la colonia Ybyporã, localidad de La Paloma del Espíritu Santo. Acudieron funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) acompañados por personal del Ministerio Público y la Policía Nacional procedieron a la intervención de la vivienda.

Durante el operativo resultó detenido Ángel Ignacio Caballero Gayoso, de 28 años, residente en Ciudad del Este. En su poder se hallaron una pértiga para maniobras en redes eléctricas de media tensión, una notebook y una antena satelital.

Durante una verificación técnica realizada por funcionarios de la Ande, se constató una derivación en media tensión sin medidor, y en el inmueble se encontraron más de 200 equipos procesadores dedicados a la criptominería.

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Finalmente, todos los equipos fueron incautados junto con un transformador de 1.000 kVA, así como conductores, conectores y otros equipos eléctricos; todo esto fue trasladado hasta el depósito de la ANDE en Saltos del Guairá por disposición del fiscal interviniente Carlos Cabrera.

Según el reporte de los técnicos de la ANDE, el daño patrimonial estimado por la conexión ilegal asciende a 552 millones de guaraníes, monto que, junto con los gastos operativos y multas correspondientes, deberá ser resarcido por los responsables del inmueble.

En cuanto al detenido, el mismo permanece bajo custodia en la comisaría primera de Saltos del Guairá y enfrentará cargos por sustracción ilegal de energía eléctrica y otros delitos conexos. Cabe destacar que los responsables de este tipo de delitos se exponen a sanciones que incluyen penas privativas de libertad de hasta 10 años.

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Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó ayer miér­coles tres pedidos de préstamos internacionales, con un monto total de 410 millones de dólares, para la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande).

El primer pedido solicitado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas consiste en la apro­bación de un proyecto de ley “Que aprueba los contratos de préstamos suscritos en fecha 26 de enero de 2023 entre la Ande con el Banco Interame­ricano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 260 millones de dólares, y el Fondo de Desa­rrollo y Cooperación Interna­cional ( Taiwán ICDF) por un monto de hasta 30 millones de dólares”. Según el objetivo, sería para el financiamiento del pro­yecto “Expansión del sistema de tratamiento en alta ten­sión-Fase II, a cargo de la Ande, ampliando su presupuesto del ejercicio 2024″.

El otro pedido del Poder Eje­cutivo aprobado por los sena­dores es el proyecto de ley “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la Ande con el Banco de Desa­rrollo de América Latina y el Caribe por un monto de 120 millones de dólares”.

El recurso sería para el financia­miento del programa de apoyo al desarrollo del sector eléctrico del Paraguay, a cargo de la Ande y que amplía su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

Previo a su tratamiento en el pleno de la Cámara Alta, el pre­sidente de la Ande, Félix Sosa, defendió ante la Comisión de Hacienda sobre la necesidad de estos recursos. Indicó que ser­virá para el desarrollo del sector energético del país.

La Comisión Nacional de Revisión del Anexo C debe definir quién presidirá este órgano, no obstante, el diputado Hugo Meza manifestó que más allá de los nombres, lo importante es que el Congreso pueda llevar este debate con seriedad de modo a concretar una posición ventajosa para nuestro país en el marco de la negociación con Brasil.

“Este es el momento en que definitivamente debemos dejar de lado todas nuestras diferencias políticas y personales, construir una visión colectiva de una negociación ventajosa para todos los paraguayos, nos estamos jugando en esta renegociación el tesoro y patrimonio de todos los paraguayos que es la Itaipú Binacional. Exhorto a la clase política a estar a la altura de la circunstancia y poder acompañar al Ejecutivo llevando nuestra visión, colectando las posiciones de qué es lo que más nos conviene en esta negociación” afirmó.

En conversación con “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM-GEN/Nación Media, el legislador indicó que es de suma importancia la negociación del Anexo C, puesto que en esta se sentarán las nuevas bases financieras y los mecanismos para la prestación del servicio, por lo que la voz del Congreso en este punto tiene relevancia.

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“Se trata de lograr la participación ciudadana, lo que va a ser determinante en una instancia donde la Comisión Especial va a participar junto con los negociadores principales del Gobierno que son el presidente de la República, el vicepresidente, el director de Itaipú, el Consejo y el canciller. A eso se suma una mirada plural, dialogante y que dé una visión política de una posición nacional de nuestro país”, sostuvo.

Meza indicó que esta no es una comisión sin importancia que trata un tema menor, sino que es un órgano que busca tener participación en lo que será el costo, la tarifa y las regalías que deja la binacional luego del 2027, debido a que ya existe un acuerdo entre Paraguay y Brasil respecto a la tarifa, que fue fijada en USD 19,28 por kilovatio-mes.

“Tengo fe de que la próxima semana se definiría la presidencia, ya estamos sobre la hora. Recordemos que el presidente Santiago Peña puso como límite hasta fin de año para tener una posición paraguaya y eso llevar a negociar. No estamos negociando con cualquiera, lo haremos con Brasil, entonces necesitamos estar a la altura”, recalcó.

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