El diputado del Partido Patria Querida Sebastián Villarejo también se pronunció sobre el anuncio que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos al declarar significativamente corrupto al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Villarejo considera que la ciudadanía está cansada de que la solución a la corrupción sea la renuncia y sostiene que el número dos del Ejecutivo debe irse hoy mismo.
“En este periodo y en anteriores hubo varias denuncias por hechos de corrupción y siempre la solución que se presenta es que se renuncie y así queda en la nada, eso se tiene que acabar y el Poder Judicial debe estar a tono, Velázquez debe irse hoy”, sostuvo el parlamentario a La Nación.
Para Villarejo, Paraguay se encuentra en una “historia negra de la política”. “Esto es un terremoto político, es momento que en el terremoto así como caen cosas y se rompen, también emerja una nueva etapa de la política, nuevas caras y nuevos liderazgos”, manifestó.
Para el diputado de Patria Querida, la impresión es que el oficialismo está quebrado, pero al mismo tiempo sostuvo que habría que ver qué ocurre y recordar que esta es una lucha contra la corrupción y no se deben tener en cuenta facciones. Dijo que a su criterio “las fichas” deben estar puestas en la Concertación.
“Yo creo firmemente que la Concertación es el camino para cambiar el Paraguay y estamos firmes en ese camino, estamos apelando a la confianza de la gente, la Concertación sin esquemas se va a presentar a la ciudadanía para que se elija al candidato que pueda representar el cambio”, concluyó.
Le puede interesar: “Ayolas es un punto estratégico”, resaltó Pedro Alliana
Dejanos tu comentario
Esteños piden celeridad en los casos judiciales de Prieto: “Sigue libre, campante y robando”
“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.
“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.
En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
Lea también: Ministro defiende PGN 2025: “Nos caracteriza tener políticas sostenibles en el tiempo”
“Estamos cansados que esta justicia sea selectiva”
La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.
Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.
“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.
Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.
Dejanos tu comentario
Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción
El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.
Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.
Le puede interesar: En G20, Peña pide acción urgente contra la pobreza
El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.
Cumplimiento de tratados
“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.
Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.
“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.
Modalidades
Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.
“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.
Dejanos tu comentario
Condenan a Cristina por corrupción
- Argentina. AFP.
Un tribunal argentino ratificó ayer la condena a seis años de prisión e inhabilitación política a Cristina Kirchner, la principal opositora del gobierno de Javier Milei, en una causa por administración fraudulenta que irá a la Corte Suprema y que la expresidenta consideró “un show”.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió “condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, en un fallo cuya lectura fue transmitida en directo.
Los jueces rechazaron tanto los recursos de la Fiscalía como los de las defensas, por lo que quedaron confirmadas las mismas penas y absoluciones dispuestas en diciembre de 2022.
Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “administración fraudulenta” en la adjudicación de obras viales durante su presidencia (2007-2015), fallo que ahora fue ratificado por un tribunal superior.
La expresidenta de centro-izquierda cuestionó en una carta difundida el martes la imparcialidad de los jueces, a los que acusa de ser cercanos a su rival político Mauricio Macri.
Dejanos tu comentario
Consejo del IPS: renuncia Aníbal de los Ríos y asume Gustavo González
El doctor Aníbal de los Ríos presentó su renuncia ante el Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) y en su reemplazo fue designado Gustavo Alberto González en representación del Ministerio de Salud Pública. El cambio fue realizado vía decreto número 2832 de la Presidencia de la República, con fecha de 5 de noviembre del 2024.
El cambio del ahora exconsejero se habría dado por recomendación del presidente de la previsional, Jorge Brítez, al presidente de la República, Santiago Peña, que finalmente vía decreto realizó los cambios en el Consejo del IPS.
El exconsejero fue cuestionado por varios sectores políticos y sociales tras sus polémicas declaraciones en una de las sesiones del Consejo Administrativo de la previsional, mencionando que se debe dejar de invertir en hospitales del interior, ya que esto “no ayuda a la imagen” del IPS.
Tras estas expresiones fueron varias las reacciones, entre ellas el Consejo de Gobernadores que solicitó incluso la salida del mismo del Consejo Administrativo. Las reacciones también se dieron en la Cámara de Diputados, donde incluso se habló de una interpelación al ahora exfuncionario previsional.
De los Ríos se excusó en varias ocasiones, señalando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Sigo con mis mismas convicciones sobre lo que dije en la sesión del Consejo, era una simple comparación entre dos centros, uno de la capital y otro del interior del país y en ningún momento tuvo un tinte discriminativo hacia las instituciones del interior del país”, había mencionado en un programa del canal GEN/Nación Media.