A cinco días de asumir el cargo de presidente de Colombia, Gustavo Petro responsabilizó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset de ser el autor principal del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, acontecido durante su luna de miel en la isla de Barú, cerca de la ciudad de Cartagena, el pasado 10 de mayo. Al respecto, mencionó que el trágico suceso demuestra que el crimen organizado es un problema que ha trascendido en la región.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Petro mencionó que “la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano, demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”.

Las declaraciones de Petro surgen tras la publicación periodística realizada el pasado 9 de agosto por el medio colombiano El Tiempo, que sindicó no solo a Marset, sino también al clan Insfrán, comandado por Miguel Ángel Insfrán, con el calificativo de “Tío Rico”, como los autores intelectuales del crimen.

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Por otra parte, Petro felicitó la tarea realizada por el Ministerio Público colombiano en el proceso de investigación sobre la muerte del agente paraguayo. “La estrategia antidrogas utilizada hasta ahora ha fortalecido en vez de debilitar, las fuerzas de las mafias. La fiscalía colombiana aquí logró mostrar eficacia investigativa. Felicitaciones”, sostuvo.

El Tiempo había informado que tuvo acceso a la supuesta versión que dio a los investigadores el considerado cerebro del crimen, Francisco Luis Correa Galeano, de 43 años, quien tuvo la tarea de contratar a los 2 sicarios y a otros 3 colaboradores del asesinato, de acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades colombianas junto con el Ministerio Público paraguayo.

Marcelo Pecci, fiscal paraguayo asesinado en Colombia. Foto: Archivo.

Esquema de Marset e Insfrán

De acuerdo a las informaciones, la versión que Correa Galeano entregó a los investigadores “ha sido la base para tratar de identificar a los autores intelectuales”. Según la publicación periodística, el cerebro de la logística para acabar con la vida del exfiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado manifestó que mantuvo conexión en la ciudad de Medellín con 2 hermanos colombianos, quienes conforman un grupo de narcotraficantes denominado Los Paisas, por solicitud de un sujeto que integra “una de las redes más grandes dedicadas al tráfico de cocaína en Paraguay”.

Por otra parte, el medio colombiano señaló que, a través de las declaraciones de Correa Galeano, los investigadores desarrollaron varios perfiles sobre los presuntos sicarios hasta finalizar en “una hipótesis sólida”, la cual hace mención que el crimen de Pecci fue ordenado por Insfrán y Marset.

Tanto Insfrán como Marset dirigían un gran esquema narco que se desempeñaba en el tráfico de cocaína con destino a Europa, de acuerdo a las investigaciones recabadas durante el megaoperativo denominado A Ultranza Py, que se inició en febrero pasado y cuenta con la colaboración de la DEA de los Estados Unidos, la Europol, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay, así como el Ministerio Público.

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Otra hipótesis

De acuerdo a la publicación periodística, la causa principal para ordenar el asesinato del agente fiscal se originó el pasado 22 de abril cuando se requirió la captura de 5 hermanos del clan Insfrán dentro del operativo A Ultranza Py, siendo el menor de ellos capturado en la zona de San Pedro, Conrado Ramón Insfrán Villalba.

La detención de este y otros miembros del clan narco motivó a Miguel Ángel ordenar la muerte de Pecci como un acto de venganza, debido a que estaba seguro que el agente instruyó la solicitud de captura de sus familiares.

El Tiempo también hace mención que otro motivo apuntaría a que Insfrán Villalba sindicaba a Pecci como el culpable de la detención de Jaime Andrés Franco Mendoza en el 2012, quien es considerado por el capo-narco como “su compadre y hombre de confianza”. El hombre fue condenado a un total de 18 años de prisión por tráfico de 359 kilos de cocaína proveniente de Bolivia.

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