El proyecto de ley para reducir la carga horaria en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales, ya fue presentado por el senador José Oviedo ante la Cámara de Senadores. Existen varias posturas dispares al respecto, unas en contra y otras a favor, como la senadora Esperanza Martínez.

La legisladora sostuvo que ya es el momento de analizar la situación del sistema de trabajo en el país, y adelantó que conversará con su colega, el senador Oviedo para plantear incluir algunos puntos.

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“Hay que reconocer que esta es una tendencia en todas partes, hay varias experiencias que se están haciendo, y como idea comparto con el senador Oviedo, es más, yo quería conversar con él porque hay algunos temas, con otras leyes que tienen que ser tenidas en cuenta para la aplicación posterior”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.

Agregó que se debe implementar una mesa de trabajo para el debate de esta propuesta en el que estén involucrados todos los sectores, desde los empleadores hasta los sectores de trabajadores, para establecer acuerdos previos al tratamiento de la propuesta en el Senado.

“Creo que hay que hacer una mesa de trabajo, tanto con el sector empleador como con los trabajadores y ver las modalidades de aplicación y la factibilidad de aplicación, pero de que estas medidas son efectivas en todas partes del mundo y más todavía en este momento en que la calidad de trabajo en Paraguay es mala y necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores”, apuntó.

Agregó que es necesaria la revisión del sistema de trabajo, teniendo en cuenta que actualmente existe dificultades en el pago del salario mínimo, la seguridad social, la informalidad, y principalmente en la distancia entre el empleo y la residencia de los trabajadores.

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Los exrepresentantes de la agrupación política Frente Guasu niegan que hayan firmado un préstamo con la entidad bancaria ueno Bank. A través de un comunicado a la opinión pública, refieren que las firmas que aparecen en los pagarés no les corresponden. De acuerdo con los documentos, figuran como codeudores Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas.

El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, la semana pasada había indicado que la deuda de la concertación Frente Guasu, es por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.

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“El 23 de junio de 2023, fuimos demandados por la entonces Financiera ueno, hoy ueno Bank, por una supuesta deuda de G. 2.021.219.253. Según la entidad, el monto resulta de la reestructuración de un crédito anterior con la firma Credicentro, absorbida por la primera. Aclaramos que no hemos tramitado con la entidad financiera ueno, hoy ueno Bank”, refiere el texto publicado.

Así mismo, se menciona en el comunicado que, las firmas en el pagaré no les corresponde, que la fecha de certificación de las firmas en el pagaré difiere de la fecha indicada en el mismo. Además, señalan que en la fecha de las supuestas firmas en la solicitud, el pagaré y la liquidación del crédito, Carlos Filizzola ya no ocupaba el cargo de presidente de la concertación Frente Guasu.

También piden a la entidad bancaria el mayor control al momento de otorgar este tipo de créditos. El comunicado está firmado por Carlos Filizzola, Aida Robles y Oscar Dario Rojas.

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El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, explicó cuál es la situación de la deuda de la concertación Frente Guasu, por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.

“Efectivamente hay una deuda de la concertación Frente Guasu y la codeudoría de tres personas físicas con ueno bank y en su momento, cuando aún tenía la denominación de Financiera ueno se había promovido una acción ejecutiva en junio del año 2023″, explicó Preda en entrevista a la 1020 AM.

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Refirió que “en esa acción ejecutiva, los demandados, las personas físicas son Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas”, sin embargo, estas tres personas se presentaron a plantear una “excepción de falsedad” y negaron que las firmas consignadas en un pagaré en febrero del 2022 les pertenezcan.

“Entonces, en función a eso yo recibí la instrucción del banco de formular una denuncia penal para que esto se esclarezca y se determine que efectivamente esas firmas son falsas o no. Si son falsas, buscaremos a los responsables de haber creado ese documento”, mencionó.

En contrapartida, el abogado resaltó que “la certificación de firma por una escribana pública no son documentos simplemente, sí certificación de firma, si eventualmente estas firmas no les corresponden a estas personas, también hay la intervención de una escribana pública”.

Esta denuncia está en el Ministerio Público para aclarar el caso de la negación de las firmas. “Lo cierto y lo concreto es que la deuda no ha sido negada por nadie, simplemente es la firma en el documento que, entiendo yo, se niega. Nosotros queremos que esto se esclarezca en función a la gravedad de sucesos de todo esto”, sentenció Preda.

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La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formal­mente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brí­tez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indaga­ción sobre la entidad banca­ria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informacio­nes a las que accedieron perio­distas de la radio 1020 AM, de fuentes judiciales, existi­ría una intención de apriete político debido a que el banco privado inició acciones lega­les para proceder al cobro de millonaria deudas impa­gas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 AM señala el escanda­loso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influen­cias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedren­tar a ueno bank, para evi­tar cumplir con sus compro­misos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha rea­lizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos que señala que el 26 de junio de 2023, la entonces Finan­ciera Ueno SAECA (actual­mente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Óscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; con base en el pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, ade­más, que durante la trami­tación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de fal­sedad”, alegando que las fir­mas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pen­diente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir, que las fir­mas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá anali­zarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concer­tación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación cre­diticia, en calidad de codeudor solidario.